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El fallo del Tribunal de Apelación, segunda sala, ratificó la condena de los seis imputados en el caso «Alerta Aeropuerto». Esta decisión fue emitida por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado Nro. 2, tras un juicio oral y público que concluyó el pasado 30 de julio.

La sentencia definitiva N° 338 impuso una pena de siete años de prisión a Juan Cecilio López, trabajador de Longport Paraguay SA, contratada por AirEuropa para la seguridad en el aeropuerto.

Además, fueron sentenciados a seis años de prisión Damacio Brítez Ávila, funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y Juan Carlos Gastón Acuña Giménez, también empleado de Longport Paraguay SA.

Luis Enrique Zayas Garay, de Longport Paraguay SA, junto a Omar Agustín Gómez Cuellar y Francisco Javier Torres Ortiz de Dinac, recibieron penas de cinco años de prisión.

Los abogados defensores apelaron este fallo. Después de revisar los argumentos, los jueces Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Rodríguez concluyeron que la sentencia es consistente con los hechos y no presenta ningún defecto que justifique su nulidad o modificación.

El caso se originó cuando la fiscala Lorena Ledesma y, posteriormente, la fiscala Ingrid Cubilla presentaron pruebas de que los acusados participaron en un plan para introducir droga en la maleta de Fany del Pilar Sosa Benítez. Fany fue detenida con 23 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas el 9 de mayo de 2021.

En su defensa, Fany Sosa declaró que notó irregularidades en su equipaje al llegar a Madrid, lo que inició la investigación. Fue liberada el 13 de mayo.

La acusación detalló que Luis Enrique Zayas supervisó el proceso de carga de equipaje y proporcionó los datos necesarios para introducir la cocaína. También se constató que Brítez, Gómez y Torres, junto con Acuña y López, colaboraron en la manipulación del contenedor en el avión.

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La Policía Nacional ha detenido a dos sospechosos en Ciudad del Este, pero aún no ha identificado quién ordenó el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral. La víctima fue seguida durante al menos un mes antes de su asesinato, revelaron fuentes policiales.

Pese a los avances y detenciones, no se ha identificado a los «mandantes» detrás del asesinato de Moral el pasado 2 de octubre en Asunción. Según el comisario Richard Vera, jefe de Homicidios, los detenidos hicieron transferencias a los supuestos sicarios para vigilar a Moral.

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Durante los allanamientos, se identificó a Jorge Guillén Bogado como quien proveyó el dinero, y a su sobrino Ángel González Guillén, encargado de las transacciones hacia los ejecutores, quienes siguen prófugos.

Las autoridades creen que los dos jóvenes sospechosos pueden haber sido “silenciados” debido a la notoriedad del caso. Las detenciones de Jorge Guillén y su sobrino fueron confirmadas y ambos están bajo disposición del Ministerio Público.

El subcomisario David Delgado señaló que hay tres prófugos, incluyendo a Carlos Báez Guillén, alias “Lulú”. Delgado no descarta que los jóvenes sicarios hayan sido eliminados para encubrir el delito.

El comisario Marcelino Espinoza relató que los sicarios viajaron a Alto Paraná después del asesinato. Aunque sospechan que pudieron ser eliminados, esta hipótesis sigue en investigación, ya que no se ha sabido de ellos desde el incidente.

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Seguro, aquí tienes el contenido reescrito:

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A pesar de que mensualmente se descuenta su contribución para el pago del IPS, los empleados de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción informaron que desde julio la administración no ha efectuado dichos pagos a la entidad de previsión. Por esta razón, desde hoy, los trabajadores y sus familias no tienen acceso a los servicios. Denunciaron que la salud de personas con cirugías programadas, quimioterapia u otros tratamientos urgentes está en peligro.

Desde hoy, los trabajadores de la Municipalidad de Asunción no cuentan con cobertura médica del Instituto de Previsión Social (IPS), porque la administración municipal no ha realizado los pagos necesarios desde julio, aunque se descuentan los aportes de sus salarios cada mes. Debido a esto, los empleados de Aseo Urbano están protestando esta mañana.

Aunque no detendrán los servicios de limpieza hoy en la mañana, han anunciado que se reunirán al mediodía para decidir qué medidas tomar. Podrían iniciar una huelga general.

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La denuncia fue presentada por los sindicatos que representan a los empleados municipales, quienes advirtieron que aproximadamente 4.000 trabajadores y sus familias han quedado sin acceso a consultas, internaciones, diálisis, operaciones y tratamientos médicos esenciales.

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“Desde esta semana, los familiares no están recibiendo atención y desde hoy tampoco los titulares. Todo está suspendido: diálisis, operaciones programadas, terapias. Necesitamos una respuesta oficial”, declaró Alberto Gaona, del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama).

Cuestionó la falta de sensibilidad de las autoridades municipales. “Ya informamos a los administradores de la Municipalidad. No sé si el director de Administración y Finanzas tiene sentido social, porque tenemos compañeros y familiares enfermos que necesitan atención médica urgente. Señor administrador, debe solucionar el problema de inmediato”, reclamó.

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Analizan posibles demandas

Por su parte, Julio Fernández, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Asunción (Sinoema), anunció que están evaluando acciones legales y no descartan adoptar medidas de fuerza.

“Estamos considerando consultar con nuestros asesores jurídicos, ya que no permitiremos que los trabajadores ni sus familias sean perjudicados. Si es necesario, la Municipalidad tendrá que costear quimioterapias y cirugías. Claramente, no hay protección para los 4.000 empleados afectados”, afirmó.

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Fernández recordó que la administración de Asunción forma parte del Gobierno Central, por lo que existen mecanismos de financiamiento y negociación que podrían resolver el conflicto. “Si hay voluntad política, con una llamada telefónica se podría solucionar”, señaló.

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Asimismo, informó que al mediodía se llevará a cabo una asamblea general para decidir los pasos a seguir, sin descartar una posible huelga general. “Desde hoy, si un compañero sufre un accidente en la calle, no podrá ser atendido en el IPS”, advirtió.

“Tenemos una reunión tripartita programada en el Ministerio, hay muchos problemas. Ojalá se haga justicia, porque con este gobierno es muy difícil hablar de justicia social”, concluyó Gaona.