Nacionales
Autopsia confirma que militar fue asesinado de un golpe en la cabeza
Tras la realización de la autopsia, se pudo confirmar que el militar de la Fuerza Aérea, cuyo cuerpo fue hallado en un matorral en Caacupé, Departamento de Cordillera, fue asesinado con un golpe en la cabeza.
El médico forense Daniel Insfrán explicó en la tarde de este lunes que el vicesargento de la Fuerza Aérea, Fernando Tomás Alcaraz Mora, de 24 años, falleció a causa de un traumatismo cráneoencefálico, producido probablemente con un objeto contundente.
Mencionó que el cuerpo presentaba heridas superficiales de cortes, que presume se habrán producido al arrastrarlo desde la vivienda de su ex pareja Pamela Beatriz Ramírez Coronel, de 20 años, hasta un matorral en Caacupé, Departamento de Cordillera.
La Fiscalía imputó este lunes por homicidio doloso al vicesargento de la Fuerza Aérea, Carlos Enrique Monzón Domínguez, de 24 años, quien sería el responsable de la muerte de su camarada.
Pamela Ramírez, quien era pareja del fallecido y actual pareja del supuesto autor, también fue imputada por homicidio doloso en calidad de cómplice.
La Fiscalía pidió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los dos imputados.
La fiscala de Caacupé, Noelia Montanía, explicó a Telefuturo que la víctima dejó su vehículo a 200 metros aproximadamente de la vivienda de su ex pareja, hasta donde fue caminando con una llave y un celular en la mano.
Manifestó que supuestamente ellos pasaron la noche juntos, pero hay varias llamadas telefónicas de Carlos Monzón a su pareja alrededor de la 1:00 y entre las 5:30 y las 6:30 de este domingo.
Posteriormente, Mozón llegó a la vivienda de la mujer con dos bidones de combustible.
También, a unos 100 metros de la vivienda de la mujer fue encontrado rastros de que se quemaron algunos objetos.
“Con los indicios que nosotros tenemos presumimos que (el homicidio) habría ocurrido en el interior del dormitorio de la señorita y que de ahí fue arrastrado el cuerpo hasta el yuyal. A la par que Alcaráz estaba en la casa de ella, ella recibía llamadas y escribía con el supuesto autor”, expresó.
Pamela Ramírez y su pareja Carlos Monzón ya fueron detenidos por la Policía Nacional.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Revocan nombramiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), pidió que una mujer involucrada en la institución fuera retirada de su cargo tras ser detenida el sábado en una investigación sobre tráfico de armas.
La persona en cuestión es Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba asignada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central, liderada por Estigarribia.
El sábado por la mañana, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizaron allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, como parte de la investigación sobre tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. Durante estos procedimientos, fueron detenidos José Sixto Benítez y su ex pareja Graciela Elizabeth Ledesma.
La Gobernación de Central solicitó, en un comunicado firmado por Estigarribia, la revocación inmediata del comisionamiento de Ledesma, considerando la gravedad de los hechos conocidos públicamente.
Desde febrero de 2025, Ledesma trabajaba en la Secretaría de Equidad y Género. Era una activa militante en el movimiento de Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, ya que aspiraba a ser candidata a concejal en Villa Elisa.
Nacionales
IPS afirma que está reduciendo la carga laboral de los médicos debido a la renuncia de anestesiólogos
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informó que están trabajando para disminuir gradualmente la jornada laboral de sus médicos a las 12 horas semanales que indica la ley. Recientemente, 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi dejaron sus cargos debido a que aún tienen una carga de 24 horas por semana.
En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, abordó la situación de los anestesiólogos que renunciaron la semana pasada en el Hospital Ingavi, denunciando inequidad salarial y sobrecarga de trabajo.
Los médicos han exigido el cumplimiento de la Ley 7.137/2023, que establece una carga laboral de 12 horas semanales por vínculo. Actualmente, deben cumplir 24 horas semanales por un salario de 4.500.000 guaraníes.
El doctor León mencionó que las autoridades del IPS empezaron conversaciones con los coordinadores de Anestesia de sus principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, así como con representantes del gremio de anestesiólogos, buscando soluciones para garantizar la atención a los asegurados y cuidar al personal médico.
Subrayó la dificultad que representa el limitado número de anestesiólogos en Paraguay, una especialidad que requiere alta formación.
En el Hospital Ingavi se realizan alrededor de 1.600 cirugías mensuales en 18 quirófanos, mientras que en el Hospital Central se llevan a cabo unas 1.300 operaciones cada mes. De los 260 anestesiólogos del IPS, la mitad son contratados.
El doctor León indicó que la directiva es distribuir la carga horaria en varios días, realizando guardias de 12 horas. Afirmó que están implementando las 12 horas semanales, reduciendo en el último año la carga de 1.120 médicos, comenzando por antigüedad.
Finalmente, destacó su intención de acelerar este proceso para ofrecer una solución integral para todos los médicos, incluyendo a los anestesiólogos.
Nacionales
«Mafia de los pagarés»: víctimas se unen y demandan respuestas de la Corte Suprema
Victimas del esquema conocido como «Mafia de los pagarés» se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, solicitando a la Corte Suprema que tome acciones firmes para castigar a los responsables y compensar a los afectados. Este esquema involucraba a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes presuntamente colaboraban para llevar a cabo juicios fraudulentos y embargos de salarios mediante pagarés de dudosa autenticidad, sin notificar a los deudores.
Pedro Coronel, líder de la Coordinadora de Víctimas, criticó al Poder Judicial por su falta de medidas efectivas, mencionando que esta inacción favorece la pobreza y violación de derechos humanos. Además, instó a anular los embargos y descuentos realizados de manera ilícita, argumentando que rectificar estos errores resolverá el caos legal existente.
El Ministerio Público acusó formalmente a varios jueces, exjueces, oficiales judiciales y abogados implicados en esta trama, imputándolos por delitos como prevaricato y producción de documentos falsos. Según la Fiscalía, las notificaciones de embargos no fueron correctamente realizadas, permitiendo la continuación de procedimientos injustos.
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