Nacionales
Conatel convoca licitación para TV digital, potencialmente favoreciendo a grupo cercano a Santiago Peña
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo la dirección de Juan Carlos Duarte, ha lanzado una convocatoria para otorgar licencias de explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, con alcance nacional. Este concurso busca incorporar un nuevo participante al mercado, según el organismo regulador.
La convocatoria está abierta a personas físicas paraguayas o empresas privadas constituidas y registradas en Paraguay, cuyo objetivo social sea la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones o radiodifusión. Está orientada a entidades sin licencia previa y no requiere experiencia en el sector.
Tras el anuncio, surgieron denuncias de que el proceso podría favorecer al Grupo Vázquez, un grupo empresarial que busca expandir su presencia mediática con un canal de amplia cobertura nacional. Este grupo es visto como cercano al gobierno de Santiago Peña, beneficiándose de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de Ueno Bank, y ganando contratos públicos.
De acuerdo con el pliego de bases, la estación principal se ubicará en Fernando de la Mora, con repetidoras en varios departamentos. Sin embargo, aún no se ha informado qué empresas compraron los pliegos, aunque Conatel prometió divulgar la lista pronto. Las ofertas se recibirán el 11 de diciembre en la sede de Conatel en Asunción.
El gerente de Radiodifusiones de Conatel, Martín Gómez López, negó que la licitación favorezca al Grupo Vázquez, afirmando que el proceso es abierto y competitivo. Según el pliego, la inversión y el aspecto técnico del proyecto son factores clave para la adjudicación, con puntuaciones específicas asignadas a los aspectos económico, técnico y programático.
Las licencias, con vigencia de diez años, requieren que los oferentes no tengan licencias previas de televisión digital, promoviendo la entrada de nuevos jugadores. Además, se exige una garantía de cumplimiento del contrato, ajustada a la inversión propuesta, para asegurar la ejecución de compromisos.
El 20 de octubre de 2025, a las 08:13, en Ciudad del Este, agentes policiales detuvieron en flagrante delito a dos asaltantes mientras robaban una estación de servicios Petrochaco ubicada en el kilómetro 10, lado Monday. Uno de los involucrados es un peligroso delincuente que en junio había asesinado a tiros a un vecino.
El robo ocurrió el lunes a las 02:30, cuando los sospechosos entraron en la gasolinera y sometieron al guardia de seguridad, Pedro Esteban Zelada, de 65 años. Vecinos alertaron a la Policía través del 911, lo que permitió una rápida intervención para capturar a los criminales mientras intentaban abrir la caja fuerte.
Los detenidos son Fredy Marcelo Villalba Caballero, de 28 años, y Armando Adrián Bruno Gauto, alias “Vaca Lola”, de 23, ambos residentes del barrio San Rafael de Ciudad del Este. Villalba tiene una orden de captura por violencia familiar, y Bruno Gauto enfrenta órdenes activas por violencia familiar, asociación criminal, homicidio doloso y robo agravado.
Durante el operativo, se recuperó dinero en efectivo y se incautaron varias armas: una pistola Bersa calibre 9 mm, en poder de Bruno Gauto; un revólver Taurus calibre 38 mm, hallado con Villalba Caballero; y una escopeta. También se confiscó una motocicleta Kenton GTR negra utilizada por los delincuentes.
Tras la alerta vecinal, varios agentes rodearon la estación, obligando a los ladrones a rendirse. Armando Adrián Bruno Gauto, alias Vaca Lola, era buscado por el asesinato de su vecino Carlos Julián Oviedo Bogado en una disputa previa y lideraba una banda de asaltantes que utilizaba Gindr para captar víctimas.
El senador y excomisario Carlos Núñez, del ANR, expresó que considera que la Ley Nº 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres es «algo débil» en cuanto a las sanciones por feminicidio. Por ello, sugirió la necesidad de reformar la Constitución Nacional para posibilitar la pena de muerte en el país.
Carlos Núñez asistió a un foro internacional sobre feminicidio en Río de Janeiro. Al volver, mencionó que la ley que establece penas de 10 a 30 años de cárcel para este delito le parece insuficiente. Según él, el Código Penal paraguayo, con una pena máxima de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad, no es suficiente para este tipo de crímenes.
El legislador está a favor de la pena de muerte y cree que es necesario modificar la Constitución para su implementación. Manifestó que, como policía retirado, ha apoyado esta medida desde hace tiempo.
Núñez también mencionó que ya había propuesto una asamblea constituyente para revisar la Constitución, ya que, según él, tiene «varias falencias». Entre las modificaciones sugiere mayores recursos para la Policía Nacional y cambios en la normativa que regula el trabajo de jueces y fiscales, debido a que algunos magistrados y agentes del Ministerio Público, según él, actúan de manera corrupta, afectando el trabajo policial.
Además, si conoces o eres víctima de violencia contra la mujer, puedes llamar al 137 “SOS Mujer”, disponible a nivel nacional las 24 horas y de forma gratuita.
El juicio contra la exfiscala de San Lorenzo, Ana Girala, continúa este jueves 23, con la lectura de mensajes de WhatsApp entre la fiscal y una de sus asistentes. Los chats revelan un supuesto esquema de presión en la Fiscalía, con acusaciones a cambio de favores o bienes.
El juicio involucra a Ana Girala y cinco individuos, entre ellos personal del Ministerio Público y abogados. La fase actual se centra en los mensajes extraídos del celular de Griselda Acha, otra acusada, que muestran un supuesto esquema de presión en la Unidad N° 1 de San Lorenzo.
El Tribunal de Sentencia, liderado por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, lleva el caso. Representan al Ministerio Público los agentes Francisco Cabrera y Verónica Valdez.
El proceso inició tras una denuncia de un ciudadano al que le exigieron 25 millones de guaraníes para no acusar a su hijo de intento de homicidio. La denuncia fue seguida por el entonces fiscal Osmar Legal, ahora juez penal, culminando en una entrega vigilada el 16 de febrero de 2023.
En la Fiscalía fueron detenidas la asistente Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Alcaraz Bogarín. La acusación señala que la unidad a cargo de Ana Girala operaba como un centro de extorsión, documentando casi treinta casos de presión entre septiembre de 2022 y febrero de 2023.
El requerimiento fiscal de 185 páginas expone el modus operandi, revelando cómo manipulaban casos para obtener beneficios económicos.
Entre los mensajes presentados, se mencionan acusaciones por «carachento» y negociaciones para decidir sobre imputaciones, allanamientos y otros procedimientos.
Ana Girala enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal, entre otros delitos. También se acusa a Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz de ser coautoras y cómplices en el esquema. Los abogados Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, Liz Elena Martínez Robles y Marcos Aurelio Velazco Mendoza están acusados de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal.
-
Economía2 semanas agoExpo Amambay ante un giro comunicacional polémico: medios tradicionales descartados por «influencers»
-
Economía6 días agoExpo Amambay 2025: Una feria sin brillo, sin público y sin rumbo
-
Nacionales7 días agoTrabajador de estancia es asesinado a tiros en Bella Vista Norte
-
Nacionales21 horas agoFeria en Veterinaria UNA: ofrecerán degustación de alimentos con proteína animal