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Con Bachi, funcionarios del Congreso reciben sueldos similares a los de los legisladores – Política
Los senadores no solo incrementaron sus sueldos de G. 32 millones a G. 37 millones este año, sino que también otorgaron grandes aumentos salariales a sus aliados, equiparándolos en algunos casos con los legisladores. Bajo la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez en la Cámara de Senadores, 20 empleados mejoraron sus ingresos.
El salario de muchos altos funcionarios, la mayoría recomendados políticamente, se sitúa al nivel de un diputado o senador. Esta carga presupuestaria del Congreso es cada vez más onerosa para los contribuyentes que deben sostener estos altos salarios, no solo de los legisladores, sino también de funcionarios recomendados.
Bachi, con el respaldo de sus colegas, ajustó el Presupuesto General para que altos funcionarios del Congreso ganen igual que un senador o diputado, estableciendo nuevas «gerencias generales». Anhalia Beatriz Britez Aponte, Antonio Sánchez Oviedo y Norma Cardozo Vázquez son algunos de los que ahora reciben G. 37 millones al mes.
Fernando Rolón Toja, quien fue escolta de Bachi en Diputados, ha visto su salario aumentar significativamente de G. 6 millones en 2018 a un nivel comparable al de un legislador en 2025, desempeñándose ahora como director general de Gabinete de Presidencia del Senado. Sin embargo, en la lista de empleados del Senado no se especifica su formación académica.
Además, Bachi ha colocado a otro operador político, Ricardo Bordón Bareiro, como director general de Administración de Capital Humano con un sueldo de G. 31 millones. Anselmo Duarte también fue nombrado director general jurídico, recibiendo un aumento considerable en su salario gracias a Núñez.
El presidente actual del Indert, Francisco Ruiz Díaz, trató de justificar las discrepancias respecto a los títulos realmente emitidos bajo su gestión y las cifras presentadas por Santiago Peña a los dos años de su administración. Según Ruiz Díaz, se trata de un «tema técnico» y no contradijo los datos proporcionados por Catastro, aprovechando para criticar gestiones anteriores. Gail González, ex presidenta del mismo ente, afirmó que las cifras de Ruiz Díaz no son reales.
Ruiz Díaz argumentó en ABC Cardinal que la diferencia surge de qué criterio se utiliza para medir la producción de títulos desde agosto de 2023 hasta julio de 2025. Mientras Peña afirmó haber entregado 9.416 títulos en dos años, el informe de Catastro reveló que solo se emitieron 4.692. Ruiz Díaz no negó estos números, evadiendo con ejemplos económicos y explicando que el suministro depende de la producción y la demanda, mencionando títulos de años anteriores que estaban listos para entregarse.
Además, Ruiz Díaz cuestionó por qué administraciones pasadas entregaban solo 900 títulos al año. Por otro lado, Gail González, ex tiular del Indert, explicó que entre 2020 y 2023 entregó 4.337 títulos y realizó 12.518 adjudicaciones, resultado de diversas gestiones pasadas. Señaló que las cifras actuales no coinciden con la recaudación y que dejó 2.500 títulos listos al finalizar su gestión.
Finalmente, se menciona que, a pesar de tener un espacio para informar sobre los títulos terminados, no ha habido actualizaciones desde 2023, lo que genera más sospechas respecto a las diferencias en los datos entre informes de Catastro y los promocionados por Peña y Ruiz Díaz.
El informe del interventor Carlos Pereira sobre la gestión del exintendente cartista de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, revela que varias direcciones manejaron millones sin la supervisión de Contrataciones Públicas. Se encontraron indicios de posible sobrefacturación en pintura, con grandes compras de tóner y papel, además de pagos por fotocopias y la adquisición de casi 50 bolígrafos Parker y sus repuestos.
Este informe podría llevar a procesos penales contra Rodríguez, aunque tras su renuncia parece más cerca de ser exonerado que de enfrentar sanciones. Las direcciones utilizaron fondos de manera discrecional, violando los límites establecidos por el Decreto 3248/2025, superando el tope de ocho salarios mínimos para las «cajas chicas» y aumentando los montos asignados.
Las compras incluían bienes inventariables, lo que sugiere un intento de eludir los procesos regulados por la Ley de Contrataciones Públicas. Las cajas chicas debían ser para «compras de urgencia», pero se usaban para evadir controles.
Entre las adquisiciones «urgentes» estaban 43 lujosas lapiceras Parker y 252 repuestos. Cada bolígrafo costó G. 165.000, y los repuestos fueron pagados a valores superiores. Estas compras se realizaron en solo cuatro meses, sumando G. 20.489.000, principalmente por la Dirección de Secretaría Privada.
Se observaron pagos significativos por pintura, como el «pintura impermeabilizante Canatech», a un precio muy por encima del mercado. También se detectaron pagos por encuadernación y fotocopias mientras se compraban grandes cantidades de tóner y papel.
Además, una verificación del equipo interventor encontró irregularidades en la documentación de la «Caja chica», como facturas de comercios inexistentes. Los pagos por «encuadernaciones» alcanzaron G. 51.820.000 sin detalles específicos, sugiriendo irregularidades adicionales.
Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) destruyeron 10 hectáreas de plantaciones de marihuana en Canindeyú, eliminando unas 30 toneladas de la droga y desmantelando un campamento de narcotraficantes. Este operativo representa un golpe económico de más de 4,5 millones de dólares a las estructuras criminales.
El 31 de agosto de 2025, Senad informó sobre la operación en Yby Pyta, Canindeyú, donde se erradicaron cultivos ilícitos y se desarticuló el campamento narco. Se estima que la droga iba principalmente al mercado brasileño, y el impacto económico alcanzó los 4,5 millones de dólares.
Además de combatir el narcotráfico, estas acciones ayudan a prevenir la deforestación, beneficiando la conservación del medio ambiente.
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