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ANDE deberá pagar G. 1.000 millones por muerte de niño que jugaba “tuka’e kañy”
La Justicia ordenó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) indemnice a la familia del pequeño de 6 años que murió electrocutado en el 2020. Estaba jugando “tuka´e kañy” y se escondió detrás de una columna donde pisó un cable suelto. La estatal deberá pagar Gs. 905.000.000.
La jueza Liz Caballero hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios que se había iniciado tras la muerte del niño el 3 de septiembre del 2020 y condenó a la ANDE al concluir que existió negligencia por parte del ente estatal.
El fallo obliga a la ANDE a indemnizar a la familia por Gs.905.000.000, además, deberá abonar 2,5% de intereses mensuales que correrán desde el día en que ocurrió la tragedia, hasta la fecha que se efectúe el pago. La familia había solicitado la suma de G. 1.205.000.000.
La víctima, de seis años, perdió la vida al tener contacto con un cable suelto cuando jugaba a las escondidas en la vía pública la Colonia Pindo’i, distrito de Tembiapora en el departamento de Caaguazú.
La ANDE había rechazado las acusaciones porque argumentó que el hecho ocurrió como consecuencia de las conexiones clandestinas, sin embargo, las pruebas presentadas por la familia demostraron el mal estado de la infraestructura eléctrica donde ocurrió el hecho.
Otras pruebas que fueron contundentes para la condena fue el acta de procedimiento de la Policía Nacional y comunicaciones de la Comisaría Nº 1 de Colonia Guahory a la Fiscalía.
La ANDE por su parte, no presentó las pruebas que demuestren las medidas tomadas para prevenir el accidente y tampoco, las denuncias que habían por supuesta conexión clandestina.
Fuente: Diario Hoy
Con 15 votos secretos, resultado de un acuerdo de continuismo entre los concejales colorados, cartistas y disidentes, Luis Bello (ANR-cartista) fue elegido ayer como nuevo intendente de Asunción en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal. Esto se dio tras la renuncia de Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista), quien dejó el cargo bajo presión de una posible destitución por graves irregularidades descubiertas en su administración.
Bello, quien liderará hasta diciembre de 2026, recibió el apoyo de la mayoría de los concejales que desde 2021 respaldaron a Rodríguez y que aprobaron su rendición de cuentas 2024 en abril. Entre los cartistas se encontraban Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, César Escobar, Javier Pintos y el propio Bello. Los disidentes Jesús Lara, Arturo Almirón, Juan José Arnold, Daniel Ortiz, Carlos González y Rosanna Rolón también se sumaron.
Consolidada la unidad colorada, la disidencia dejó de negociar con la oposición del Partido Liberal Radical Auténtico y Patria Querida, quienes proponían a Álvaro Grau (PPQ) como candidato y podían haber quitado la intendencia al oficialismo. A cambio del apoyo a Bello, los disidentes obtuvieron la promesa de respaldo para la presidencia de la Junta Municipal en octubre.
Bello prometió cambios, pero aclaró que no prescindirá de 3,000 funcionarios, como había sugerido el interventor Carlos Pereira. La superpoblación de personal fue señalada como una de las causas de los problemas financieros de la comuna. Pereira denunció desvíos de bonos por G. 500,000 millones, usados en salarios en lugar de su destino original.
En temas financieros, Bello anunció que no usará la «cuenta única», criticada por el interventor como una justificación para desviar fondos. No descartó hacer una auditoría externa de las finanzas dejadas por la administración de Rodríguez y prometió no tolerar ninguna «caja paralela».
La intervención a la gestión de Rodríguez reveló el desvío de G. 512,000 millones de bonos destinados a obras y utilizados para gastos corrientes. La Contraloría General de la República impulsó la intervención tras confirmar las irregularidades en 2024. La administración de Rodríguez enfrenta 7 procesos judiciales, incluso por compras irregulares durante la pandemia. El desvío de bonos está bajo investigación de la Fiscalía.
Tras el informe, Pereira recibió amenazas, según el ministro del Interior, Enrique Riera. Aunque no se mencionaron nombres, se presume que fueron mensajes enviados por el exintendente Rodríguez.
El informe final sobre la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este revela supuestas irregularidades en la gestión presupuestaria y administración de bienes, así como falta de transparencia en el manejo de recursos. Este informe fue la razón detrás de la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo). Consta de 210 páginas y un dictamen de 8 páginas, publicados por el Ministerio del Interior ayer.
La intervención, dirigida por el economista Ramón Ramírez Caballero y 14 personas más, auditó durante 50 días la gestión de Prieto, llevando a su destitución por la Cámara de Diputados el 19 de agosto, con 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausencias. Incidentes ocurrieron debido al descontento de sus seguidores.
El informe, entregado el 14 de agosto, supuestamente verificó todas las causas de intervención indicadas por la Contraloría General de la República, detectando inconsistencias en los estados financieros entre 2019 y 2022, que carecen de documentación, dificultando evaluar la situación patrimonial y financiera real de la Municipalidad. Se observó un supuesto uso indebido de más de G. 29 millones en recursos de capital para gastos corrientes.
Una irregularidad señalada fue la transferencia de fondos a entidades sin ánimo de lucro, como comisiones vecinales, sin cumplir requisitos documentales, lo que evidencia un manejo inadecuado de recursos públicos. Se menciona específicamente el proyecto Navidad Sustentable, que carece de documentación, y evitó procesos competitivos de contratación.
El informe también detalla la falta de pago al Servicio Nacional de Catastro, irregularidades en planificación, adjudicación, recepción de bienes, y pagos sin cumplir exigencias legales. Se halló un posible desvío de recaudaciones del impuesto inmobiliario, pues los comprobantes de ingresos no coincidían con depósitos en cuentas municipales.
