Mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 138, los jueces del Tribunal de Apelaciones, Mario Camilo Torres, Paublino Escobar Garay y Arnulfo Arias, aprobaron una extensión extraordinaria al fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, otorgando 6 meses adicionales para finalizar la investigación sobre Gianina García Troche en el caso A Ultranza.
Esta decisión modifica la fecha inicial para presentar el requerimiento conclusivo, que era el 20 de noviembre de 2025, trasladándola al 20 de mayo de 2026. En ese momento, el Ministerio Público podrá presentar cargos o proponer otra solución legal.
El fiscal Pak explicó que la extensión es necesaria para confirmar o refutar las declaraciones de Gianina García Troche, ya que permitirá conseguir elementos que precisarán la participación de la acusada.
Quedan al menos 12 diligencias pendientes para la Fiscalía, como la obtención de informes financieros de "Kuarahy SRL", entidad que emitió un supuesto certificado de trabajo a García, además de reportes de la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
También faltan las respuestas a solicitudes de informes relacionados con "San Jorge SA" y el análisis de comunicaciones por Sebastián Marset a través de Sky Ecc, entre otras gestiones de cooperación jurídica internacional con Uruguay, España y los Emiratos Árabes Unidos.
El abogado Rafael Blanco, miembro de la defensa de Gianina García, expresó su desacuerdo con la solicitud del fiscal para más tiempo, argumentando que el plazo de investigación ya ha sido razonablemente suficiente.
Gianina García fue acusada en el caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, fue declarada en rebeldía y los plazos se pausaron hasta el 20 de mayo de 2025, cuando fue extraditada de España tras su detención allí el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.
El abogado Blanco confirmó que buscarán agotar todas las opciones para evitar un juicio oral, intentando llegar a un acuerdo que permita una condena mínima mediante el procedimiento abreviado y conseguir arresto domiciliario para García.
Finalmente, mencionó que apelarán a la igualdad procesal, ya que en el caso A Ultranza hubo 11 condenados con penas de 2 a 5 años por procedimiento abreviado, involucrando testaferros y colaboradores en lavado de activos.
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