Nacionales
Confirman condena de 27 años a Papo Morales por homicidio

La Cámara de Apelación confirmó la condena de Papo Morales a 27 años por el homicidio de Robert Marín y ratificó la sentencia de 12 años para Cynthia Ojeda.
La Cámara de Apelación confirmó la condena de 27 años de prisión para Gregorio “Papo” Morales por el homicidio doloso del joven Robert Fabián Marín, ocurrido en noviembre de 2020. Además, se ratificó la pena adicional de cinco años de medidas de seguridad, así como la condena de 12 años de cárcel para Cynthia Ojeda Burgos, pareja de Morales, quien fue hallada culpable de complicidad en el crimen.
La defensa de Morales, representada por los abogados Fernando Canillas y Osvaldo Arrúa, había presentado un recurso de apelación especial contra la sentencia dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia, compuesto por los magistrados Federico Rojas, Héctor Escobar y Juan Pablo Mendoza. En su apelación, argumentaron que el tribunal había cometido errores en la construcción del hecho probado, así como en la interpretación de la tipicidad y reprochabilidad del acto.
📌 Tribunal de Apelación confirma condena de 32 años para Gregorio "Papo" Morales
♦️ Morales fue declarado como el autor material del asesinato de Fabián Marín, ocurrido el 23 de noviembre del 2020.
🗣️"Acá no hay nada que festejar más que solo agradecer. Contra toda adversidad… pic.twitter.com/j1zDI6OzT5
— NPY Oficial (@npyoficial) August 8, 2024
Entre las alegaciones presentadas, los abogados cuestionaron la precisión de los hechos probados por el Tribunal de Sentencia, sugiriendo que la narrativa omitía detalles importantes que podrían cambiar la percepción del acto criminal. También criticaron la pena impuesta y la medida de seguridad, argumentando que estas eran excesivas y basadas en una aplicación incorrecta de las disposiciones legales pertinentes.
Sin embargo, la Cámara de Apelación, compuesta por los camaristas Arnulfo Arias, Jesús Riera Manzoni y Arnaldo Fleitas, desestimó los argumentos de la defensa. En su resolución, los jueces afirmaron que no se observó ninguna omisión de los hechos, ya que estos fueron reseñados de acuerdo con lo percibido durante la audiencia de juicio. Asimismo, destacaron que el tribunal de mérito tiene la atribución exclusiva de valorar las pruebas y determinar la existencia de los hechos, conforme al sistema procesal vigente.
Con esta decisión, la Cámara de Apelación mantiene firmes las condenas impuestas a Morales y Ojeda, cerrando un capítulo más en este caso que ha resonado fuertemente en la sociedad paraguaya.
Fuente: RDN



El grupo de jóvenes conocidos como “Gen Z Paraguay” ha organizado una marcha pacífica frente al Congreso hoy a las 16:00. A pesar de la presión policial y la campaña de desinformación del cartismo, protestan contra el escándalo de las coimas en Mburuvicha Roga, conocido como “Sobres del Poder”, exigiendo transparencia y juicios políticos si queda impune. También se oponen a la corrupción, el abuso de poder y el abandono institucional, mientras abogan por mejorar la educación, la salud y una distribución más justa del crecimiento económico. Los organizadores enfatizan su independencia de partidos y ONGs, asegurando que no caerán en actos violentos y contarán con apoyo de grupos como la Asociación de Scouts del Paraguay y defensores de Derechos Humanos. Se busca una institución anticorrupción independiente y una reforma constitucional. Alexia Doldán, vocera del grupo, critica la desinformación por parte de figuras pro-gobierno. Por su lado, el senador cartista Natalicio Chase reconoce el derecho a protestar, advirtiendo sobre intereses políticos detrás de la marcha. La Policía asegura estar ahí para la seguridad, con más de 3.000 agentes movilizados.

