Cámara de Senadores declara emergencia ante casos alarmantes de abuso infantil.

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Ante la creciente problemática de casos de abuso sexual infantil en todo el país, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de emergencia contra este flagelo. El informe revela que se atienden ocho víctimas diarias, siendo el 71% mujeres y el 29% hombres, con mayor incidencia en adolescentes de 14 a 17 años.

Los departamentos con mayor cantidad de denuncias por abuso infantil son identificados en el informe presentado ante la Cámara de Senadores, destacando la urgencia de tomar medidas para proteger a la niñez y adolescencia en estos territorios. Se destaca la necesidad de brindar apoyo y asistencia a las víctimas, así como fortalecer las políticas de prevención y erradicación del abuso sexual infantil en todo el país.

Las cifras reportadas son alarmantes, lo cual ha motivado a las autoridades a declarar estado de emergencia nacional para hacer frente a esta situación. Además, se hace hincapié en la importancia de la educación y concientización sobre la gravedad de este problema, involucrando a la sociedad en su conjunto en la lucha contra el abuso sexual infantil.

La aprobación unánime de este proyecto en la Cámara de Senadores refleja la preocupación y el compromiso de las autoridades para proteger a los niños y adolescentes de nuestro país. Se espera que esta medida genere un impacto positivo en la reducción de casos de abuso sexual infantil y promueva un entorno seguro y protector para la infancia.

El informe presentado destaca la importancia de promover la denuncia de casos de abuso sexual infantil y brindar el apoyo necesario a las víctimas para su recuperación. Asimismo, se enfatiza en la necesidad de implementar políticas públicas eficaces que contribuyan a la erradicación de esta problemática que afecta a la sociedad en su conjunto.

La aprobación de este proyecto de emergencia contra el abuso sexual infantil es un paso importante en la lucha contra este flagelo, que afecta a miles de niños y adolescentes en todo el país. Se espera que esta medida sea el inicio de un cambio significativo en la protección de la niñez y adolescencia, garantizando su integridad y bienestar en la sociedad.