Con el propósito de esclarecer la crítica situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe. Desde el 2022, la institución ha estado prorrateando los pagos a jubilados y pensionados, mientras su Consejo de Administración evita convocar elecciones desde 2024 mediante artimañas legales.
La Cámara de Diputados solicitó un informe detallado a la Caja, encabezada por el imputado Venancio Díaz Escobar, quien dispone de 15 días para entregar la información requerida. La iniciativa fue impulsada por la diputada Rocío Vallejo (PPQ), quien ha seguido de cerca la problemática de la caja, que recientemente pagó haberes correspondientes al mes de abril.
El informe debe incluir un análisis sobre el estado de los pagos jubilatorios y los retrasos en los mismos, así como las acciones que se están implementando para mejorar la administración de la entidad. Los legisladores también demandaron conocer el plan de trabajo para asegurar el cumplimiento de los beneficios a sus afiliados y el número de aportantes activos.
Los jubilados han demandado, desde hace años, que se intervenga la institución y se realicen elecciones para renovar el Consejo de Administración. Este grupo ha logrado postergar la elección desde octubre de 2024 empleando diversas tácticas legales. Varios de sus miembros, incluyendo a Díaz Escobar, buscan continuar en la próxima administración, a pesar de estar imputados por delitos relacionados con la gestión de la caja.
Asimismo, el presidente Santiago Peña no ha tomado medidas para que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones intervenga, mientras el Consejo de Administración vende bienes institucionales a precios bajos. Según los datos disponibles, la Caja Municipal de Jubilaciones cuenta actualmente con 2.510 beneficiarios y cerca de 9 mil aportantes activos, habiendo cumplido recientemente con el pago correspondiente a sus jubilados.
