Nacionales
Caso AMIA: Juez confirma medidas contra libaneses e involucra a la Senabico
La medida cautelar firmada por el juez penal Osmar Legal se emitió en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal por parte de la Procuración General de Argentina. Esta solicitud fue realizada por el fiscal Sebastián L. Basso en relación con la investigación del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertes.
La solicitud busca congelar los bienes de Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman. Esto se aplicó por primera vez en 2023 por el juez Gustavo Amarilla, ahora en el Tribunal de Apelación. Mouzannar, con cédula paraguaya y residente en Ciudad del Este, negó su implicación en el ataque y pidió levantar las restricciones.
Mediante el Auto Interlocutorio N° 183 del 19 de mayo de 2024, a solicitud de los fiscales Federico Delfino y Francisco Cabrera, el juzgado reafirmó la prohibición de vender y gravar bienes de los mencionados ciudadanos libaneses. Esta medida afecta a las empresas Agrogado S.A., Polo Modas S.A., Agroganadera Santa Felicidad S.A., y Flor de Lis S.A., donde tienen acciones.
Recientemente, empresarios vinculados a estas firmas solicitaron levantar parcialmente las medidas, argumentando que no están relacionados con el caso y que las restricciones afectan sus operaciones.
Ellos afirman que no son dueños de todas las acciones y no fueron informados de las medidas hasta que se vieron impedidos de completar una transacción de inmuebles pertenecientes a Agrogado S.A. en 2021.
El juez Osmar Legal decidió mantener restricciones sobre Mouzannar, afectando un porcentaje específico de acciones en cada empresa. Además, ordenó que la Senabico administre dichos bienes en representación de Mouzannar y Salman junto con otros socios. Las empresas Agrogado S.A., Polo Modas y Flor de Lis están ubicadas en Paraguay y se dedican principalmente a la ganadería e inmobiliaria.
Nacionales
Carapeguá: la 4ª edición del Festival Folclórico “Frazada de Trapo” es declarada de interés turístico y cultural
El 31 de octubre de 2025 a las 17:22, se anunció que el Festival Folclórico Frazada de Trapo, en Carapeguá, departamento de Paraguarí, recibió reconocimiento como interés turístico nacional por la Senatur, cultural por la SNC y departamental por la Gobernación. La cuarta edición tendrá lugar el domingo 2 de noviembre en el Polideportivo del Colegio San Alfonso.
Carapeguá, conocida como la “Capital del Poyvi” por su producción textil artesanal, se alista para un festival cultural que celebrará el arte popular y la identidad paraguaya. Durante el evento, los artesanos mostrarán una colección de frazadas de trapo. El festival busca promover la artesanía carapegüeña y la música nacional, y la entrada será libre.
Organizado por la Asociación de Artesanos de Potrero y los gestores culturales Jessica María Cabello y Eduardo Vera, el evento tiene como objetivo revalorizar las tradiciones artesanas del país. También se ofrecerán productos derivados como almohadones y cartucheras con precios accesibles para generar ingresos a las artesanas.
La gastronomía paraguaya tendrá un espacio destacado, brindando platos locales para acompañar la música y las artes. Jessica María Cabello, coordinadora del festival, destacó que el evento rinde homenaje a los artesanos vivos y fomenta el turismo local.
Se llevará a cabo una ceremonia de reconocimiento a artesanas destacadas como Rosa Arce y Nilda Martínez, y al joven Alexis Caballero por su investigación sobre las frazadas de trapo.
El festival comenzará a las 10:00 y presentará diversas actividades hasta la medianoche, incluyendo actuaciones de la Orquesta Típica Villa del Sol, Iván Caballero, la Academia de Danza Vidance, y más.
A los 19 años, Thiago Javier Órtola Peralta enfrentó su primera condena por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso, recibiendo una pena de 28 años de prisión. El Tribunal, liderado por Federico Ortiz junto a Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, falló en su contra debido a un incidente en el barrio Santa Ana ocurrido un año atrás.
La fiscala Laura Finestra presentó la acusación contra Órtola y su hermano menor, involucrándolos en un ataque el 8 de octubre de 2024. En el evento, mientras Órtola esperaba en una moto, su hermano disparó contra Héctor Daniel Sosa y otros presentes en una vivienda, causando la muerte de Sosa por un traumatismo craneal y hiriendo a José Ignacio Valdez.
Órtola negó su participación, argumentando que no hablaba guaraní ni sabía conducir moto. A pesar de su defensa, fue condenado, mientras su hermano, por ser menor, enfrenta un juicio con una posible pena máxima de 8 años.
El Tribunal destacó la indiferencia de Órtola hacia la vida y su historial delictivo, subrayando que nunca se ajustó a las normas sociales. Thiago, conocido como líder de la Banda de Órtola, ha estado implicado en varios delitos. Fue detenido en enero tras un operativo, habiendo escapado previamente del Centro Educativo de Itauguá con otros reclusos.
Nacionales
Filizzola critica la «privatización encubierta de la salud» y objeta licitación en oftalmología
31 de octubre de 2025 – 14:50
El senador Rafael Filizzola (PDP) acusó de llevar a cabo una "privatización silenciosa" de los servicios de salud pública debido a irregularidades en un contrato de atención oftalmológica por G. 200.000 millones, otorgado al Consorcio Conofta. Filizzola solicitó un informe al Ministerio de Salud para justificar las acciones.
La polémica sobre la tercerización de servicios por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Cardiológico de Corrientes resurgió con un convenio firmado el 1 de septiembre con el Consorcio Conofta. Filizzola destacó como alarmante este contrato para servicios oftalmológicos.
En redes sociales, Filizzola comentó sobre la Licitación N° 34/2025, adjudicada al Consorcio Conofta por un total de G. 200.000 millones (alrededor de US$ 28.3 millones) para cirugías oftalmológicas, insumos y equipos durante tres años.
Los representantes legales del consorcio incluyen a Carlos José Herman Jara, Christian Aldo Harrison Paleari, y Cristian Raúl Achucarro González, entre otros.
Costos Exorbitantes
La denuncia del senador se centra en los elevados costos del contrato firmado con Conofta, compuesto por proveedores históricos del sector público como GT Scientific SA y Distribuidora La Policlínica SA, siendo superiores a los del mercado privado:
| Procedimiento | Costo en Contrato | Costo en Sector Privado |
|---|---|---|
| Cirugía de Cataratas | G. 9.850.000 | G. 7.000.000 |
| Cirugía de Vitrectomía (Retina) | G. 26.300.000 | G. 16.500.000 |
Filizzola afirmó que, mientras el Ministerio de Salud enfrenta deudas grandes y hospitales carecen de insumos, el gobierno invierte en tercerizaciones que parecen negocios ocultos. Criticó esta estrategia como un “despilfarro y entrega de servicios públicos”, advirtiendo sobre consecuencias graves como:
- Doble gasto: Salarios públicos y servicios tercerizados a precios altos.
- Pérdida de autonomía: Dependencia de hospitales recién inaugurados de servicios privados.
- Dependencia total: Uso de empresas privadas para un servicio que debería ser público.
El senador Filizzola presentó un pedido de informe al Ministerio de Salud solicitando:
- Justificación de precios elevados.
- Razones para tercerizar.
- Detalles sobre quién realizará las operaciones.
- Impacto en la formación de médicos residentes.
- Documentación completa del proceso de licitación.
Filizzola finalizó su denuncia afirmando que "la salud pública no es mercancía. Los hospitales no son negocios."
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