El abogado Ezequiel Santagada alertó que la reglamentación difundida por el Gobierno podría impactar en la libertad de expresión y en la participación de organizaciones civiles en debates públicos.
Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), analizó la reciente reglamentación de la ley que trata sobre el control y transparencia de organizaciones sin fines de lucro, conocida como la «ley garrote anti-ONG», publicitada por el Gobierno de Santiago Peña.
Santagada destacó que el aspecto más importante del decreto reglamentario es la definición de qué organizaciones estarán afectadas por esta normativa. Según la ley, quedarían sujetas a sus disposiciones aquellas entidades que reciban fondos internacionales o del Estado y que participen en políticas públicas. La clave, según él, es definir qué significa «participar en políticas públicas».
El abogado explicó que al aclarar este concepto, muchas organizaciones no estarán bajo el alcance de la ley, como ya se preveía en el texto inicial. Añadió que hay muchas ONG que no estaban consideradas y que ahora, con la definición de participación en políticas públicas, habrá otras que tampoco lo estarán.
Santagada mencionó que la reglamentación incluye tres puntos clave en el artículo 4 del decreto, definiendo la participación en políticas públicas. El primero aborda organizaciones que desarrollan actividades relacionadas con competencias del Estado mediante convenios, algo ya regulado por la ley de acceso a la información pública. En estos casos, el Estado debe hacer públicos el presupuesto y mecanismos de control, por lo que el decreto no introduce novedad.
Sin embargo, Santagada alertó sobre posibles problemas constitucionales en los otros dos puntos del artículo. El segundo inciso define participación en políticas públicas como acciones que influyen en la aprobación de leyes o decretos, aún cuando se manifiestan a través de informes o declaraciones públicas. Esta interpretación podría restringir la libertad de expresión y la participación ciudadana organizada, cruciales en una democracia, ya que si una organización opina sobre un proyecto de ley en redes o en el Congreso, caería bajo esta regulación, mientras que un individuo no.
Acerca del autor
