La escena política de Cerro Corá volvió a encenderse tras conocerse la postulación de la exconcejala municipal Lettiscia Castellano Rojas como precandidata a la Intendencia, pese a encontrarse procesada por un caso de tentativa de homicidio y bajo el régimen de prisión domiciliaria. La decisión generó una fuerte controversia social y reabrió el debate sobre la ética, la responsabilidad pública y los límites del ejercicio político en contextos judiciales sensibles.
Castellano, vinculada al movimiento Fuerza Republicana, busca regresar al escenario electoral mientras continúa vigente el proceso penal que se originó tras un atentado ocurrido en septiembre de 2025, cuando un hombre resultó herido por un disparo de arma de fuego desde una camioneta presuntamente relacionada con la entonces edil. La causa permanece abierta y aún existen personas prófugas vinculadas al hecho, lo que mantiene activa la investigación.
De acuerdo con las disposiciones judiciales, la exconcejala cumple arresto domiciliario, con autorización limitada para salir de su vivienda únicamente en horarios específicos y con fines estrictamente profesionales, sin habilitación para realizar actividades políticas ni proselitistas.
Este punto se convierte en uno de los principales focos de cuestionamiento, al considerar que su postulación podría contradecir las restricciones impuestas por la Justicia.
El expediente está actualmente en manos de la fiscala Katia Uemura, luego de sucesivos cambios en la conducción de la investigación, situación que también alimentó críticas y suspicacias en sectores ciudadanos y políticos.
En este contexto, la candidatura de Castellano no solo tensiona el escenario electoral local, sino que instala un debate más profundo sobre la transparencia institucional, el respeto a las medidas judiciales y la credibilidad de la administración pública en la región.