Nacionales
Condenan a 24 años de cárcel a Gustavo Florentín por el homicidio de Rodrigo Quintana
Un tribunal de sentencia condenó por homicidio doloso agravado al ex suboficial Gustavo Florentín. En el juicio oral y público en su contra se pudo probar que él realizó el disparo contra la humanidad de Rodrigo Quintana en la medianoche del 1 de abril de 2017, pero no se pudo determinar qué arma utilizó para realizar el disparo.
La jueza Lourdes Garcete, quien presidió el tribunal de sentencia, conformado también por los magistrados Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, argumentó que el ex personal policial condenado este viernes no irá a la cárcel hasta que la resolución de la condena quede firme.
Recién una vez que se empiece a computar la pena –con la condena firme– podrá ser enviado a reclusión por 24 años a una penitenciaría que disponga la autoridad penitenciaria, es decir, el Ministerio de Justicia.
No obstante, el tribunal consideró que ya no se le pueden aplicar medidas cautelares porque ya posee en otra causa medidas privativas de libertad y porque no existe peligro de fuga en estas condiciones.
En cuanto a la escopeta que fue ofrecida como evidencia en la causa y que no coincide con la vaina del proyectil que provocó la muerte de Rodrigo Quintana, se dispuso que fuera devuelta a la Policía Nacional.
Esta arma fue la única –de las cinco que fueron entregadas para investigar– que se pudo atribuir que fue percutida, pero la vaina no correspondía con la que produjo la muerte del joven liberal, en cuyo cuerpo se encontraron partículas de plomo, y la escopeta en cuestión era de vainas de goma.
La lectura de la sentencia escrita será el próximo miércoles 23 de abril, a las 12:00 del mediodía, indicó la jueza Lourdes Garcete.
El juez Manuel Aguirre se refirió a una denuncia realizada por el Ministerio Público con relación a una evidencia que desapareció, informando que en el marco de la causa en algún momento habrá dictamen al respecto, por haberse realizado una auditoría.
El magistrado explicó que también analizaron la teoría de la defensa del acusado, que sostenía que el suboficial Arnaldo Andrés Báez, quien fue sobreseído en la causa, había realizado el disparo en el interior del Partido Liberal y por tanto pedía que su defendido fuese absuelto, pero que no se pudo probar con cada fotograma de la cámara de circuito cerrado revisado para dar lugar al derecho de la presunción de inocencia.
La Fiscalía había solicitado 25 años de cárcel para el procesado.
La pena por homicidio doloso agravado fue resuelta por unanimidad por los jueces del tribunal de sentencia, que declararon autor inmediato del crimen a Gustavo Florentín, resaltando que “no requirió de nadie” para perpetrar el asesinato. “En este sentido, afirmamos que realizó el hecho por sí mismo”, reforzó la presidenta del tribunal.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Puente de la Integración: finalizan obras adicionales en medio de quejas por su apertura
Los comerciantes y empresarios de Ciudad del Este insisten en la urgencia de abrir el Puente de la Integración para reducir la congestión en el Puente de la Amistad. El presidente participó el lunes en la entrega oficial de las instalaciones del Centro de Frontera a la Dirección de Ingresos Tributarios y a la Dirección Nacional de Migraciones. En Brasil, las obras en la zona primaria se completarán en diciembre, lo que podría permitir una apertura parcial.
A pesar de las quejas por la demora, se entregaron obras complementarias del Puente de la Integración entre Paraguay y Brasil. La espera prolongada ha afectado inversiones y negocios debido a las dificultades de tránsito fluido, según los empresarios.
Charif Hammoud expresó que el retraso en la habilitación del puente está costando tiempo y inversiones.
Durante la visita presidencial, se entregaron oficialmente las obras al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), lo que facilitará la instalación de sistemas y mobiliario necesarios para hacer operativa la zona primaria.
Claudia Centurión, titular del MOPC, indicó que el puente podría abrir parcialmente a fin de año, permitiendo el paso de ciertos vehículos, mientras que se completan otras obras como el puente Monday y el Corredor Metropolitano.
Santiago Peña, presidente de la República, afirmó que este puente será crucial para la historia de Presidente Franco y el departamento de Alto Paraná.
