Publicidad

La medida cautelar firmada por el juez penal Osmar Legal se emitió en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal por parte de la Procuración General de Argentina. Esta solicitud fue realizada por el fiscal Sebastián L. Basso en relación con la investigación del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó 85 muertes.

La solicitud busca congelar los bienes de Hussein Mounir Mouzannar y Abdallah Salman. Esto se aplicó por primera vez en 2023 por el juez Gustavo Amarilla, ahora en el Tribunal de Apelación. Mouzannar, con cédula paraguaya y residente en Ciudad del Este, negó su implicación en el ataque y pidió levantar las restricciones.

Publicidad

Mediante el Auto Interlocutorio N° 183 del 19 de mayo de 2024, a solicitud de los fiscales Federico Delfino y Francisco Cabrera, el juzgado reafirmó la prohibición de vender y gravar bienes de los mencionados ciudadanos libaneses. Esta medida afecta a las empresas Agrogado S.A., Polo Modas S.A., Agroganadera Santa Felicidad S.A., y Flor de Lis S.A., donde tienen acciones.

Recientemente, empresarios vinculados a estas firmas solicitaron levantar parcialmente las medidas, argumentando que no están relacionados con el caso y que las restricciones afectan sus operaciones.

Ellos afirman que no son dueños de todas las acciones y no fueron informados de las medidas hasta que se vieron impedidos de completar una transacción de inmuebles pertenecientes a Agrogado S.A. en 2021.

El juez Osmar Legal decidió mantener restricciones sobre Mouzannar, afectando un porcentaje específico de acciones en cada empresa. Además, ordenó que la Senabico administre dichos bienes en representación de Mouzannar y Salman junto con otros socios. Las empresas Agrogado S.A., Polo Modas y Flor de Lis están ubicadas en Paraguay y se dedican principalmente a la ganadería e inmobiliaria.

Publicidad

Publicidad

En medio de la crisis con los conductores de transporte que han anunciado una huelga para el 3 y 4 de septiembre, al ser dejados fuera del debate sobre la reforma del sistema, el viceministro Emiliano R. Fernández viajó a Chile para presentar la iniciativa como un progreso en movilidad sostenible.

Durante la crisis del transporte público, el viceministro Emiliano R. Fernández participó en el evento Latam Mobility Cono Sur 2025 en Chile. Entretanto, la Federación de Trabajadores del Transporte confirmó una huelga para los primeros días de septiembre debido a su exclusión del proyecto de reforma presentado al Senado. Fernández defendió el plan como un “proceso de transformación” para el beneficio ciudadano.

El evento, que se llevó a cabo en Santiago de Chile, reunió a autoridades para discutir sobre movilidad sustentable. En el panel “Más allá de la conversación: ¿cómo concretar la movilidad sostenible en la región?”, Fernández presentó los principales puntos del proyecto paraguayo, actualmente en evaluación en el Congreso Nacional y que se implementará a largo plazo.

“Estamos en un proceso de transformación que demanda una flota de calidad y un modelo de gobernanza coordinada. Los desafíos son no solo institucionales y financieros, sino también de seguridad jurídica, ya que la electromovilidad requiere grandes inversiones iniciales”, expresó Fernández, subrayando que la propuesta prioriza el bienestar ciudadano.

Fernández señaló que el bienestar implica la reducción de tiempos de espera y mayor eficiencia, basándose en modelos regionales como el de Chile, donde la separación de activos estratégicos ha permitido un esquema de financiamiento más sólido.

Sin embargo, en Paraguay, el plan enfrenta resistencia gremial. La federación de trabajadores ha denunciado que el gobierno los ha excluido del diálogo y advirtió que la reforma favorece solamente a intereses empresariales. La huelga coincide con el inicio del tratamiento del proyecto en el Senado.

Mientras tanto, en Chile, Fernández destacó que el plan paraguayo se enriquece con las experiencias de países como México y Chile, donde la intermovilidad y el transporte eléctrico progresan rápidamente. “Chile demuestra que un sistema de calidad es posible cuando existe institucionalidad y planificación”, afirmó.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno exhibe el proyecto en el extranjero como un éxito de modernización, en Paraguay los choferes paralizarán el servicio para exigir ser escuchados en la discusión sobre el futuro del transporte.

Advertisement

Publicidad

Condenan a cinco años de prisión a Carlos Franco Benítez

El exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (AFESSAP), Carlos Franco Benítez (ANR-HC), fue sentenciado a cinco años de cárcel. Se comprobó que desvió fondos para su campaña política mientras lideraba la asociación de empleados.

El Tribunal de Sentencia, encabezado por Elsa García, junto con los jueces Matías Garcete y Yolanda Morel, determinó su culpabilidad en un caso de estafa que afectó a más de 120 trabajadores.

Publicidad

En el juicio se verificó que Franco Benítez utilizó dinero para su campaña hacia la Junta Municipal de Yuty, en Caazapá.

El tribunal concluyó que Franco causó un daño patrimonial de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit. Este perjuicio se debió a un convenio mal manejado que debía facilitar créditos a empleados de la ESSAP a través de deducciones bajo el gremio.

La fiscal Belinda Bobadilla demostró que en 2021, Franco emitió órdenes de crédito a personas ajenas a la asociación, incumpliendo el acuerdo que establecía que dichos créditos se destinarían exclusivamente a funcionarios de la ESSAP, para asegurar el cobro automático de las cuotas mediante sus salarios, lo que no se cumplió y ocasionó un gran daño patrimonial.

Publicidad