Nacionales
Con jugosos salarios y sin títulos universitarios: Los nuevos “Bachi-lleres” del Congreso
Octavia Monserrat Ovelar Duarte, una joven de 21 años con título de bachiller, es una de las nuevas contratadas por parte del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, con un sueldo de G. 5 millones. Como ella, hay otros casos similares de personas contratadas entre setiembre y octubre de este año.
Con el título de bachiller y contando con solo 21 años de edad, Octavia Monserrat Ovelar Duarte fue contratada como auxiliar administrativa en la Cámara de Senadores, con un sueldo de G. 5 millones.
Se trata de uno de los contratos realizados por pedido del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, que incluye, en su mayoría, a varios jóvenes sin título universitario que pasarán a trabajar en oficinas de legisladores que responden al movimiento Honor Colorado y a sus aliados.
Octavia, una joven oriunda de Caaguazú, cumplirá funciones en la oficina del presidente del Congreso.
Sus colegas Derlis Maidana, Norma Aquino alias Yami Nal y Édgar López también tienen nuevos funcionarios, según la información revelada por la periodista Estela Ruiz Díaz durante el programa Va con onda de radio Monumental 1080 AM.
El 30 de setiembre se firmó la contratación de María Jimena González, que se desempeñará como asistente administrativa en la Dirección General de Administración Financiera de la Cámara de Senadores con un salario mensual de G. 4 millones.
Paolo Romeo Díaz Fiorotto es otro de los que fue contratado como asistente administrativo con un sueldo de G. 4.500.000.
Con el mismo salario y con la misma función fue contratado Luis Armando León Chávez, que trabajará en la oficina de la senadora cartista, ex Cruzada Nacional, Norma Aquino alias Yamy Nal.
🔴 Los Bachibabies que están mejor
🔸 Fueron contratados entre septiembre a octubre y gozan de jugosísimos salarios: G. 4 millones, 4,5 millones, 5 millones y más.
👉🏼 Algunos ni terminaron la universidad aún.
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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 24, 2024
El senador Núñez también pidió la contratación de David Milciades Báez Cabrera, ex funcionario de la Municipalidad de Asunción, que fue contratado para trabajar en una de las oficinas de la bancada de Honor Colorado Independiente C. El hombre no cuenta con título universitario y ganará un salario mensual de G. 4.500.000.
Adalberto Resquín Trinidad, por su parte, prestará servicios en la oficina del senador colorado Derlis Maidana, con un salario de G. 5 millones, sin contar con una carrera universitaria.
Afiliación al Partido Colorado
Santiago Peña, en plena campaña electoral, realizó polémicas declaraciones afirmando que la principal puerta de acceso a un empleo público no es la formación académica, sino la afiliación a la ANR.
“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Está lleno de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”, señaló.
En agosto del año pasado, días antes de la asunción de las nuevas autoridades del Gobierno, el senador Basilio Núñez había criticado duramente el prebendarismo durante la administración del presidente Mario Abdo Benítez, que pertenece a su mismo partido político.
En contacto con los medios de prensa criticó los 60.000 funcionarios públicos que habrían ingresado durante la era Abdo.
En julio de este año, al asumir la titularidad del Congreso, Bachi anunció cambios y recortes de direcciones, y hasta advirtió que saldrían a la luz todos los cargos de confianza por parte de sus antecesores.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Proceso judicial a juez de Paz de Ybycuí por prevaricato continúa con declaraciones
El juicio oral y público contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, sigue desarrollándose hoy, enfocado en la acusación de prevaricato. Sorprendentemente, el juez continúa en funciones mientras enfrenta este proceso por presunta corrupción.
El caso lo lleva el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres. La audiencia prosigue hoy, 9 de octubre, con declaraciones testimoniales.
La fiscalía, representada por Natalia Cacavelos y Leonardi Guerrero, acusa a Goiburú de prevaricato por haber permitido una acción civil sin condiciones adecuadas. El incidente se vincula a la causa «Julio Cesar Martínez Isasi c/ Reinaldo Benitez Gómez» de noviembre de 2021, donde Goiburú inició un juicio ejecutivo a pesar de irregularidades.
