Nacionales
Anciano se encuentra en estado grave luego de ser modido por una yarará
Un hombre de 79 años se encuentra en grave estado luego de haber sufrido una mordedura de serpiente. El incidente se registró en el distrito de Los Cedrales, Alto Paraná.
En la tarde del sábado se reportó un caso de mordedura de serpiente en el barrio San Isidro-Cuarta Línea de Los Cedrales, el cual tuvo a una persona de la tercera edad como víctima.
Se trata de Hilario Caballero, de 79 años de edad, quien fue mordido por una serpiente del tipo Yarará Akâ Kurusu (Bothrops alternatus) cuando se encontraba en su domicilio.
Bomberos voluntarios de la zona fueron informados sobre lo ocurrido por vecinos, tras lo cual acudieron a la vivienda para auxiliar a la víctima y trasladarla de urgencia al Hospital Regional de Ciudad del Este.
Una vez allí, los profesionales del centro asistencial se negaron a recibir al anciano, alegando no contar con el suero antiofídico disponible en ese momento, menciona el diario La Jornada.
A raíz de este inconveniente, los bomberos volvieron a subir al paciente a la ambulancia para llevarlo hasta el Hospital Distrital de Hernandarias, esto luego de confirmar con otros colegas que allí sí contaban con el antídoto requerido.
Durante las primeras horas posteriores a la mordedura, Caballero aún se mostraba lúcido y consciente, sin embargo, debido a la demora para la aplicación del antiveneno, el mismo comenzó a presentar malestares y quejarse de excesivo dolor, mencionaron los intervinientes.
En estos momentos, el hombre de la tercera edad se encuentra internado y en estado grave, de acuerdo al informe del medio altoparanaense.
Fuente: Diario Hoy
Nacionales
Expertos afirman que no hubo intención maliciosa y respaldan la libertad de publicación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llevó a cabo ayer una larga audiencia para el caso Zuccolillo Moscarda contra Paraguay. Los expertos Hernán Víctor Gulcco y Paulina Gutiérrez defendieron las publicaciones de ABC, afirmando que no hubo malicia y resaltando la importancia de la libertad de expresión en temas de interés público.
En San José de Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte IDH, la audiencia fue presidida por la jueza Nancy Hernández López y se extendió por casi nueve horas con tres pausas. Se trató el caso de Aldo Zuccolillo Moscarda, exdirector de ABC Color, quien enfrentó un proceso penal de acción privada desde 1998 hasta 2005. La querella fue iniciada por Juan Carlos Galaverna, exsenador de la ANR, quien se sintió ofendido por publicaciones sobre el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Zuccolillo fue condenado por calumnia, difamación e injuria, y recibió una multa.
El perito argentino Hernán Víctor Gulcco destacó que el caso estaba relacionado con temas de interés público que involucraban a Galaverna. Criticó al Código Penal paraguayo por mantener una tradición autoritaria y señaló que la doctrina de la Real Malicia de la Corte Suprema de EE.UU. es un mejor defensor de la libertad de expresión. No obstante, señaló que su aplicación en el ámbito penal es errónea.
Paulina Gutiérrez Ramírez, perito mexicana, indicó que en Paraguay se observa un «patrón de litigio», mencionando la judicialización de publicaciones de interés público relacionadas con el vaciamiento del BNT. Comentó que este abuso judicial afecta al periodismo de investigación y recomendó despenalizar delitos de difamación y calumnia en estos casos.
El relator de la CIDH, Pedro Vacca, sostuvo que no se demostró falsedad o malicia en las publicaciones y que el Estado violó la libertad de expresión del exdirector de ABC. Representantes del Cejil expresaron preocupación por el peligro al periodismo de investigación.
Por otro lado, el procurador del Estado, Marco Aurelio González, acusó a ABC de «mentiras temerarias». Los jueces Verónica Gómez y Rodrigo Mudrovitsch instaron al procurador a ampliar su postura en los alegatos finales, con plazo hasta el 18 de septiembre.
