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El 5 de noviembre de 2025, la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) pidió al Gobierno de Paraguay que pague su deuda de más de 300 millones de dólares con las empresas constructoras. La FIIC apoyó a la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) en su demanda y advirtió que los retrasos en los pagos están deteniendo proyectos, provocando pérdida de empleos y afectando la confianza en el país.

Desde México, la FIIC, que representa a las cámaras de construcción de América Latina y el Caribe, emitió un comunicado respaldando al gremio paraguayo y urgiendo al gobierno de Santiago Peña a cumplir con sus obligaciones financieras de inmediato. La FIIC destacó que el desarrollo de infraestructura es crucial para el progreso económico y social, y que cumplir con los contratos es una responsabilidad ética y política.

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Además, la organización regional expresó su preocupación ante la paralización de obras, la pérdida de empleos y el debilitamiento del sector por el incumplimiento estatal. La FIIC insistió en que el cumplimiento de contratos es una obligación estatal, no solo un acto de buena voluntad.

Capaco confirmó que la deuda del Estado con las constructoras supera los 300 millones de dólares, incluyendo intereses. El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó que esta deuda incorpora certificados de obras no pagados y más de 110 millones en intereses. Señaló que, aunque parte del capital fue pagado por la administración actual, los intereses siguen pendientes, lo que obliga a las empresas a recurrir a préstamos y agrava su situación.

Heisecke afirmó que la situación refleja una doble problemática: impago de obras y acumulación de intereses, lo que afecta la sostenibilidad de las empresas y el empleo en el sector.

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El 5 de noviembre de 1982, hace 43 años, se abrieron por primera vez las 14 compuertas del vertedero de la central hidroeléctrica de Itaipú. Este evento marcó el inicio simbólico de la planta, que ya contaba con un embalse esencial para comenzar a producir energía eléctrica.

Representantes de la entidad paraguayo-brasileña consideraron esta apertura como una ceremonia de inauguración, después de haber realizado unas 50,000 horas de trabajo. Los mecanismos fueron activados por los dictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Joao Bapitista de Figueiredo de Brasil.

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Este evento también simbolizó la entrada de Itaipú en el exclusivo grupo de las megahidroeléctricas, siendo por mucho tiempo el complejo más grande del mundo. Según se informó, el 5 de mayo de 1984, siete meses después, la central empezó a producir sus primeros GWh e interconectarse con el sistema brasileño.

El vertedero se encuentra en la margen paraguaya del río Paraná. Las compuertas se abrieron completamente a finales de noviembre, cuando el caudal del río alcanzó los 20,000 metros cúbicos por segundo. Permanecieron así hasta agosto de 1983, cuando el caudal del río disminuyó a 15,000 metros cúbicos por segundo.

Entre 1982 y finales de noviembre de 1986, las tres canaletas estuvieron operativas el 85% del tiempo. Para construir la central de 195 metros de altura, se desvió el curso del río, se removieron 60 millones de m³ de tierra y piedra, y se utilizó una gran cantidad de acero.

A pesar de su tamaño, no se deben olvidar ciertas verdades, como la inundación del Salto del Guairá, el desplazamiento de comunidades indígenas y que Paraguay solo ha aprovechado el 10.04% de la energía generada desde 1984.

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El 5 de noviembre de 2025, a la una de la mañana, la bancada cartista en la Cámara de Diputados, como de costumbre, rechazó las solicitudes de informes de la oposición, afectando la transparencia.

La diputada Rocío Abed, líder cartista, se opuso a los pedidos de informes sobre el contrato del Instituto de Previsión Social (IPS) con un banco relacionado con la concesión del Parque de la Salud y sobre el arrendamiento de vehículos en Itaipú, cuya administración recae en Justo Zacarías Irún, su esposo. Así también, rechazó la solicitud referente a deudas del Ministerio de Salud con farmacéuticas y del Ministerio de Obras Públicas con contratistas. Asimismo, el diputado cartista Miguel Del Puerto se opuso a investigar a Petropar sobre la falta de entrega de gasoil prometida por Doha Holding Group, ligada a su presidente Eddie Jara.

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Miguel Martínez del PLRA comentó que «Petropar tiene más corrupción que combustible», pidiendo reconsideración. Raúl Benítez, independiente, acusó a Itaipú de financiar el carnaval del clan Zacarías, señalando que Abed busca ocultar el uso indebido de fondos públicos.

Además, Diosnel Aguilera del PLRA lamentó que la dictadura se haya apoderado de la Cámara Baja, limitando el acceso del público a la información. Rocío Vallejo del PPQ expresó que en este periodo legislativo se está afectando la institucionalidad y democracia al impedir los informes solicitados por la oposición. La parlamentaria recordó que «oponerse simplemente por oponerse no es correcto» y resaltó que «todos somos iguales y tenemos un voto».

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