Nacionales
Agentes penitenciarios concluyen huelga de 16 días frente al Ministerio de Justicia
Después de más de 16 días de manifestaciones, los trabajadores de prisiones llegaron a un entendimiento con el Ministerio de Justicia para aplicar la recategorización salarial y abordar otras demandas pendientes. Sin embargo, advierten que podrían reanudar las protestas si no se cumplen los acuerdos.
Tras 16 días de huelga de hambre frente al Ministerio, ocho agentes penitenciarios decidieron poner fin a la medida tras lograr un acuerdo parcial.
Vicente Ruiz Díaz, líder del sindicato del sector, indicó que, aunque no obtuvieron todo lo que querían, se resolvieron cuestiones como la recategorización, el seguro médico y otros beneficios en negociación. Considera que avanzan en la dirección correcta.
El principal reclamo era la ejecución de la recategorización salarial aprobada en 2024, que debía aplicarse desde julio, pero solo se implementará a partir de octubre. Algunos de los acuerdos dependen del envío de una adenda del Ministerio de Economía al Congreso.
Los penitenciarios calificaron el acuerdo como “satisfactorio a medias”. Aunque hubo avances, enfatizan que los compromisos deben cumplirse antes de finalizar octubre. Advierten que, de no concretarse, retomarán las protestas.




El presidente Santiago Peña ha solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una revisión de sus declaraciones juradas para actualizar sus bienes. Esto se produce tras denuncias de legisladores opositores sobre posible enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además del escándalo relacionado con sobres de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga.
Felino Amarilla, abogado, expresó críticas sobre las acciones del presidente ante estos cuestionamientos. Según Amarilla, Peña decidió ajustar su patrimonio oficialmente con la ayuda de especialistas, aunque aún quedan dudas sin resolver en las declaraciones de 2023.
Se cuestiona, por ejemplo, cómo las 1.500 acciones compradas por Peña en 2019 se convierten en 6.144 acciones de Ueno Holding. Además, existen diferencias significativas en los montos declarados.
Peña ha seguido el proceso formal pero esto no asegura la veracidad de sus declaraciones. En 2017, su patrimonio neto era de G. 1.007 millones, pero para 2019 había aumentado considerablemente, lo que genera sospechas de una posible connivencia con el Grupo Vázquez, que maneja Ueno Holding y es beneficiario de fondos estatales.
Asimismo, existen discrepancias entre lo que Peña ha declarado sobre su gasto mensual, particularmente en vestimenta, y evidencias de gastos de lujo no reflejados en sus declaraciones.
La propiedad en San Bernardino también es objeto de escrutinio, así como la relación con empresas que tienen vínculos estrechos con el Estado. Estos hechos alimentan sospechas de conflictos de interés.
Amarilla señala que aunque Peña haya cumplido con la formalidad, esto no garantiza ética, dada la relación familiar y las contrataciones estatales. Por último, se cuestiona la imparcialidad y efectividad de la Contraloría y la Fiscalía, al señalar un ambiente de impunidad prevalente en Paraguay.

Nacionales
Arrestan a un hombre y confiscan su retroexcavadora en el este por delitos ambientales

Un individuo fue arrestado por oficiales del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la oficina regional de Alto Paraná e Itapúa, tras ser sorprendido cometiendo delitos ambientales, de acuerdo con el informe policial. Estaba utilizando una retroexcavadora sin la debida autorización ambiental.
El detenido se llama Víctor Giménez, quien es acusado de violar supuestamente las leyes ambientales. La operación afectó aproximadamente 7 hectáreas. Según los agentes, Giménez no poseía la documentación ambiental necesaria. Se le confiscó una retroexcavadora.
Este incidente ocurrió en el distrito de Juan León Mallorquín y fue llevado a cabo por el personal del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales Regional N.º 5 de Alto Paraná e Itapúa. El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales (UFEDA) y las autoridades competentes están gestionando el caso.


El abogado y exdiputado Óscar Tuma publicó recientemente una imagen junto al diputado cartista Hugo Meza (ANR, B), proponiendo un referéndum sobre establecer relaciones diplomáticas con China Continental, lo cual implicaría cortar lazos con Taiwán, a pesar de que esta idea es inconstitucional.
“¡Misión cumplida! Ahora es momento de promover un referéndum para que todos los paraguayos decidamos sobre nuestra relación con China Continental”, anunció Tuma en la foto junto a Meza, uno de los principales promotores de la causa en el Congreso.
Es sorprendente que Tuma, siendo abogado y exlegislador, no reconozca las restricciones constitucionales que impiden someter ciertas materias a referéndum, como está indicado en el artículo 122 de la Constitución. Este artículo claramente prohíbe que las relaciones internacionales y acuerdos sean objeto de referéndum. Además, el artículo 238 otorga al presidente la responsabilidad exclusiva de gestionar las relaciones exteriores del país.
La propuesta surge en medio de tensiones en Diputados entre quienes desean mantener relaciones con Taiwán y un grupo menor que busca vínculos con China Continental, lo que significaría ignorar a Taiwán debido a la política china.
Ayer, un grupo de aproximadamente 8 diputados viajó a China Continental por invitación de ese país, pero hay poca información sobre quiénes participan debido a amenazas recibidas. Se sabe que el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA) coordinó el grupo, que al parecer no incluyó a colorados.
Por otro lado, el pasado lunes 13, otro grupo de 14 diputados de distintos partidos regresó de Taiwán, invitados por su gobierno, liderados por Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja. El apoyo a China ha generado tensiones entre los oficialistas, con el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, sugiriendo que los que no apoyen a Taiwán deberían distanciarse del cartismo.

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