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El 30 de octubre de 2025, el Instituto de Previsión Social (IPS) asignó rápidamente un contrato para un software de gestión integral de sus áreas de Aporte Obrero Patronal y Recaudaciones por un valor de G. 122.767.470.305 (US$ 17,3 millones), pese a las quejas recibidas. En menos de un mes, desde el anuncio hasta la adjudicación, se benefició a las únicas empresas participantes: Infocenter SA y Softshop SA.

Recientemente, el Consejo de Administración del IPS finalizó la licitación para este servicio (ID 474838), adjudicando el total mencionado a las dos empresas postulantes. Los montos adjudicados fueron para Infocenter SA con el Lote N° 1 (software y licencias) y Softshop SA con el Lote N° 2 (infraestructura de hardware).

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En todo el proceso hubo reclamos, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La convocatoria se hizo el 28 de septiembre, y pese a las críticas por la falta de competidores, el 28 de octubre se adjudicó a las empresas tecnológicas mencionadas.

Infocenter SA recibió el Lote 1 para implementar el sistema de gestión integral y adquirir licencias del software SAP por G. 112.372.470.305. El Lote 2 fue para Softshop SA con la provisión de hardware IBM por G. 10.395.000.000. La resolución fue firmada por el presidente del IPS y algunos miembros del consejo, pero no por otros presentes.

Intentamos comunicarnos con los firmantes y algunos consejeros que no firmaron, sin éxito. Carlos Pereira se excusó mediante un mensaje. Por otra parte, las protestas al proceso fueron desestimadas por la DNCP basándose en cuestiones formales.

Además, el IPS enfrenta otros cuestionamientos, incluyendo una licitación para alimentos en el Hospital Ingavi, por más de G. 26.561 millones, la cual está suspendida.

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En la dimensión de beneficios se incluye el acceso a seguro médico o jubilación; si un trabajador tiene alguno, se le asigna un valor de 1. En el área de Ingreso, se analiza si el salario supera la línea de pobreza de clase media baja (US$ 8,30 diarios, según el Banco Mundial). La Satisfacción mide la conformidad con el trabajo, y la Seguridad evalúa la estabilidad laboral a través de la posesión de un contrato o más de tres años de antigüedad.

En un análisis general, el ICE total subió de 0,54 en 2011 a 0,58 en 2024, lo que muestra una ligera mejora en la calidad del empleo en Paraguay. Este avance, sin embargo, es moderado y se debe principalmente a mejoras en beneficios e ingresos, mientras que satisfacción y seguridad se mantienen estables.

Por sectores, las diferencias son notables. En agricultura, el ICE pasó de 0,31 a 0,34, destacando la continua precariedad laboral. El principal obstáculo radica en los beneficios, que apenas aumentaron de 0,01 a 0,07, indicando un acceso limitado a seguro médico o jubilación. Los ingresos crecieron de 0,45 a 0,50, pero continúan por debajo del promedio nacional. La satisfacción bajó ligeramente de 0,94 a 0,88, y la seguridad se mantuvo en 0,84, sugiriendo estabilidad en el empleo, aunque bajo condiciones poco protegidas.

Por otro lado, el sector industrial muestra el progreso más positivo. Su ICE subió de 0,64 en 2011 a 0,67 en 2024, debido a mejoras en beneficios (de 0,20 a 0,25), ingresos (de 0,91 a 0,93) y seguridad laboral de 0,65 a 0,69. La satisfacción permaneció en 0,93, indicando una percepción positiva estable entre los trabajadores industriales. El sector manufacturero sigue siendo uno de los de mejor calidad de empleo, aunque con retos continuos en formalización y acceso a protección social.

El sector de servicios presenta una situación relativamente favorable. Su ICE se mantuvo en 0,66 entre 2011 y 2024, reflejando un estancamiento en la calidad promedio. Sin embargo, los beneficios aumentaron de 0,30 a 0,32, los ingresos se mantuvieron altos (0,87 ambos años) y la seguridad en 0,74. La satisfacción disminuyó ligeramente de 0,91 a 0,89.

Comparando las dimensiones, los beneficios muestran los valores más bajos en todos los sectores, alcanzando solo 0,26 en 2024 a nivel nacional, destacando la limitada cobertura de seguridad social, especialmente entre trabajadores agrícolas e informales. En contraste, la satisfacción es la dimensión con mayor puntuación (0,85 en 2024), posiblemente ligada a una percepción de estabilidad o expectativas moderadas respecto a las condiciones laborales.

La seguridad laboral, con un valor constante de 0,71 entre 2011 y 2024, sugiere que la proporción de empleos permanentes no ha variado significativamente. Los ingresos mejoraron ligeramente de 0,74 a 0,78, impulsados por el crecimiento económico y el desarrollo de ciertos sectores formales.

Finalmente, el Índice de Calidad del Empleo, basado en la metodología del Banco Mundial, indica que la calidad del trabajo en Paraguay mejoró levemente entre 2011 y 2024, aunque persisten brechas sectoriales. La industria y los servicios presentan el mejor desempeño general, mientras que la agricultura sigue rezagada. Las mejoras en ingresos y beneficios no han sido suficientes para compensar la falta de seguridad social y la persistente informalidad, especialmente en áreas rurales. Estos resultados resaltan la necesidad de políticas que fortalezcan la formalización laboral y amplíen la cobertura de protección social para elevar la calidad del empleo en el país.

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Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

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El 30 de octubre de 2025, en horas de la madrugada, vecinos del barrio Republicano denunciaron que una familia ocupó la casa de una joven madre durante su ausencia tras el fallecimiento de su padre. La Comisión Vecinal Guillermo Campos se unió a la protesta, demandando la intervención del Ministerio Público. La propietaria afirmó que los ocupantes son sus vecinos.

La joven afectada, Yemima Colmán, de 18 años, vive en el área con su hijo de ocho meses. La casa, situada en las calles Marietta Carnevale y 23 Proyectada, fue presuntamente ocupada mientras Yemima estaba temporalmente en casa de su madre. Según los vecinos, los invasores participaron del velorio de su padre, ocurrido tres meses atrás.

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Isidora Benítez Sosa, integrante de la comisión, apoyó a Yemima, afirmando que la invasión ocurrió mientras ella estaba con su madre. Aseguró que la propiedad está correctamente registrada a nombre del fallecido, quien es el único titular legal. La Fiscalía, bajo el cargo del fiscal Gustavo Riveros, ya está involucrada, y tienen una cita al día siguiente.

Además, Benítez Sosa resaltó que los invasores tienen antecedentes de situaciones similares. “Ya tuvieron condena con suspensión”, comentó.

Yemima, entre lágrimas, contó que sus vecinos rompieron el candado de su casa y arrojaron sus pertenencias al arroyo cercano. Identificó a Thiago Emanuel Bernal Barreto como uno de los ocupantes, junto a su familia. Los vecinos exigen la acción urgente del Ministerio Público y de las autoridades locales para devolver la vivienda a su dueña y evitar futuros incidentes.

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