La Comisión Nacional de la Competencia investiga a siete frigoríficos por posibles prácticas anticompetitivas
La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) ha decidido abrir un procedimiento formal de investigación en contra de siete frigoríficos. Esta acción busca esclarecer si hay indicios de acuerdos colusorios o abusos de posición dominante en el sector que podrían estar influyendo en el alto precio de la carne en el país.
La medida fue acordada durante la reciente reunión del directorio de la Conacom, en respuesta a un informe presentado por su Dirección de Investigación. Este informe contenía una serie de evidencias preliminares que justificaron el inicio del proceso. La entidad busca abordar la problemática de los precios elevados que afectan a los consumidores en el mercado nacional.
Investigación sin presunción de culpabilidad
Rolando Díaz, integrante del directorio de Conacom, puntualizó que la apertura de este sumario no implica que las empresas estén automáticamente acusadas de alguna infracción. “No significa que estemos afirmando que son culpables de conductas anticompetitivas”, subrayó, resaltando que el objetivo es determinar la existencia o no de prácticas restrictivas en el mercado.
La investigación se centra en posibles acuerdos colusorios entre frigoríficos o en el uso abusivo de la posición de dominio que algunos de estos actores podrían tener en el sector cárnico.
Notificación a las empresas implicadas
Díaz también informó que las siete empresas involucradas ya han sido notificadas acerca de la resolución adoptada por Conacom, lo que permite que la información sea accesible al público. Se anticipa que el documento oficial con más detalles sobre la investigación será publicado en los próximos días.
Duración del proceso investigativo
Según la normativa vigente, la Dirección de Investigación dispondrá inicialmente de un período de 90 días hábiles para asumir las diligencias necesarias. Este plazo puede extenderse por otros 90 días hábiles si es necesario. Al concluir este lapso, la Dirección deberá decidir si hay suficientes elementos para presentar cargos contra alguno de los frigoríficos o si desestima el caso por falta de pruebas que respalden una infracción a las leyes de competencia.