Nacionales
Aumentan los envíos de sésamo y chía
Las exportaciones de chía y sésamo han mostrado un crecimiento constante en los últimos años, impulsadas por la creciente demanda internacional, según datos del Senave.
Paraguay se establece como un destacado productor y exportador de chía y sésamo, cultivos reconocidos por su alta calidad. De acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que se basa en datos de la Ventanilla Única de Exportación (VUE), en 2024 se exportaron más de 68.000 toneladas de chía, casi triplicando la cifra de 2020, cuando se exportaron aproximadamente 27.000 toneladas.
Hasta agosto de 2025, ya se han exportado más de 44.200 toneladas de chía, superando el promedio anual de los últimos cinco años, que es de alrededor de 42.600 toneladas.
Entre 2020 y 2024, Paraguay exportó un total de 213.323 toneladas de chía. Los principales destinos fueron Estados Unidos (35,39%), Países Bajos (9,74%), Alemania (7,28%), Bolivia (5,25%) y Reino Unido (4,71%).
En cuanto al sésamo, también se observa un crecimiento positivo, con 155.707 toneladas exportadas en los últimos cinco años.
En 2023 y 2024, se exportaron cerca de 29.000 toneladas, lo que representa un aumento del 29% respecto al 2022, cuando se exportaron 20.440 toneladas.
Los principales compradores de sésamo paraguayo son Japón (31,26%), México (29,19%), Taiwán (6,50%), Turquía (4,57%) y China (3,88%), siendo estos mercados estratégicos para el cultivo.
Según Senave, estos logros son el resultado del trabajo conjunto de productores, exportadores y organismos comerciales en las inspecciones y certificaciones fitosanitarias, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los países importadores.
Esta colaboración ha permitido la expansión de los productos paraguayos en mercados internacionales, contribuyendo al desarrollo económico de los productores y del país.
Nacionales
Revocan nombramiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), pidió que una mujer involucrada en la institución fuera retirada de su cargo tras ser detenida el sábado en una investigación sobre tráfico de armas.
La persona en cuestión es Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba asignada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central, liderada por Estigarribia.
El sábado por la mañana, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizaron allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, como parte de la investigación sobre tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. Durante estos procedimientos, fueron detenidos José Sixto Benítez y su ex pareja Graciela Elizabeth Ledesma.
La Gobernación de Central solicitó, en un comunicado firmado por Estigarribia, la revocación inmediata del comisionamiento de Ledesma, considerando la gravedad de los hechos conocidos públicamente.
Desde febrero de 2025, Ledesma trabajaba en la Secretaría de Equidad y Género. Era una activa militante en el movimiento de Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, ya que aspiraba a ser candidata a concejal en Villa Elisa.

Nacionales
IPS afirma que está reduciendo la carga laboral de los médicos debido a la renuncia de anestesiólogos
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informó que están trabajando para disminuir gradualmente la jornada laboral de sus médicos a las 12 horas semanales que indica la ley. Recientemente, 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi dejaron sus cargos debido a que aún tienen una carga de 24 horas por semana.
En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, abordó la situación de los anestesiólogos que renunciaron la semana pasada en el Hospital Ingavi, denunciando inequidad salarial y sobrecarga de trabajo.
Los médicos han exigido el cumplimiento de la Ley 7.137/2023, que establece una carga laboral de 12 horas semanales por vínculo. Actualmente, deben cumplir 24 horas semanales por un salario de 4.500.000 guaraníes.
El doctor León mencionó que las autoridades del IPS empezaron conversaciones con los coordinadores de Anestesia de sus principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, así como con representantes del gremio de anestesiólogos, buscando soluciones para garantizar la atención a los asegurados y cuidar al personal médico.
Subrayó la dificultad que representa el limitado número de anestesiólogos en Paraguay, una especialidad que requiere alta formación.
En el Hospital Ingavi se realizan alrededor de 1.600 cirugías mensuales en 18 quirófanos, mientras que en el Hospital Central se llevan a cabo unas 1.300 operaciones cada mes. De los 260 anestesiólogos del IPS, la mitad son contratados.
El doctor León indicó que la directiva es distribuir la carga horaria en varios días, realizando guardias de 12 horas. Afirmó que están implementando las 12 horas semanales, reduciendo en el último año la carga de 1.120 médicos, comenzando por antigüedad.
Finalmente, destacó su intención de acelerar este proceso para ofrecer una solución integral para todos los médicos, incluyendo a los anestesiólogos.
Nacionales
«Mafia de los pagarés»: víctimas se unen y demandan respuestas de la Corte Suprema
Victimas del esquema conocido como «Mafia de los pagarés» se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, solicitando a la Corte Suprema que tome acciones firmes para castigar a los responsables y compensar a los afectados. Este esquema involucraba a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes presuntamente colaboraban para llevar a cabo juicios fraudulentos y embargos de salarios mediante pagarés de dudosa autenticidad, sin notificar a los deudores.
Pedro Coronel, líder de la Coordinadora de Víctimas, criticó al Poder Judicial por su falta de medidas efectivas, mencionando que esta inacción favorece la pobreza y violación de derechos humanos. Además, instó a anular los embargos y descuentos realizados de manera ilícita, argumentando que rectificar estos errores resolverá el caos legal existente.
El Ministerio Público acusó formalmente a varios jueces, exjueces, oficiales judiciales y abogados implicados en esta trama, imputándolos por delitos como prevaricato y producción de documentos falsos. Según la Fiscalía, las notificaciones de embargos no fueron correctamente realizadas, permitiendo la continuación de procedimientos injustos.

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