La acusación incluye que el juez, basado en un recibo de dinero de agosto de 2021, decretó el embargo de bienes y un mandamiento de pago sin justificar la acción. Además, el fiscal Guerrero señaló que los documentos presentados no eran suficientes para una acción legal y que la firma en el contrato no correspondía al vendedor.
También se acusa a Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Rubén Benítez Gómez de apropiación y como cómplices del juez. Estos casos fueron procesados por separado, pero se unieron para el juicio. Según la Fiscalía, las acciones del juez violan varios artículos del Código Procesal Civil y Penal, acusándolo de prevaricato.
Nacionales
Tras acuerdo con cañicultores, gobierno evalúa formas de aumentar la eficiencia en la producción de alcohol
El ministro de Industria y Comercio expresó que, tras llegar a un acuerdo con los cañicultores que protestaban en Mauricio J. Troche por la finalización de un nuevo tren de molienda en la planta de alcohol de Petropar, se debe evaluar cómo mejorar la eficiencia de la planta a mediano y largo plazo. Habló de ofrecer asistencia tecnológica a productores de caña y considerar una mayor participación del sector privado.
Durante una entrevista con ABC Cardinal, Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, celebró el acuerdo con los cañicultores, quienes estaban bloqueando la Ruta PY02 mientras exigían completar la construcción del tren de molienda en la planta de Petropar en Mauricio José Troche. Después de 17 días de huelga, se acordó que Petropar convocará una nueva licitación para la construcción, luego de que la empresa anterior abandonara el proyecto.
Gracias a este acuerdo, los cañicultores detuvieron la huelga y despejaron la Ruta PY02. Giménez destacó la importancia del acuerdo para restaurar el orden público.
El acuerdo establece que el tren de molienda debe estar operativo para septiembre de 2026. Petropar también se comprometió a comprar la caña de azúcar al precio actual. El ministro destacó la necesidad de apoyar a los productores con tecnología y herramientas para mejorar la producción.
El proyecto inicial fue adjudicado en 2021 a Estructura Ingeniería S.A. por más de 198,000 millones de guaraníes. Sin embargo, el contrato fue suspendido por incumplimientos, lo que redujo la capacidad de procesamiento y provocó pérdidas significativas de materia prima. Giménez informó que el contrato está en proceso de cancelación y que se presentó una denuncia penal.
A pesar de que la nueva licitación ofrece una solución a corto plazo, el ministro considera que se deben encontrar soluciones a más largo plazo para garantizar la eficiencia de la planta, sugiriendo que podría ser beneficioso permitir más participación del sector privado en las empresas estatales. Apuntó que el capital privado podría mejorar la eficiencia en comparación con la burocracia estatal.
Plantea invitar al sector privado mediante concesiones o asociaciones público-privadas para mejorar la gestión estatal y reducir costos, mirando a largo plazo de una manera más estratégica.
Nacionales
Corte ratifica la condena del intendente afiliado al partido cartista Hilario Adorno
El Tribunal de Apelación ratificó una condena de tres años y ocho meses de prisión para Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado por el partido ANR-HC, debido al uso de dinero público para el pago de la cuota de su vehículo personal.
Los jueces Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi confirmaron la sentencia por lesión de confianza y administración en beneficio propio. Adorno usó fondos de los contribuyentes para abonar la primera cuota de una camioneta nueva a su nombre.
En junio, Adorno fue condenado, pero sus abogados, Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino, apelaron la sentencia, llevándola al Tribunal de Apelación para delitos económicos.
A pesar de que la fiscala Teresilde Fernández, cercana al clan Adorno, calificó la condena de tres años y ocho meses como un «agravio», argumentando que debía ser solo de dos años, los magistrados sostuvieron que el fallo del Tribunal de Sentencia era legal. Fernández había tomado el caso en marzo y había pedido solo dos años de cárcel para que Adorno evitara prisión.
Adorno logró una reducción de la restricción de acercarse a la sede municipal de 500 a 100 metros. No obstante, aún tiene la opción de recurrir a la Corte Suprema de Justicia solicitando un recurso de casación para evitar la cárcel.
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