Nacionales
Atacan a fiscal uruguaya que investigó a Marset
La fiscal uruguaya Mónica Ferrero, encargada de investigar a Sebastián Marset, sufrió un ataque en la madrugada del domingo cuando dos individuos armados irrumpieron en su casa en Montevideo. Realizaron disparos y causaron daños antes de huir en una camioneta. La fiscal salió ilesa, y la policía se encuentra investigando la posible colocación de explosivos en el lugar.
Durante la madrugada, los atacantes dispararon varias veces y destruyeron objetos en la vivienda, aunque Ferrero se encontraba dentro y no resultó herida. También hicieron un pozo en el patio, lo que llevó a la policía a investigar la posibilidad de un artefacto explosivo. Especialistas trabajaron para descartar esta hipótesis.
Los agresores escaparon en una camioneta y aún no han sido capturados. La situación se clasifica como un atentado. Ferrero ya había recibido amenazas de grupos relacionados con el narcotráfico, incluido Marset, buscado por la justicia paraguaya por el caso “A Ultranza Py”. A principios de septiembre, Ferrero informó sobre amenazas continuas durante su trabajo en casos de drogas.
Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, expresó su solidaridad con Ferrero a través de redes sociales tras el ataque. Sin embargo, el presidente actual, Yamandú Orsi, aún no ha comentado oficialmente sobre el incidente.
Nacionales
Acusan a intendente y concejal de Minga Guazú por supuestas irregularidades millonarias
Un grupo de abogados ha presentado una denuncia contra el intendente de Minga Guazú, Diego Amílcar Ríos Llano (ANR-cartista), y el concejal José Mercedes Silguero Medina (ANR), acusándolos de varias presuntas irregularidades en la administración municipal. Esta acción fue presentada hoy ante la Fiscalía Anticorrupción de la capital.
La denuncia alega que el intendente y el concejal están involucrados en hechos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en la función pública. En el documento se indica que las gestiones irregulares han causado daños patrimoniales significativos al municipio de Minga Guazú. Se adjuntó un dossier de 139 páginas de documentación.
“La mala administración de los recursos públicos de la Municipalidad de Minga Guazú genera un importante deterioro de las finanzas municipales, causando un déficit alarmante en el patrimonio”, señala la denuncia.
La abogada Mónica Ramírez presentó la denuncia, acompañada por otros dos abogados, Eloi Borges y José Pereira.
En cuanto a las licitaciones, se detalla que la empresa Infominga, propiedad de Roque Milciades Gamarra Folgiarino, había sido favorecida con 13 contratos, ocho mediante contratación directa, por más de 2.200 millones de guaraníes, incluso cuando no cumplía con las categorías exigidas.
El caso también incluye menciones a otras empresas. Construconsult SA, propiedad de Deysi Bareiro, Carlos Bareiro y Felicia Carlona Velázquez Alonso, fue adjudicada con más de 230 millones de guaraníes sin registros de terminación de las obras. Asimismo, la Constructora Dos Hermanos, de Diego Guillermo Franco Vargas, recibió adjudicaciones por más de 270 millones con presunta sobrefacturación y falta de verificación de precios de mercado.
Además, se acusa al concejal José Mercedes Silguero Medina de usar recursos municipales para financiar invasiones de tierras excedentes fiscales mediante «Comisiones Vecinales Sin Tierras».
Se intentó contactar al intendente Ríos y al concejal Silguero, pero no respondieron.
Nacionales
Senadores opositores cuestionan prácticas dudosas en el asunto de la camioneta y pupitres chinos
El asunto de la camioneta Toyota Land Cruiser vinculada al presidente Santiago Peña sigue provocando críticas por parte de senadores opositores. La conexión con el proveedor chino Long Jiang, adjudicatario del contrato para los llamados “pupitres de oro”, genera sospechas de posibles negocios millonarios y conflictos de interés.
El senador Ever Villalba (PLRA) advirtió que cuando el poder político y los negocios se mezclan de manera turbia, la confianza pública se desvanece. «No basta con negar o desviar la atención con otros escándalos: el presidente Peña debe explicar públicamente el origen, los plazos, los vínculos y los beneficios posibles de esa transferencia de la camioneta», afirmó.
Además, añadió que Paraguay merece transparencia, no tratos oscuros, y que las instituciones deben supervisar al poder en lugar de rendirle pleitesía.
El senador opositor Rubén Velázquez (Yo Creo) opinó que no es coincidencia que la camioneta del proveedor chino terminara en manos de la empresa del presidente Santiago Peña. «Esto demuestra vínculos fuertes con el mandatario e indica un favorecimiento claro al proveedor chino para la adjudicación de los pupitres de oro», indicó.
Comentó también que la cercanía con el presidente influyó y la sobrefacturación representa un gran negocio. «El conflicto de intereses agrava aún más la situación del presidente al no explicar el origen de los 200 mil dólares guardados en Mburuvicha Róga», manifestó.
La camioneta Toyota Land Cruiser, utilizada por Peña y su familia para vacacionar en Brasil, originalmente pertenecía a la empresa de Long Jiang. Más tarde, el vehículo pasó a ser propiedad de Real Viviendas EAS, empresa del presidente.
Luego, Long Jiang fue proveedor de muebles escolares chinos para el Estado. El avión de Jiang, beneficiado con un contrato en Itaipú de 33 millones de dólares, también fue usado por el mandatario en viajes privados.
Una investigación en 2021 ya había revelado el vínculo entre la camioneta y Decorapar SA, presidida por Long Jiang. Este empresario es el principal accionista de Kamamya SA, que obtuvo el contrato de cerca de 33 millones de dólares para el suministro de casi 330,000 pupitres chinos.
El escándalo de los pupitres chinos y la camioneta Toyota Land Cruiser involucra al presidente Santiago Peña en posibles negociados, conflictos de interés y falta de transparencia. Críticas de los senadores opositores refuerzan la necesidad de que el mandatario brinde explicaciones claras al país.
Nacionales
Generación Z: Cámara de Diputados condena la represión policial en las protestas
La Cámara de Diputados aprobó, sin oposición del cartismo, aparentemente por distracción, una resolución condenando la represión policial contra manifestantes el domingo 28 de septiembre de 2025. Este operativo fue considerado un fracaso del gobierno de Santiago Peña, ya que se realizaron detenciones arbitrarias y se reprimió con brutalidad, según la oposición.
Sorprendentemente, la Cámara de Diputados aprobó hoy la resolución que repudia el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de Santiago Peña, el cual empleó a la policía para reprimir a los manifestantes contra la corrupción en Paraguay.
La resolución expresa su repudio hacia la represión ejercida tanto antes como durante la manifestación, así como contra los detenidos durante la misma.
Este hecho ridiculiza al gobierno cartista, que desplegó un operativo con 3.000 policías para 350 manifestantes y usó la violencia de manera brutal, lo que fue defendido por la policía en una conferencia de prensa liderada por su comandante, Carlos Benítez.
Hubo lesiones causadas intencionadamente o por negligencia, como el caso de un agente que atropelló a dos mujeres, provocándoles fracturas.
Además, se realizaron 28 detenciones sin pruebas, lo que llevó a la Fiscalía a liberar a los arrestados el lunes por la noche.
Se añade el presunto acceso indebido a comunicaciones privadas a través de «pyragues» en grupos de WhatsApp, sin orden judicial.
Durante el debate, algunos cartistas, como el diputado Yamil Esgaib, intentaron defender al gobierno y la policía, pero finalmente nadie se opuso a la resolución.
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