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La propuesta para autorizar a la Fuerza Aérea Paraguaya a derribar aviones ilegales vuelve a ser discutida en el Congreso. Esto ocurre tras la publicación de un video del Comando Sur de EE.UU. mostrando un ataque contra una embarcación relacionada con el Tren de Aragua.

El debate sobre la «ley de derribo de aviones» resurge luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, compartiera en Truth Social un video donde el Comando Sur intercepta y destruye una embarcación con un misil. El ataque resultó en once muertes de miembros del Tren de Aragua, clasificado como grupo terrorista.

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El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño reafirmó su respaldo al proyecto, actualmente en el Senado, presentado por Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Líder Amarilla y otros legisladores.

Anteriormente, una propuesta de Rubén Rubin en Diputados para permitir que la Fuerza Aérea Paraguaya derribe aviones que ingresen ilegalmente fue rechazada. El ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que el Poder Ejecutivo no apoyará la aprobación de tal ley, que solo permite el derribo de aeronaves si representan una amenaza directa.

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El Senado decidió aplazar el miércoles la discusión sobre una declaración que solicita un análisis del mercado de la cadena cárnica. Esta iniciativa busca evaluar la competencia y el rendimiento del sector.

El proyecto, impulsado por el senador liberal Éver Villalba, propone que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) realice dicho estudio y sugiere que el Poder Ejecutivo fomente la creación del Instituto Nacional de la Carne.

Eduardo Barros, presidente del directorio de Conacom, indicó que ya llevan ocho meses trabajando en un análisis de la cadena cárnica, alcanzando un avance del 80%.

«Este proyecto de ley se ajusta a las facultades del Senado de promover ciertos temas. La Conacom está efectuando un estudio de mercado que está bastante avanzado», comentó.

Barros explicó que el mercado de la carne es muy cíclico, afectando a toda la cadena cuando los productores piden mejores precios.

El sector incluye varios componentes: productores, industria, supermercados y consumidores. Se han realizado reuniones con los productores, la industria y los supermercados para analizar la información recopilada.

Por otro lado, Ramiro Maluff, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), señaló que fueron convocados por la Conacom para proporcionar datos referentes al estudio en curso y considera este proceso como positivo.

A pesar de esto, expresó preocupación por los proyectos de ley relacionados con la carne debido a su efecto mediático, sosteniendo que el mercado debe operar libremente sin leyes adicionales.

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El proyecto también propone que la Conacom realice un «estudio de mercado sectorial» para analizar aspectos como la concentración, la integración vertical, el poder de mercado y posibles conductas colusorias.

Asimismo, sugiere que el Poder Ejecutivo avance en la creación de un organismo técnico que unifique al Estado y al sector privado en acciones coordinadas, con el fin de desarrollar estadísticas y análisis de la cadena de valor incluyendo costos, márgenes, y trazabilidad.

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Luis Enrique Chase Plate, profesor y diplomático y padre del senador colorado cartista Natalicio Chase, encabeza la lista de candidatos para el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), dentro del grupo liderado por Jorge Bogarín Alfonso, quien ha sido señalado como significativamente corrupto por el Gobierno de los EE. UU. Junto a Chase Plate, figura como segunda en la lista la jueza civil Karen González, esposa del acusado por los EE. UU. de corrupción, quien busca su reelección en el consejo.

El 24 de junio de 2024, Chase Plate, de 85 años, fue distinguido como hijo ilustre de Asunción por su labor docente en Derecho Administrativo. La distinción fue otorgada por la Junta Municipal, conducida entonces por César “Ceres” Escobar, quien ganó las recientes elecciones en Derecho UNA como representante no docente. Escobar y Bogarín asumirán la próxima semana sus cargos en el consejo directivo, a la espera de las elecciones para representantes docentes.

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Otro candidato del grupo de Bogarín es Guillermo Casco Espínola, un juez electoral que fue destituido del Jurado de Enjuiciamiento tras confirmarse irregularidades. Casco Espínola es candidato a miembro titular del Tribunal Electoral Independiente de la Facultad de Derecho. Las elecciones docentes están previstas para el 10 de octubre.

Los docentes de Derecho UNA han denunciado que el grupo de Bogarín intenta modificar el reglamento docente para beneficiar a sus aliados. En una sesión extraordinaria, el consejo directivo, con la presencia de Marco Aurelio González, que renunció como procurador general y ahora es directivo del Banco Central del Paraguay, entre otros, decidió posponer el debate sobre la modificación reglamentaria, comprometiéndose a difundir la propuesta.

Un grupo opositor, «Docentes por la Excelencia», liderado por los ministros de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, y el juez Osvaldo González Ferreira, criticó los cambios propuestos por Bogarín.

El decano Carlos González Morel nombró a Rubén Romero Toledo como director académico de la filial Coronel Oviedo, acción cuestionada por estudiantes que señalaron irregularidades y falta de concurso previo. Este nombramiento fue anulado por el consejo directivo, pero el decano aún puede apelar.

Romero Toledo estuvo involucrado en un escándalo en 2020 relacionado con la Corte Suprema, donde fue captado presuntamente compartiendo respuestas de una prueba.

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