Nacionales
Asesinato de Marcelo Pecci: Condenan a 39 años de prisión a Margareth Chacón Zúñiga
La Justicia colombiana condenó este jueves a 39 años de prisión a Margareth Chacón Zúñiga, quien fue encontrada culpable por los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Colombia.
Margareth Chacón Zúñiga fue condenada el mes pasado por la Justicia colombiana, que la encontró culpable de los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco del crimen del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la isla Barú, Cartagena de Indias, Colombia, cuando se encontraba de luna de miel junto a su esposa.
Este jueves, la Justicia colombiana dio a conocer la pena carcelaria de 39 años para Chacón por su participación en el asesinato, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros. La mujer fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas.
La jueza estableció 420 meses de prisión por homicidio agravado, más 48 meses por portación ilegal de armas, lo que suman 468 meses de prisión (39 años) atendiendo a que la misma no colaboró en el proceso ni mostró arrepentimiento.
La Fiscalía General y el Ministerio Público se manifestaron conformes por la decisión tomada por la jueza, en tanto que la defensa de Chacón adelantó que interpondrá recursos de apelación.
De acuerdo con la Fiscalía, Chacón no sólo prestó su vehículo para el transporte de las armas con las que se cometió el crimen, sino que habría actuado en la coordinación de la logística del atentado. La Fiscalía pidió que sea condenada como coautora a 42 años de cárcel.
En el juicio, se comprobó que Chacón facilitó los equipos para establecer la comunicación y transmitir sobre los avances del plan para matar al fiscal paraguayo.
Para ello, se comprobó que estuvo en contacto con su pareja Andrés Felipe Pérez Hoyos; el hermano de este, Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Francisco Luis Correa Galeano, que ya están condenados como los organizadores del atentado.
Correa Galeano reconoció su participación que tuvo en el homicidio de Pecci, que vino ordenado desde el Paraguay y fue recomendado al señor Ramón Emilio, que se comunicó a Francisco Luis. Hasta el momento, no se sabe quién dio la orden para la muerte del fiscal.
A partir de allí se inició un plan criminal, dividiéndose los roles, con el fin de ubicar y posteriormente asesinar a Marcelo Pecci. Cada uno de los integrantes tenía un rol. Chacón se encargó de la logística, según los investigadores.
En declaraciones al canal colombiano Caracol, la mujer había negado su participación en el atentado y afirmó estar sorprendida por todo lo que le sucede y que fue arrastrada en la causa por su pareja, Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenado a más de 25 años de cárcel junto con su hermano Ramón Emilio, por ser los organizadores del asesinato. “Ese no es el hombre que yo conocí”, había expresado en su defensa.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Aproximadamente 1,000 presos podrían beneficiarse del uso de tobilleras electrónicas
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró hoy que cuentan con los recursos para utilizar alrededor de 1.000 tobilleras electrónicas y ya han identificado a las personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa es esencial debido al alto hacinamiento en las cárceles.
Durante una entrevista en ABC Cardinal y ABC TV, Nicora explicó que más de 1.000 reclusos cumplen los requisitos para usar dispositivos electrónicos de vigilancia. Este número se determinó tras una investigación detallada de la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que expandió su equipo legal de uno a diez abogados.
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay alberga 19.670 personas, superando con creces su capacidad de 12.000, lo que provoca un hacinamiento de más de 7.000 individuos.
El Ministerio de Justicia se centra en abordar las causas fundamentales del hacinamiento, más allá de construir nuevas cárceles, afirmó Nicora. Esto implica revisar casos judiciales y colaborar con el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público.
Aproximadamente el 64% de los internos (13.400 personas) tienen procesos judiciales abiertos sin una condena firme, lo que subraya el principio de presunción de inocencia de la Constitución Nacional, explicó Nicora.
