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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió al publicar de manera apresurada el viernes un proceso de adjudicación por US$ 34 millones para el «arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios relacionados» para las elecciones municipales de 2026.

Este concurso, anunciado en la noche del viernes a las 20:34 en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece el lunes 3 de noviembre a las 8:00 como fecha para abrir las ofertas en el TSJE, dejando poco más de dos semanas para prepararlas.

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Anteriormente, en agosto, la Justicia Electoral había suspendido una licitación para comprar las máquinas de votación tras presiones del cartismo, optando sorprendentemente ahora por alquilarlas. En ese primer llamado hubo denuncias de intereses por parte de empresas cercanas al presidente Santiago Peña (ANR-HC), específicamente Comitia-MSA y Miru System.

Los opositores sugirieron que la decisión de alquilar en lugar de comprar busca evitar auditorías del código fuente, afectando la confianza. También se especulaba que el proceso anterior fue influenciado por Estados Unidos debido al uso de componentes chinos, considerados un riesgo de seguridad. En el nuevo pliego, se incluyó una cláusula que prohíbe componentes de países que no ofrecen trato recíproco a proveedores nacionales.

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El Ministerio de Educación y Ciencias otorgó un contrato de consultoría para desarrollar un nuevo Plan Nacional de Educación a la empresa EPLS SA, propiedad del pastor Isaías Vergara, quien se describe como asesor en desarrollo y liderazgo. Vergara fue asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, al menos entre 2023 y 2024. Para este plan, Ramírez dispone de casi 2 millones de dólares de los Fondos de Excelencia.

El miércoles pasado, el MEC organizó una reunión para «elaborar conjuntamente» las bases de este plan, después de haber invertido más de 23,000 millones de guaraníes en un plan anterior que no tuvo éxito. La consultoría se adjudicó a EPLS Desarrollo Organizacional SA, que tiene como representante legal a Esther Vergara. Isaías Vergara asistió a esta reunión, liderada por el ministro Luis Ramírez y realizada en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

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Vergara, quien en 2024 fue identificado como asesor de Ramírez, asistió también a reuniones con los consejeros del Fondo de Excelencia. Se cuestionaron los vínculos entre Ramírez y Vergara, pero no se obtuvieron respuestas. Dos entidades estatales, la Dirección General de Planificación y la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, gestionan el nuevo plan, pero no informaron los montos adjudicados a la consultora de Vergara. La asignación se realizó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no por Contrataciones Públicas, y se disponía de 1.73 millones de dólares del Fondo de Excelencia, de los cuales ya se han utilizado un millón.

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Manuel Doldán Breuer, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, ha solicitado a Brasil un informe sobre el estado del caso contra Wilson Acosta Marques, señalado como uno de los presuntos sicarios del periodista de ABC Pablo Medina. Wilson Acosta, hermano del autor intelectual del crimen, es el único que aún no ha sido juzgado por el asesinato, que también cobró la vida de Antonia Almada.

En una comunicación dirigida a la fiscalía brasileña, Doldán pide un informe actualizado del proceso legal contra Acosta Marques. En febrero, Doldán ya había recibido un informe donde se indicaba que la Fiscalía Penal n.º 28 de Cuiabá había presentado cargos contra Acosta Marques el 14 de enero de 2025, por violaciones del artículo 121, incisos I, IV y V del Código Penal, en dos ocasiones. La Defensoría Pública presentó su respuesta el 5 de febrero de 2025, dejando el caso listo para una decisión sobre si se elevará a juicio oral.

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Según las investigaciones en Paraguay, Wilson Acosta habría disparado al reportero de ABC Color, Pablo Medina, el 16 de octubre de 2014. Acosta fue detenido el 29 de mayo de 2020 en Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Su hijo, Flavio Acosta Riveros, disparó contra el vehículo de Medina, matando también a Antonia Maribel Almada Chamorro, de 19 años. Flavio fue arrestado el 9 de enero de 2016 en Pato Branco, Paraná, y condenado a 36 años de cárcel por el asesinato de Pablo.

Wilson y Flavio actuaron siguiendo órdenes de Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, el alcalde de Ypejhú en ese entonces. Vilmar fue arrestado en Brasil en 2015, extraditado a Paraguay y actualmente cumple una condena de 39 años en Tacumbú.

A diferencia de Vilmar, Wilson y Flavio no han sido extraditados debido a su nacionalidad brasileña, ya que Brasil no extradita a sus ciudadanos por disposición constitucional. Sin embargo, la cooperación entre Paraguay y Brasil permite que sean juzgados en su país de residencia por los delitos cometidos. En el caso de Flavio, se ha iniciado este proceso, aunque aún no se ha llegado a ese punto con Wilson Acosta Marques.

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