Nacionales
Petropar afirma «confidencialidad bancaria» para no revelar morosidad de operadores, algunos políticos
El jueves pasado, el presidente de Petropar, Eddie Jara, presentó su presupuesto 2026 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. En la reunión se plantearon críticas sobre la transparencia de la estatal, especialmente por la gran deuda de los operadores de estaciones de servicio, muchos de ellos con conexiones políticas.
Según el balance de la empresa, la deuda de los operadores asciende a 33 millones de dólares hasta diciembre de 2024. Sin embargo, cuando los legisladores pidieron un informe detallado de los deudores, Petropar solo proporcionó información general.
El diputado Raúl Ramírez criticó esta falta de claridad, preguntando quiénes son los deudores, si todavía están operando normalmente y recibiendo combustible.
Jara respondió invocando un supuesto “secreto bancario” en los contratos, mencionando que divulgar información podría llevar a demandas a menos que sea por requerimiento judicial.
Jara también afirmó que las deudas están respaldadas por garantías reales, como hipotecas y avales. En caso de morosidad permanente, se activan estas garantías o se transfiere la estación a otro operador. Dijo que el 90% de las líneas de crédito están cubiertas por estas garantías.
Mencionó también el caso de Fusión Pilar SA, ligada al vicepresidente Pedro Alliana, que tenía un crédito mensual con un simple pagaré como garantía. No se sabe si la estación de Alliana fue exigida como garantía.
La diputada Rocío Vallejo criticó el modelo de negocio que permite a las estaciones financiarse con Petropar sin pagar puntualmente, además del fuerte gasto en publicidad de la empresa.
Jara afirmó que la morosidad es solo del 5% del total vendido y defendió la estrategia de marketing como necesaria para el posicionamiento de marca, comparándose con emblemas internacionales que invierten mucho más.
Vallejo insistió en la falta de transparencia, argumentando que la estatal debería ser más estricta con los deudores al tratarse de recursos públicos.
Jara aclaró que no todas las ventas son al contado ya que la alta competencia obliga a vender a crédito, y defendió las políticas de precios de Petropar que han incrementado su participación en el mercado.
El debate dejó claro que Petropar utiliza cláusulas contractuales para no revelar la lista de morosos, muchos de los cuales son políticos, lo que sugiere una falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Sure, here’s a rephrased version:
– ¿Qué opinas de las sesiones plenarias presenciales de la Corte Interamericana en Paraguay, siendo la tercera en dos décadas?
- Gracias por la entrevista. La experiencia fue muy positiva. La sesión fue intensa y productiva, con una agenda cargada. Realizamos tres audiencias públicas y una privada, además de visitas protocolares con diversas autoridades. La Presidenta, doctora Nancy Hernández, firmó convenios de cooperación y visitó varias instituciones. Los jueces tuvieron diálogos con autoridades locales y se estableció un valioso espacio de diálogo con la sociedad civil. También organizamos un seminario académico en la Universidad Nacional de Asunción para divulgar el trabajo de la Corte IDH. Visitamos el Museo de la Memoria con el Dr. José Agustín Fernández y su equipo, lo que fue significativo. Aunque no participé, se realizaron audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias contra el Estado paraguayo, fundamentales para medir los avances necesarios para el pleno cumplimiento de las sentencias. Agradezco a todos en este maravilloso país por hacer sentir bien a nuestros invitados internacionales.
– ¿Puede explicar por qué la Corte IDH no actúa como una cuarta instancia?
- Claro, es una pregunta crucial. A menudo se malinterpreta el rol del sistema internacional de derechos humanos. La Corte Interamericana no es un tribunal de apelación para decisiones de tribunales nacionales. Su función es determinar si un Estado ha violado artículos de la Convención Americana u otros tratados del Sistema. Generalmente, las violaciones se relacionan con los artículos 8 y 25, sobre las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte IDH puede señalar si hubo fallos en respetar el debido proceso o el acceso a un recurso efectivo, pero el sistema es subsidiario, complementario y coadyuvante. Esto significa que se deben agotar primero las instancias internas. Si un caso pasa a la Corte IDH, evalúa la responsabilidad del Estado y puede ordenar reparaciones para las víctimas de violaciones. La Corte no se encarga de resolver desacuerdos sobre la valoración de prueba o aplicación del derecho interno, a menos que afecten obligaciones internacionales en derechos humanos.
