Nacionales
Alertan sobre un riesgo tecnológico para la Presidencia de la República
La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad en términos de riesgo tecnológico de los tres gabinetes de la Presidencia. El Gabinete Militar se destacó como el mejor preparado para implementar controles, mientras que los gabinetes Civil y Social solo lograron una calificación media.
Según el informe del ente contralor, hay una moderada posibilidad de eventos con impactos negativos por la falta de aplicación de controles básicos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en estos gabinetes. Por ello, el Gabinete Civil y el Gabinete Social necesitan adaptarse para proteger su información de accesos no autorizados, daños e interferencias durante su procesamiento, almacenamiento o transmisión.
Un punto crítico señalado fue la falta de un sitio alternativo para resguardar copias de información. Además, se identificó un riesgo potencialmente alto debido a la ausencia de un plan de continuidad y contingencia en caso de eventos adversos.
La CGR recomendó a los tres gabinetes realizar monitoreos constantes de sus servicios para identificar deficiencias y establecer planes de acción. En mayo, el gobierno sufrió 27 ciberataques a sitios web estatales, revelando la vulnerabilidad del sistema.
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Nacionales
Más de 10,000 pequeños contribuyentes adoptan la facturación electrónica, según el informe de DNIT
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció que, desde que comenzó la etapa voluntaria, más de 10,000 pequeños contribuyentes han adoptado el sistema gratuito de facturación electrónica "Ekuatia’i" en todo el país.
La DNIT difundió un comunicado destacando su impulso al uso masivo del sistema de facturación electrónica "e-Kuatia’i". Esta herramienta digital permite emitir comprobantes de manera rápida y segura, cumpliendo las normativas vigentes y facilitando la gestión tributaria diaria.
Actualmente, más de 10,000 pequeños contribuyentes utilizan este sistema de facturación a nivel nacional.
Según la Resolución General N.º 21/2024, los pequeños contribuyentes —con un solo establecimiento y punto de expedición en el RUC— pueden unirse voluntariamente al sistema, independientemente del tipo de impuesto que paguen o el método que utilicen para emitir comprobantes.
A partir del 2 de enero, quienes cumplan los requisitos pueden acceder gratuitamente al sistema y comenzar a emitir facturas electrónicas. Asimismo, se les ofrece un certificado cualificado de firma electrónica sin costo, necesario para operar con "Ekuatia’i". Este sistema moderniza y simplifica la facturación, aportando transparencia y eficiencia en el cumplimiento tributario.
Por otro lado, en el contexto de la modernización de la "Ventanilla Única del Importador" (VUI 2.0) y el Sistema Integrado DIGEMABEL (SID), la DNIT comunicó la implementación de la Ley N.º 7411/2024 de Armas y la Resolución N.º 203/2025, estableciendo controles y procedimientos administrativos para diferentes tipos de materiales.
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Anexo A: Materiales que requieren autorización previa de la DIGEMABEL antes de la importación, como armas de fuego civiles, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las FF.AA.
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Anexo B: Materiales que necesitan verificación en Zona Primaria, como armas de fogueo, réplicas, miras telescópicas y armas de aire comprimido.
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Anexo C: Materiales no controlados por DIGEMABEL, incluyendo ballestas, chalecos antibalas, equipamiento táctico, y herramientas.
Este proceso se realiza bajo un convenio de cooperación entre la DNIT y DIGEMABEL, con capacitaciones para sus funcionarios y usuarios aduaneros.
Nacionales
Senado aprueba la versión «Frankenstein» de la ley de datos personales y solicitan a Peña que la rechace
En medio de advertencias sobre su inconstitucionalidad, la mayoría oficialista y sus aliados, con 24 votos, decidieron ratificar y enviar al Poder Ejecutivo la versión del Senado. Varios sectores de la oposición pidieron al presidente Santiago Peña que vete esta normativa, considerándola un «retroceso histórico» en términos de transparencia y control ciudadano.