Una persona afectada por la filtración de sus datos privados ha presentado una denuncia ante Sedeco, solicitando que el banco ueno refuerce la seguridad de sus clientes y aplique las sanciones de la ley de protección de datos personales crediticios.
Johanna Ortega Ghiringhelli, como consumidora perjudicada, interpuso un reclamo ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). En el documento, exige que se investigue la magnitud de la brecha de seguridad y la filtración de datos del ueno bank.
También solicitó que se emitan oficios a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos (Cert-Py) y el Banco Central del Paraguay (BCP) para verificar si existen denuncias sobre extorsiones o incidentes de seguridad por parte del banco.
Ortega insta a Sedeco, dirigida por Sara Irún, a exigir al banco la adopción de medidas de seguridad y la aplicación de sanciones por incumplir ciertos incisos de la Ley 6534/2000 “De Protección de Datos Personales Crediticios”. Estos incluyen no usar mecanismos seguros para manejar datos personales y notificar de manera completa y oportuna a la autoridad correspondiente sobre las violaciones de seguridad.
La diputada Ortega relató cómo sus datos y los de otros clientes fueron expuestos en la dark web, mostrando 250,000 registros de transferencias bancarias y otros datos personales bajo custodia del banco.
A pesar de la filtración, Ortega afirma no haber recibido comunicación del banco para evaluar el alcance de la brecha. Holger Aníbal Insfrán, del BCP, señaló que el caso requiere atención especial y confirmó que se está intercambiando información con la entidad financiera. Juan Gustale, presidente del banco, afirmó que los datos no fueron extraídos de sus sistemas.
Nacionales
«Pavo Real II: Fiscalía solicita juicio para el hijo de ‘Lalo’ Gomes y exoneración para banqueros»
Los fiscales antidrogas Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Andrés Arriola acusaron a Alexandre Rodrigues Gomes, de 38 años, hijo del fallecido exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Solicitaron el sobreseimiento definitivo de Luis María Zubizarreta Zaputovich, de 85, y John Gerald Matthias Gaona, de 52.
Según el documento presentado al juez especializado en crimen organizado Osmar Legal, el acusado era parte de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente de un esquema de tráfico de drogas liderado por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, desarticulado en la operación «Pavo Real II».
El caso comenzó hace un año, el 19 de agosto de 2024, cuando fue imputado por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, seguido de varios allanamientos en Pedro Juan Caballero, incluyendo la casa del entonces diputado Eulalio Lalo Gomes Batista, quien fue abatido por la Policía Nacional. El juzgado solo admitió la imputación contra los demás involucrados.
Óscar Daniel Cabreira Pinazo, uno de los acusados, se quitó la vida el 7 de agosto durante una investigación por lavado de activos relacionado con casas de cambio.
La acusación indica que, según las autoridades brasileñas, Alexandre Rodrigues Gomes está vinculado con la organización de Jarvis Chimenes Pavão. Conversaciones en una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento, hijo de Jarvis, sugieren transacciones de bienes en Paraguay. Propiedades como la «Estancia Negla Poty» en Bella Vista Norte, adquirida el 21 de mayo de 2020, formaban parte del patrimonio adquirido ilegalmente.
La fiscalía sostiene que Alexandre y su padre usaron sus influencias en el sector ganadero para mover fondos ilícitos en Paraguay. La acusación detalla pruebas de esta actividad y conexiones con el tráfico internacional de drogas.
Alexandre Rodrigues fue acusado de participar en el tráfico de drogas y beneficiarse de este comercio. La acusación indica que realizaba actividades en el país y en naciones como Bolivia y Brasil, participando en planificación, financiamiento y monitoreo de operaciones. Comunicación en Sky ECC contenía detalles de estas actividades, incluyendo armas y estupefacientes.
La fiscalía destaca que Alexandre fue un miembro activo y jerárquico de la organización criminal entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.
Finalmente, se solicitó el sobreseimiento de Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthias, ya que no se encontró evidencia suficiente de participación intencional o negligencia grave. La fiscalía concluye que se agotaron todas las investigaciones posibles sin encontrar nuevas pruebas.
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