Las 1.000 personas identificadas en este proceso, que están procesadas aunque no condenadas, podrían litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria mediante dispositivos electrónicos. La selección se centra en casos menos graves que no representan un riesgo serio para las víctimas.
Si se implementan estos dispositivos, la población carcelaria podría reducirse un 7,5%, y la cantidad de procesados disminuiría en un 10%, indicó Nicora. Estos 1.000 individuos equivalen a la capacidad de casi un centro penal completo.
Aunque el Ministerio de Justicia ha identificado a los potenciales beneficiarios, la decisión final de usar estos dispositivos recae en el juez penal. Dependiendo de la situación económica del usuario, los costos pueden ser cubiertos por el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha mostrado disposición para colaborar en este tema. Además, ya están disponibles los recursos para adquirir estos dispositivos, ya que el Ministro del Interior, Enrique Riera, gestionó los fondos necesarios en el Ministerio de Economía.
Actualmente, solo hay 20 dispositivos en uso, pero recientemente se aplicó uno a un interno en San Pedro. Nicora también mencionó que están explorando tecnologías complementarias, como el uso de smartphones para la georreferenciación y verificación de personas en prisión domiciliaria.
Además, están trabajando en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, como en Minga Guazú y el nuevo Comple, y en combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.
Si la Municipalidad no realiza el desembolso prometido a los jubilados de la Caja Municipal de Asunción para el lunes 20 de agosto, estos planean una gran protesta frente a la institución. Argumentan que cinco meses sin recibir pagos es injusto, ya que han contribuido durante toda su vida para asegurar una jubilación digna. Muchos ya no pueden comprar alimentos.
El intendente de Asunción, Luis Bello, pagó G. 2.580 millones a principios de octubre, cubriendo parte de la deuda desde abril. Sin embargo, la deuda que dejó el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez supera los G. 16.600 millones hasta agosto.
Floria Galeano, vocera de los jubilados, comentó que el retraso en los pagos también se debe a que la Municipalidad de Asunción está atrasada en los desembolsos a la caja, acumulando un retraso de siete meses. Pese a que el interventor Carlos Pereira hizo un esfuerzo por pagar, no lograron estar al día.
Los jubilados acordaron un pago inicial de 2.518 millones de guaraníes a principios de octubre, pero esperan otro desembolso significativo a mediados de este mes. Sin noticias del cumplimiento, organizan una manifestación para el martes 21. En Asunción, hay 1.708 jubilados afectados, y un poco más de 2.000 en todo el país.
Curiosamente, los jubilados del interior están al día con sus pagos, mientras que Asunción, siendo el mayor contribuyente, no ha cumplido. Floria Galeano expresa que esta situación, que afecta incluso a su acceso a alimentos básicos, es muy injusta después de décadas de contribuir por una vejez digna.
Nacionales
Operación Jejoko Mbarete: Gobierno envía 500 militares para combatir el contrabando
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, dio a conocer este sábado los primeros avances del Operativo Jejoko Mbarete, que involucra a unos 500 militares y se extenderá por varios meses.
El objetivo de este operativo es que las Fuerzas Militares, el Ejército y las Fuerzas Armadas colaboren en áreas claves donde la Armada Nacional combate el contrabando, señaló González. Este apoyo es algo inusual, ya que la Armada nunca había contado con la ayuda del Ejército ni de la Fuerza Aérea en estas operaciones, debido a que depende de la Prefectura General Naval.
Los primeros logros se registraron en el Chaco, donde se incautaron 8.800 kilos de cebolla en Infante Rivarola, cerca de la frontera con Bolivia, a unos 750 km de Asunción. La operación incluyó al Tercer Cuerpo de Ejército y la Sexta División de Infantería.
Con esta incautación, el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército informó que se han confiscado 90.000 kilos de cebolla en el Chaco paraguayo.
Además, en el norte del país, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) tiene autoridad por decreto para actuar en esa área. Participan 500 militares apoyados por helicópteros y aviones Supertucanos.
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