Los senadores Rafael Filizzola (PDP) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) expresaron que tanto la versión del Senado como la de Diputados violan el artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual establece que “las fuentes públicas de información son libres para todos”.
Filizzola resaltó que «el artículo 28 dice claramente que las fuentes públicas de información son libres» y afirmó que esta ley violaría la Constitución y eliminaría la ley de acceso a la información pública, instando a Peña a vetarla.
Se informó además sobre la resistencia de cartistas al proyecto de protección de datos personales. Filizzola criticó al Gobierno actual por fomentar la impunidad y los conflictos de interés. Mencionó el cierre de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la designación de personas con intereses conflictivos en altos cargos.
La senadora Paredes opinó que si los oficialistas defendieran la transparencia, deberían haber rechazado la versión de Diputados cuando regresó al Senado. Elías Kobilansky (Cruzada Nacional) insistió en que quienes trabajan en el sector público deben ser transparentes.
El senador Patrick Kemper (ANR-Honor Colorado) defendió la versión del Senado, argumentando que la responsabilidad recae en el Congreso, no en el presidente Peña.
Esperanza Martínez (Frente Guasu) ironizó al describir el proyecto como una mezcla de «Frankenstein y Drácula», señalando un trasfondo cleptocrático. Ignacio Iramain (Independiente) criticó ambas versiones del proyecto, sugiriendo que es mejor que el presidente lo rechace por inapropiado.
Colym Soroka (ANR, aliado cartista) admitió que el proyecto es defectuoso desde el inicio y dejó una tarea difícil al presidente. Natalicio Chase (ANR-HC) señaló la crítica de la oposición a un proyecto originalmente planteado por partidos tradicionales, sin mencionar que fue modificado por la mayoría cartista.
Con la ratificación del Senado, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. La oposición pide al presidente Peña que use el veto, advirtiendo que la norma compromete la transparencia y el derecho al acceso a la información pública.
Filizzola concluyó que no apoyará esta inconstitucionalidad, mientras que el artículo polémico en la versión del Senado sugiere que el acceso a la información pública podrá denegarse si implica un detrimento mayor que el beneficio público.
El presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, Jorge Román, explicó el funcionamiento de los polígrafos y lo que analizan los expertos en estas pruebas en Paraguay. Señaló que el polígrafo no funciona de forma automática ni se limita a un dispositivo, sino que es parte de un proceso más extenso.
«La mayor parte del trabajo se realiza en una entrevista previa, donde se discuten los temas y se preparan las preguntas. Luego, se colocan los sensores en la persona evaluada», explicó.
Estos sensores detectan cambios fisiológicos involuntarios, como la respiración, la presión arterial o la sudoración, que pueden alterarse con ciertas respuestas.
El polígrafo registra reacciones, no emociones ni nerviosismo. Lo que se evalúa son los cambios fisiológicos relacionados con la verdad o el engaño”, aclaró Román.
Sobre la confiabilidad de los resultados, indicó que depende del tipo de examen, ya que cada uno tiene diferentes niveles. En un examen exploratorio, utilizado para contratar personal o controles rutinarios, la fiabilidad es del 90%, mientras que en exámenes específicos se supera el 94%. No obstante, los exámenes tienen un margen de error del 5%.
Respecto al cansancio, recomendó que los evaluados estén descansados para mantener la concentración necesaria durante el proceso. Mencionó que mientras que el nerviosismo está presente, no afecta el resultado, ya que el polígrafo mide cambios fisiológicos inmediatos.
Román destacó que toda prueba poligráfica debe ser voluntaria, con el consentimiento previo del individuo. Explicó que en Paraguay, el polígrafo se usa principalmente en el sector privado para selección de personal, controles de rutina o investigaciones internas. Algunos profesionales en la Policía y las Fuerzas Armadas también utilizan estas pruebas.
Finalmente, aclaró que, a diferencia de países como México o Colombia, en Paraguay el polígrafo no tiene validez legal como prueba judicial, aunque puede utilizarse como apoyo o referencia.
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