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Denuncias contra Jorge Bogarín por Modificar Programas Académicos

Estudiantes y graduados de la Escuela de Ciencias Políticas, parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), alertan que Jorge Bogarín, calificado como significativamente corrupto por EE.UU., busca controlar esta rama al ofrecer a egresados de Ciencias Jurídicas la posibilidad de completar una licenciatura en Ciencias Políticas en solo un año. Temen que esta iniciativa convierta la carrera en un simple trámite para obtener títulos adicionales y acumular puntos para posiciones de juez y fiscal.

El grupo de Bogarín, ya denunciado varias veces por intentar tomar control de diferentes estamentos de Derecho UNA—como estudiantes, profesores, graduados y representantes no docentes—ahora pretende establecer su influencia en la Escuela de Ciencias Políticas, ubicada en el centro de Asunción.

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Actualmente, hay un programa que permite a egresados de Derecho completar Ciencias Políticas en dos años, pero Bogarín y su equipo buscan reducirlo a solo un año. Esta propuesta es atractiva para quienes necesitan más títulos para avanzar en sus carreras.

Los opositores a este plan están organizando una campaña de recolección de firmas para detenerlo, argumentando que devalúa la calidad académica y distorsiona los valores de la ciencia política. Además, critican que no es realista completar una educación rigurosa en tan poco tiempo.

Este plan también incluye otras ofertas académicas con modalidades autogestionadas, híbridas y accesibles, lo cual genera más debate sobre su impacto en la educación universitaria.

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En un torneo barrial celebrado en Ñemby, un partido terminó en un violento enfrentamiento entre jugadores. Uno de los futbolistas sufrió lesiones después de recibir patadas en la cabeza y decidió denunciar el incidente para prevenir futuros episodios similares.

El juego, parte del «Torneo del Barrio Rincón de Ñemby» y llevado a cabo en la cancha del club Sol Primavera, se tornó violento cuando una falta provocó discusiones y empujones entre los jugadores de ambos equipos.

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Eduardo Gómez, uno de los agredidos, contó que la situación se descontroló al intentar defender a un compañero. Fue derribado y, ya en el suelo, recibió varias patadas en la cabeza, dejándole mareos y dolor persistente. Según Gómez, quien identificó a Andrés Figueroa como el principal agresor, «me atacaron entre siete u ocho personas y todo quedó registrado en video.» Tras ser atendido médicamente, Gómez denunció el hecho en la comisaría.

El incidente fue grabado por un espectador y el video se difundió rápidamente, causando preocupación en la comunidad y entre los organizadores del torneo.

Gómez denunció para evitar que incidentes similares sucedan en otros partidos barriales, esperando que no se repitan en otras canchas. El «Torneo Puku» es conocido por reunir equipos de distintos barrios de Ñemby cada fin de semana, y aunque este tipo de incidentes no había sucedido antes, los participantes admitieron la falta de presencia policial durante el enfrentamiento.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aclaró que la Constitución Nacional no permite cambios legales para autorizar el derribo de aviones en vuelos irregulares. Explicó que la ley vigente solo permite interceptar y disuadir, salvo en legítima defensa.

Raúl Latorre descartó impulsar modificaciones a la Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo para permitir el derribo de aeronaves en situaciones irregulares, debido a que la Constitución lo prohíbe.

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«Como legisladores, debemos actuar dentro de los límites de la Constitución. Una ley no puede contradecir principios constitucionales, especialmente cuando son explícitos», comentó. El diputado enfatizó que la pena de muerte está abolida en Paraguay, por lo que aprobar una ley que contemple el derribo automático de aviones sería ilegal y constituiría una ejecución extrajudicial.

Latorre destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercepción y disuasión. Mencionó que ya se han adquirido radares y escuadrones de caza para mejorar el control aéreo y coordinar acciones con otros países.

También señaló que la política de derribo ha ocasionado tragedias en otros lugares, como en Perú, donde un avión con civiles fue abatido por error. «¿Cómo aseguramos que una nave no es de narcotraficantes y que no lleva personas inocentes?», advirtió.

Finalmente, aclaró que la única excepción a la norma vigente es la legítima defensa, cuando una aeronave supone una amenaza directa. Destacó que cambiar esta política requeriría una reforma constitucional, algo que actualmente no está en la agenda.

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