La comitiva también visitó la obra de la nueva Terminal de Cargas de la ANNP, que será un parque logístico para la inspección y despacho de camiones.
Carlos Massa Júnior, «Ratinho Júnior», gobernador de Paraná, Brasil, anunció que en diciembre se entregarán las obras complementarias a la Receita Federal para negociar la habilitación de la pasarela. Propuso que el Puente de la Integración sea exclusivo para vehículos grandes, dejando el Puente de la Amistad para autos livianos y turismo.
En una supuesta disputa, un hombre de 29 años murió tras ser herido con un machete dentro de una casa abandonada en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá, Itapúa. Tanto él como el presunto agresor tenían antecedentes por robo y violaciones a la Ley 1340.
Agentes de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã respondieron al incidente, descubriendo al hombre gravemente herido en el patio de la vivienda. Pese a la asistencia de los bomberos, se confirmó su fallecimiento. La víctima, Luis Alfredo Almada Echeverría, tenía antecedentes por robo y hurto; había sido detenido recientemente pero liberado.
El supuesto agresor, Arnaldo Raúl Morínigo Cabrera, de 23 años, fue detenido en el lugar. Morínigo también tenía antecedentes por delitos cometidos en 2019 y 2024. Inicialmente dijo que discutió con Almada, pero luego cambió su declaración, alegando que Almada se hirió a sí mismo.
Los investigadores encontraron cortes leves en Morínigo, sugiriendo una posible pelea. También se sospecha que el lugar es frecuentado por personas que consumen drogas o alcohol. El machete fue incautado y entregado al fiscal, Ever Williams.
La casa ya había sido allanada antes en mayo durante una investigación de asesinato, donde se encontraron drogas y se detuvo a vecinos.
El Tribunal de Sentencia, encabezado por Manuel Aguirre e incluyendo a Lourdes Garcete y Juan Ortiz, sentenció este lunes a Blas Manuel Velázquez Fernández, ex síndico de Quiebras, a seis años de prisión por la doble venta de una propiedad en Mariano Roque Alonso, ocurrida entre 2017 y 2018, con la mayoría de votos de Garcete y Ortiz.
Velázquez Fernández fue encontrado culpable de lesión de confianza y la creación de documentos públicos falsos.
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Al votar en disidencia, el presidente del tribunal, Manuel Aguirre, propuso una condena de dos años con suspensión y compensación inmediata a las víctimas de G. 513.600.000, el valor en aquel momento del terreno en cuestión.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Benjamín Vera, había solicitado siete años de cárcel para Velázquez, vinculado al ex ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes.
La acusación fue iniciada por la fiscal Natalia Cacavelos y luego asumida por el fiscal Julio Ortiz, quien fue recusado por el abogado de la querella adhesiva, Alejandro Nissen, representando a víctimas como Rossana Domínguez Vda. De Sabaté y Joaquín Di Tore.
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Declaraciones del juez Aguirre
Manuel Aguirre subrayó la importancia de la compensación inmediata a las víctimas y criticó a la Fiscalía por su investigación enfocada únicamente en Velázquez, dejando de lado a otros involucrados.
Sugirió que pudo haber complicidad entre el evaluador y la jueza Julia Alonso, quien aprobó la venta basada en el dictamen de Velázquez, pese a no ser vinculante.
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Detalles de la maniobra de Velázquez
Blas Manuel Velázquez, como síndico en el caso “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental s/ declaración de quiebra”, solicitó la venta de la finca 12.096. La jueza Julia Alonso permitió la venta a Edgar Ramón Larramendia Vera por G. 31.000.000, justificando la operación como beneficiosa para la masa concursal.
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Venta previa del inmueble
El Ministerio Público reveló que la propiedad ya había sido vendida el 29 de mayo de 2009 a Miguel Ángel Sabaté Ostertag por G. 71.000.000, superando ampliamente el precio de la segunda venta aprobada.
Pese al pago completo de la primera venta, Velázquez ignoró este hecho y procedió con la transacción menos favorable.
El dinero de la primera venta permaneció depositado, asignado por el síndico Velázquez para una devolución a Sabaté Ostertag.
La finca 12.096, vendida en 2017 por G. 31.000.000, reportó un daño económico de G. 519.340.480 a la masa concursal, según la acusación fiscal.
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