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Concejal Tomás Romero Pereira señala irregularidades en ejecución presupuestaria de Rivas.

Este martes se desarrollaron diversos allanamientos en el departamento de Itapúa y el principal es en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira. Un equipo fiscal investiga la supuesta malversación de G. 9 mil millones en la ejecución presupuestaria de 2022. Un concejal de este distrito confirmó que tiene documentación en la que se resaltan supuestas nuevas irregularidades, pero del presente año.

Sobre las investigaciones, Concepción Martínez, concejal de Tomás Romero Pereira explicó en ABC AM 730 que la denuncia más llamativa y reiterativa fue en ese año, aunque también se menciona al 2023, sobre sospechas de un mal manejo. La Junta Municipal rechazó el informe de Rivas, sobre obras del año pasado. “Se reportó la contratación de una supuesta empresa privada para mejorar caminos, cuando la comuna posee sus propias máquinas. Incluso en la rendición figuraba que los trabajos se tercerizaban con pagos millonarios. Sin embargo, se realizaban con equipos de la municipalidad y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)”, sostuvo Martínez.

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Dudas sobre maquinarias que Rivas anunció como apoyo del Gobierno central. Según informes preliminares, se detectaron irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a obras para la comunidad. La Fiscalía solicitó el allanamiento de varias sedes municipales en busca de documentación que confirme las presuntas irregularidades. La ciudadanía está a la espera de resultados concretos de la investigación en curso.

El Ministerio Público ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los documentos incautados durante los allanamientos en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira y otras dependencias relacionadas. Se ha convocado a declarar a varios funcionarios municipales y proveedores de servicios que podrían estar involucrados en las presuntas irregularidades financieras. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la gestión eficiente de los recursos públicos.

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Las autoridades locales han manifestado su total cooperación con las autoridades competentes en la investigación en curso. El fiscal a cargo del caso ha señalado que se está trabajando arduamente para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales en la malversación de fondos públicos. La ciudadanía espera que se haga justicia y que los culpables sean llevados ante la ley para responder por sus acciones. La corrupción en la administración pública es un problema que debe ser erradicado para garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto.

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