El distrito de San Miguel, en el departamento de Misiones, fue el más afectado por el temporal de la madrugada del lunes, resultando en un total de 12 viviendas dañadas: cinco en Arazapé, tres en Hugua, una en Santa Librada y tres en el área urbana de la ciudad.

“La tormenta comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada de este lunes y finalizó cerca de las 04:00. Fue repentina con fuertes ráfagas de viento; en mi caso, levantó el techo de mi casa y lo lanzó al patio del vecino, pero afortunadamente no me ocurrió nada”, relató uno de los afectados, Leandro Ramírez.

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También mencionó que la parte eléctrica de su hogar sufrió grandes daños y solicitó asistencia a las autoridades para volver a techar su vivienda, ya que se prevé otro día de lluvia esta semana.

Los hijos de Óscar Ocampo, residentes en la comunidad de Hugua, también fueron afectados, ya que su casa quedó en gran parte sin techo, resultando en daños estructurales.

“La situación no es buena. La tormenta de la madrugada de ayer se llevó gran parte del techo de la casa de mis hijos, dañando el sistema eléctrico y empapando los electrodomésticos, camas y demás pertenencias”, relató.

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Él agregó que la pérdida económica es considerable y solicitó a las autoridades municipales asistencia con chapas para rehacer el techo de su vivienda.

En cuanto a la asistencia, la intendenta de San Miguel, Elvina González de Díaz, comunicó que el relevamiento de datos ya comenzó para ofrecer ayuda, tanto desde la Municipalidad como del Ministerio de Desarrollo Social.

“Una tormenta prevista en el pronóstico nos afectó, causando importantes daños materiales en las viviendas de los pobladores, tanto en el casco urbano como en las localidades vecinas”, indicó.

“Las viviendas afectadas pertenecen a familias humildes que necesitan nuestro apoyo, y contamos con la colaboración de las autoridades departamentales y nacionales. Hemos iniciado el relevamiento con el Ministerio de Desarrollo Social, y esperamos entregar la ayuda necesaria mañana”, afirmó González de Díaz.

No se reportaron víctimas fatales ni heridos, solo daños materiales, añadió la intendenta de San Miguel, Misiones.

Los desechos fueron trasladados desde la localidad de Mainumby, donde los vecinos acusan al jefe comunal de haber ordenado el vertido de basura días atrás.

Con micrófonos en mano, los manifestantes expresaron sus quejas, acusando directamente a Filippi de ser «corrupto» y de poner en peligro los recursos naturales de la zona.

«Señor basurero José Filippi Vera, aquí le devolvemos su basura que mandó a tirar en los humedales, contaminando nuestros ríos y sin pensar en el futuro de nuestros hijos», exclamó una vocera durante la manifestación.

Los ciudadanos pidieron a los policías en el lugar que se apartaran, aclarando que la protesta no era contra ellos, sino contra las decisiones de las autoridades municipales.

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Un conflicto de larga data

Este conflicto se remonta a 2024, cuando la empresa El Farol S.A., que controla la recolección de basura en Asunción y Central, intentó abrir un depósito de desechos en los humedales de Arroyos y Esteros.

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Representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, la empresa ha expandido su influencia a otras regiones en la última década. Esta iniciativa generó un fuerte rechazo de la comunidad.

La situación se complicó más a principios de este año cuando se confirmó que la Municipalidad, con el apoyo del gobernador Denis Lichi (ANR) y del intendente Filippi Vera, promovía la construcción de un vertedero en Mainumby, a solo 1.400 metros del río Piribebuy.

Vecinos, agricultores de caña y concejales denunciaron que el proyecto pone en riesgo la biodiversidad, el agua y la producción de caña de azúcar orgánica, una actividad clave en la región.

En febrero, las protestas alcanzaron su punto máximo cuando un grupo de vecinos ocupó la Municipalidad, y nueve concejales apoyaron las demandas, logrando la revocación de la decisión que permitía el vertedero.

Paralelamente, se presentó una acción de amparo constitucional, alegando que el proyecto fue aprobado sin consulta pública ni estudios de impacto ambiental.

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Creciente desconfianza ciudadana

Lo sucedido el lunes destaca la falta de confianza hacia las autoridades locales. En lugar de atender las demandas ambientales y sociales, el intendente Filippi es acusado de repetir acciones que la comunidad ya había rechazado, como el vertido irregular de basura en áreas frágiles.

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La protesta demuestra que en Arroyos y Esteros, los ciudadanos están decididos a proteger sus recursos naturales, incluso enfrentándose a las instituciones locales. La devolución pública de desechos fue un acto simbólico de resistencia y una advertencia: la comunidad no permitirá que sus humedales y su agricultura sean sacrificados por intereses empresariales o políticos.

En el pasado, cuando los residentes ocuparon la Municipalidad en enero, el intendente José Filippi Vera (ANR) negó responsabilidad, diciendo que la zona destinada al vertedero no era de riesgo, tratando de minimizar las preocupaciones ante el proyecto controversial.

Nuevamente se intentó contactar a Filippi para discutir la situación actual, pero no respondió. También se intentó hablar con el gobernador Denis Lichi (ANR), sin obtener respuesta.

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