Nacionales
Celdas VIP en Emboscada: jueza detalla la inspección que provocó el escándalo
En diálogo con ABC Cardinal este martes, la jueza Luz Rosana Bogarín describió la visita que realizó junto a otras magistradas a la penitenciaría de Emboscada Antigua la semana pasada. Allí, descubrieron celdas VIP accesibles mediante pagos y comentó sobre cómo la ley regula las inspecciones judiciales y del Ministerio de Justicia en las instituciones penales.
Esta revelación provocó un escándalo en el Ministerio de Justicia, al hacerse público que las juezas encontraron privilegios para ciertos presos en Emboscada Antigua, quienes disfrutan de celdas con lujos y comodidades que superan las del resto de los reclusos.
Durante la inspección, que incluyó una revisión aleatoria de las áreas y pabellones, las autoridades penitenciarias intentaron dirigir a las juezas lejos de ciertas zonas. Las magistradas notaron que una zona estaba cerrada con candado y exigieron ingresar, enfrentando la resistencia del personal penitenciario, quienes no colaboraron ni informaron sobre los internos de esa área.
Las juezas encontraron celdas con lujos como televisores con cable, aire acondicionado y cocinas bien equipadas. La jueza Bogarín relató que incluso encontraron a un interno trabajando en la construcción de una nueva celda "privada".
Estas celdas, generalmente reservadas para visitas conyugales, estaban siendo utilizadas por presos que pagaban por los privilegios, con cuotas mensuales de hasta 300.000 guaraníes. Durante la inspección, se encontraron internos de alto perfil vinculados al narcotráfico, como Fernando Balbuena y Raibel Joselin Reyes, entre otros.
El director del penal, Humberto Renée López, no ofreció explicaciones sobre estas irregularidades, y según la jueza Bogarín, intentó restarle importancia a la situación. Ella destacó que lo cuestionable es la desigualdad y los privilegios para algunos presos.
El Ministerio de Justicia inició una auditoría tras el hallazgo. La jueza Bogarín explicó que el Código de Ejecución permite a magistrados y al Ministerio de Justicia realizar inspecciones trimestrales para evaluar las condiciones penitenciarias, asegurando que las visitas no coincidan en fecha. Aunque las juezas planearon una nueva visita con refuerzos de seguridad, debieron cancelarla por la apertura de la auditoría que impide inspecciones simultáneas.
Más de dos años después del inicio del gobierno de Santiago Peña, la situación de las empresas públicas empeora, acumulando pérdidas significativas, como ocurre con Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las auditorías más recientes del año 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló que las críticas y el descontento de la ciudadanía están justificados debido a los deficientes servicios de las empresas estatales y la falta de transparencia y evaluación de resultados, así como la carencia de planificación futura.
Borda sugirió que es el momento para que las empresas públicas firmen contratos de gestión con el Consejo Nacional de Empresas Públicas y divulguen sus resultados. Se destacó que las auditorías externas de 2024 muestran pérdidas millonarias, y se cuestionó quién decidió llevar a cabo estas auditorías.
Durante el gobierno de Fernando Lugo se creó el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que fue aprobado en el Congreso y se implementó con la Ley 5058 en 2013. Borda cuestionó si este consejo sigue activo y confirmó que debe ejercer funciones de asesoramiento y apoyo en la gestión de las entidades públicas.
El consejo incluye al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión. Sin embargo, Borda indicó que se han ignorado estos temas durante varios gobiernos, ya que no se reúnen ni ejercen sus funciones conforme a la ley.
El caso de Petropar es significativo debido a un proceso de compra urgente prorrogado nueve veces, sin explicaciones públicas. La empresa, sin ser privada, extendió un contrato con una firma catarí por 61 millones de dólares hasta febrero de 2026.
Preocupa además que la tendencia a la baja de los precios de los combustibles y la depreciación del dólar no se reflejen en una baja de precios internos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aún no ha dado conclusiones, y el Congreso no ha llamado al presidente de Petropar, Eddie Jara, pese a un aumento significativo en su patrimonio.
Otras empresas como Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa carecen de planes y no rinden cuentas. Borda cuestionó dónde está el CNEP y sus recomendaciones legales.
Sobre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Borda mencionó una propuesta de ajuste tarifario para sectores electrointensivos e industriales en 2026. Itaipú no ha cumplido con transferir 300 millones de dólares anualmente, y se reporta una pérdida energética del 21,9% en 2024.
Un experto retirado de la ANDE destacó la necesidad urgente de mejorar la rentabilidad y gestión para cubrir costos e inversiones, con una rentabilidad negativa consistente en los últimos años.
Borda subrayó que la falta de planificación a mediano y largo plazo provoca reacciones en la ciudadanía y enfatizó que el CNEP debe actuar ante las crisis de las empresas estatales. Señaló que los criterios políticos siguen prevaleciendo sobre los técnicos, resultando en servicios públicos inadecuados.
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
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