– ¿Cuándo se puede acudir a la Corte IDH?
- Como mencioné, primero se deben agotar las instancias internas. Si estos mecanismos fallan, se puede recurrir a la Comisión Interamericana. Si no se encuentra solución allí, la Comisión puede remitir el caso a la Corte IDH. Es un proceso que lleva tiempo y ha recibido críticas. Debemos abordarlo colectivamente, involucrando órganos políticos de la OEA, y todas las partes interesadas como Estados, academia, sociedad civil, víctimas, etc. Lo ideal sería seguir mejorando el Sistema en lugar de solo criticarlo.
– ¿Qué piensa sobre la situación de la democracia en Latinoamérica?
- Me preocupa el retroceso democrático global y regional. En varios países es evidente. Los índices internacionales muestran claramente esta tendencia. La democracia representativa tradicional está en crisis. Proyectos autoritarios intentan reemplazar este modelo, lo que es inaceptable para mí. Hay un paralelismo con la deslegitimación de democracias en Europa a principios del siglo XX. La lucha ocurre en la política y en el ámbito de las ideas, y podría llevar a una catástrofe como la pasada. La Corte IDH tiene un gran desafío, dependiendo de la cooperación de los Estados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En contextos autoritarios, la Corte podría enfrentar tensiones con democracias y estados que desacaten sus decisiones. A pesar de esto, debe actuar como barrera para evitar retrocesos. Un tribunal internacional puede apoyar los valores de una democracia abierta y respetuosa de derechos, pero necesita el apoyo de una ciudadanía comprometida.
– ¿Cómo ve la situación actual de los derechos humanos en la región?
- El Sistema Interamericano siempre ha enfrentado problemas. Antes fueron las dictaduras militares; hoy es la violencia y discriminación contra mujeres y otros grupos, desigualdad social, pobreza, corrupción y su impacto en derechos. También enfrentamos desafíos como la emergencia climática, el auge del neotoditarianismo y cómo las nuevas tecnologías afectan los derechos. La Corte IDH debe proteger la dignidad humana frente a estos desafíos.
– ¿Cuál es el papel de la prensa en las sociedades latinoamericanas?
- La prensa es fundamental en una democracia. La Corte IDH la llama "piedra angular" de una sociedad democrática. Sin prensa libre no hay democracia. La Corte defiende la libertad de expresión y prensa, contribuyendo al control y transparencia estatal, y permite una participación ciudadana más activa. La libertad de prensa se debe proteger porque es esencial para las libertades públicas. Modelos neoautoritarianos tienden a atacar la libertad de prensa y judicial, pilares de nuestras democracias.
– ¿Qué opina sobre las amenazas a periodistas?
- Es preocupante y nos lo tomamos en serio en la Corte IDH. Hemos desarrollado jurisprudencia para proteger a los periodistas, vinculada a la libertad de expresión en el artículo 13 de la Convención. Intentamos garantizar seguridad para que desempeñen su rol informativo y proteger sus derechos de vida e integridad. Los Estados deben ofrecer especial protección a periodistas en riesgo. Las reglas del juego democrático implican que los políticos acepten el escrutinio público, indispensable para sociedades más justas que respeten la dignidad humana.
Perfil del Dr. Diego Moreno
Diego Moreno Rodríguez Alcalá es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de Nueva York. Es abogado, graduado con honores de la Universidad Católica de Asunción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en academia, función pública internacional y práctica profesional.
Ha sido profesor en diversas universidades e institutos y ha publicado extensamente en materia de justicia constitucional y derechos humanos. Con experiencia en el Sistema Interamericano, trabajó más de seis años en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2024 para el período 2025-2030. También fue Oficial Jurídico en la OEA, asesorando en temas de derecho internacional y derechos humanos, participando en procesos de elaboración de convenciones contra el racismo y otras formas de discriminación e intolerancia.
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