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Los habitantes nativos del Departamento de Amambay se han instalado en Cruce Bella Vista y han vuelto a cerrar la Ruta PY-05 como forma de protesta. Anunciaron que el bloqueo se extenderá hasta las 18:00. Exigen la reapertura de la sede central del Indi en Asunción y la destitución de su actual director.

En el contexto de la movilización indígena, los manifestantes de Amambay han decidido cerrar nuevamente la Ruta PY-05, que conecta con el departamento de Concepción. Según los líderes, la carretera estará cerrada hasta las 18:00, pero planean regresar durante el día en los próximos días hasta que el Gobierno escuche sus demandas. Esto ha dejado varados a varios vehículos, incluidos autobuses de pasajeros.

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Silvino Mendoza, uno de los líderes, mencionó que el presidente actual del Indi, Juan Ramón Benegas, perjudicó a las comunidades indígenas al cerrar la oficina central. Comentó que si reabren la oficina y reemplazan al presidente del Indi, abandonarían la ruta rápidamente.

La protesta permite únicamente el paso de ambulancias o vehículos que transporten a personas enfermas, según señaló el líder indígena.

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Al menos 31 personas están detenidas tras la fuerte represión policial ocurrida anoche durante las protestas de la «Generación Z». Un grupo de jóvenes sigue en vigilia frente a la Agrupación Especializada, esperando noticias de sus compañeros. La Fiscalía comenzó su intervención esta mañana.

Según el informe oficial, hay 31 detenidos en diferentes comisarías tras la marcha de la Generación Z en el microcentro de Asunción, acusados de generar disturbios y alterar la paz pública. Un grupo de manifestantes sigue esperando respuestas sobre los detenidos.

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Una de las jóvenes criticó la acción de la Policía, incluyendo a los Linces y la Caballería, calificándola de detestable. Aseguró que, aunque la prensa dijo que protegerían la manifestación, fueron reprimidos brutalmente.

Explicó que las detenciones fueron injustas y hay muchos videos que lo prueban. «Su error fue manifestarse ante la situación en Paraguay. Estamos decayendo, los trabajadores y jubilados están siendo saqueados, y la salud y educación están siendo recortadas,» lamentó.

Otra joven relató que fue detenida sin motivo durante una redada. «Tuve que poner las manos contra la pared y mostrar mis documentos. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en la Comisaría. Me liberaron, pero al salir me detuvieron de nuevo, acusándome de vandalismo, algo que refuto totalmente,» detalló.

El grupo de manifestantes afirmó que permanecerán frente a la Agrupación Especializada hasta que todos los detenidos sean liberados.

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El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación al Congreso el 25 de agosto. Ahora está en revisión en la Comisión Bicameral de Presupuesto, que debe emitir su dictamen a finales de octubre.

La propuesta asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento del 12% respecto al presupuesto inicial 2025, que equivale a G. 15,9 billones adicionales (US$ 2.026 millones).

Dentro del total, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se le asignaron G. 6,9 (US$ 878,3 millones al cambio presupuestado), una reducción del 2,07% respecto al presupuesto inicial 2025. Autoridades del MOPC expresaron preocupación sobre la disminución en inversión física, que está relacionada con cumplir la meta fiscal de un déficit de 1,9% del PIB este año y 1,5% el próximo, según la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Esta reducción afecta la inversión física planeada, con un recorte de US$ 368 millones, un 7% menos que en 2025.

Consultado sobre los recortes, el exministro de Hacienda Dionisio Borda expresó que estos afectan directamente el empleo. Criticó que el déficit se reduzca a expensas de la disminución de oportunidades laborales, diciendo «es desvestir a un santo para vestir otro».

Borda recordó que el presidente Santiago Peña prometió crear 500.000 empleos, pero en el Día de la Juventud los jóvenes pidieron trabajo y el fin del clientelismo político.

Comentó que el ingreso de la mayoría se ve afectado, ya que «no hay circulante» y los precios suben. “La inflación de alimentos es cuatro veces superior al IPC”, sostuvo.

Borda criticó la insensibilidad social del gobierno y mencionó que el 64,1% de los trabajadores son microempresarios y el 9,7% son pequeñas empresas, según el Instituto Nacional de Estadística.

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Destacó que Paraguay está rezagado en innovación, ocupando el puesto 103 de 139 en un índice de la OMPI, y criticó la alta cantidad de empleados públicos comparado con profesionales en sectores como salud y seguridad social.

Sobre el presupuesto social, Borda señaló que el Ministerio de Desarrollo Social no presenta rendición de cuentas apropiada. Indicó que el Ministerio de Salud tiene solo el 2,5% del PIB, cuando debería ser el 6%, y que el Ministerio de Educación tiene un poco más, el 4,3% del PIB.

Reiteró que el presupuesto de obras públicas, clave para el empleo, está descuidado, y los constructores están preocupados por la baja ejecución y retrasos en pagos.

Explicó que 17 municipios concentran la mayoría de la pobreza en el país. Señaló que el 30% de los jóvenes son pobres y el 13% son «NINI», ni trabajan ni estudian, y lamentó la inacción del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, Borda compartió la preocupación de la Cámara Nacional de Comercio sobre la sostenibilidad financiera del Estado y de la población, mencionando que la gente vive endeudada y «tarjeteando», pagando solo el mínimo requerido.