Finalmente, se menciona la falta de respaldo en el uso de fondos transferidos al Consejo Local de Salud, destinados a inversión, mantenimiento y adquisición de insumos en el Hospital Regional, así como deficiencias en el control de combustible y uso inadecuado del “Fondo Fijo” para compras de alimentos.
La investigación subraya que, aunque el deporte no garantiza por sí solo un bienestar completo, es un medio efectivo para promover la integración social, mejorar la salud, fortalecer la educación y fomentar valores cívicos. Por estas razones, es un aliado importante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientados a transformar las realidades sociales y económicas de los países para 2030.
En Iberoamérica, el deporte es indudablemente popular. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el fútbol mueve a millones en ambos lados del Atlántico y es considerado por el 60% de los latinoamericanos como un símbolo de identidad nacional. Esta popularidad tiene un impacto económico significativo ya que genera empleo, atrae inversiones en infraestructura y está relacionado con el turismo, la publicidad y el entretenimiento.
El documento también señala que el deporte estimula el capital social, visto como los lazos de confianza y cooperación que ayudan a las comunidades a trabajar juntas. Económicamente, esto lleva a menores costos asociados con la criminalidad, mejora la productividad laboral y aumenta el retorno de las inversiones sociales. Programas en Europa y América Latina demuestran que proyectos deportivos bien diseñados pueden reducir riesgos sociales y ahorrar recursos públicos que, de otro modo, se usarían para abordar problemas como la violencia, el abandono escolar y el consumo de drogas.
Aunque los 17 ODS no mencionan explícitamente al deporte, su impacto abarca muchas metas de la Agenda 2030. La SEGIB identifica 19 metas vinculadas a 8 ODS en las que el deporte puede contribuir directamente, en áreas como la salud, la educación, la igualdad de género, la reducción de desigualdades, el desarrollo de ciudades sostenibles y la promoción de la paz.
En cuanto a la salud (ODS 3), la actividad física ayuda a combatir la obesidad y enfermedades no transmisibles, que afectan a más del 50% de la población latinoamericana. En educación (ODS 4), promueve la permanencia escolar, mejora el desempeño académico e inculca valores de cooperación y disciplina. En igualdad de género (ODS 5), el deporte facilita el liderazgo femenino y combate estereotipos limitantes.
El estudio también relaciona al deporte con la reducción de desigualdades (ODS 10), en una región con un coeficiente de Gini promedio de 50,1, más alto que el de los países de la OCDE. Programas deportivos inclusivos pueden ayudar a disminuir estas brechas y ofrecer oportunidades para la integración social y laboral de comunidades marginadas.
La investigación reconoce avances, pero también señala desafíos estructurales, como la alta inactividad física y la desigualdad en el acceso a oportunidades deportivas. En América Latina, aproximadamente 360 millones de personas tienen sobrepeso, cifra que representa el 58% de la población, y esto es más prevalente en sectores de bajos ingresos y en mujeres, lo que indica la necesidad de políticas públicas más inclusivas.
Asimismo, se menciona la violencia y corrupción como obstáculos para el desarrollo sostenible (ODS 16). América Latina concentra el 39% de los homicidios globales y 41 de las 50 ciudades más violentas del mundo. El deporte, con su potencial para fomentar el juego limpio y la transparencia, es visto como una herramienta para fortalecer la integridad y la cohesión social.
Para maximizar el potencial del deporte, el informe de la SEGIB destaca la necesidad de alianzas entre gobiernos, el sector privado, organizaciones deportivas, ONG y organismos internacionales, enfocándose en objetivos compartidos con métricas claras y alineados con las estrategias nacionales de desarrollo.
Ejemplos concretos incluyen iniciativas de UNICEF centradas en la infancia, proyectos de la UNESCO en educación física y programas de la ONU que utilizan el deporte para la prevención de drogas. También se resalta la responsabilidad social corporativa, aunque aún pocas empresas en América Latina incorporan la sostenibilidad en sus estrategias. Las que apoyan programas deportivos no solo generan beneficios sociales, sino que también fortalecen su reputación y lazos comunitarios.
Una oportunidad para la República del Paraguay
En Paraguay, los desafíos son evidentes: elevados niveles de desigualdad, una brecha de género en el ingreso y una urbanización rápida que coexiste con problemas de violencia e inseguridad. Aquí, el deporte se plantea como una herramienta para promover la inclusión, la salud y la cohesión social.
En años recientes, el deporte también se ha convertido en un motor económico, social y cultural. Los Juegos Suramericanos Asunción 2022 dinamizaron la economía y dejaron un legado de infraestructura y participación ciudadana. Los Juegos Panamericanos Junior 2025 reforzaron la proyección internacional del país, mientras que el Rally del Paraguay (WRC 2025) espera atraer a más de 250,000 espectadores, dinamizando sectores como el turismo y la gastronomía.
Además, deportes emergentes ganaron espacio con eventos como el WPT Paraguay Open 2023 y el Premier Pádel 2025, posicionando al país en el calendario global del pádel. En el fútbol, la Final de la Copa Sudamericana 2024, realizada en la Nueva Olla, atrajo a turistas y mejoró la visibilidad internacional de Paraguay. Estos eventos demuestran que el deporte va más allá del entretenimiento y se consolida como un factor de integración social, dinamismo económico y proyección internacional.
Con una fuerte tradición deportiva, especialmente en el fútbol, Paraguay tiene la oportunidad de integrar este capital social en programas de educación, prevención de violencia y promoción de la igualdad de género, contribuyendo así al logro de la Agenda 2030.
Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.
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