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PILAR

Habitantes de comunidades rurales en el distrito de Tacuaras han solicitado formalmente la intervención de la Fiscalía del Medio Ambiente. Denuncian que una empresa arrocera ha bloqueado el canal principal del arroyo Las Hermanas, causando inundaciones en diversas áreas. Esta solicitud cuenta con el respaldo del intendente de Tacuaras, Lorenzo Irún (PLRA).

El 5 de septiembre de 2025, los residentes de Tacuaras y Laureles reportaron inundaciones. Según ellos, estas fueron provocadas por las obras de una empresa arrocera en Punta Diamante. Lorenzo Irún presentó una solicitud al fiscal del Medio Ambiente, Milciades Ramos, con el apoyo de las comunidades de Tacuara’í, San Jorge, Piretû Cué, Punta Diamante y Yaguarón.

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Los habitantes acusaron a la empresa de obstruir los canales naturales del arroyo Las Hermanas para crear reservorios de agua y terraplenes para el cultivo de arroz. Esto habría afectado el ecosistema local y las fuentes de agua para consumo y producción.

Aunque no se mencionó oficialmente el nombre de la empresa en la solicitud, se supo que podría tratarse de AV Agroganadera S.R.L. Ademir Valkarenchi, su representante, afirmó estar dialogando con los vecinos para encontrar una solución conjunta.

Los pobladores esperan que la fiscalía actúe urgentemente para prevenir más inundaciones. En julio, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) realizaron una inspección en el área y encontraron varias irregularidades, según Rocío Mendoza, directora de Fiscalización Ambiental.

Mendoza informó que durante la inspección se detectaron obras hidráulicas de gran magnitud no incluidas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado por Mades, lo cual podría estar afectando los humedales y áreas circundantes. Sin embargo, las autoridades municipales todavía no han recibido un informe oficial o confirmación de posibles sanciones por parte del Mades.

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SAN ESTANISLAO

Un grupo de manifestantes de diversas comunidades indígenas, que llevaban 22 días protestando en Cruce Guaicá, en el kilómetro 150 de la ruta PY03 de este municipio, decidió concluir la manifestación. Estos manifestantes, ubicados al costado de la vía principal que atraviesa el departamento de San Pedro, se retiraron.

Los pueblos originarios de San Pedro y otras regiones reclaman por la falta de apoyo del organismo responsable, exigiendo la remoción del presidente del Indi, el Gral. (R) Juan Ramón Benegas.

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Según los líderes de las comunidades indígenas, tras acordar con las autoridades nacionales, incluida el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y otras entidades estatales, las familias que cerraban intermitentemente la ruta regresaron a sus asentamientos.

El portavoz de los manifestantes, César Dosanto, líder de la comunidad La Paloma de Yataity del Norte, del grupo Ava Guaraní, afirmó que decidieron levantar la protesta temporalmente mientras esperan que se cumplan los compromisos asumidos con la gente.

Acuerdo Alcanzado

Luego de semanas de negociación, se logró un acuerdo donde las autoridades prometieron acelerar la asistencia a las familias en numerosos asentamientos. Estas comunidades solicitan casas, pozos artesianos, electricidad, mejora de caminos, arreglos de escuelas y puestos de salud.

En La Paloma, las principales necesidades incluyen caminos y la construcción de un puente sobre el arroyo Tapiracuai para conectar con la comunidad Virgen del Carmen, la cual actualmente no tiene acceso.

Dosanto destacó que, tras días de sacrificio, lograron llegar a un consenso con los representantes del Indi para regresar a sus comunidades. Además, mencionó que su gente retorna con algunos víveres para complementar la producción agrícola local, mientras se esperan los trabajos de mejora prometidos por diversas entidades del gobierno nacional.

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En la primera reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tuvo lugar este jueves, los legisladores resaltaron principalmente dos temas: el presupuesto asignado al IPS y la deuda que este demanda, así como los fondos destinados a la reforma del transporte público de pasajeros.

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas, inauguró la sesión presentando los principales números del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. La propuesta del gobierno para 2026 asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un aumento de G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), lo que representa un 12% más que el presupuesto inicial de 2025.

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Después de su presentación, el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC), presidente de la comisión, inició una ronda de preguntas y respuestas, donde se abordaron temas como el presupuesto del IPS y una deuda de más de US$ 640 millones que esta institución reclama al Estado, además del costo de la reforma del transporte público. Participaron en la discusión las senadoras de la oposición, Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, así como el diputado opositor Raúl Benítez.

Respecto al IPS, Fernández Valdovinos destacó su preocupación, indicando que para el próximo año se le asignará un 2,5% más de fondos previamente destinados al Tesoro. Sin embargo, destacó la importancia de mejorar la gestión de estos recursos, argumentando que solo aumentar el presupuesto sin optimizar su uso no será efectivo. Además, mencionó la necesidad de implementar un sistema de seguimiento de medicamentos.

En cuanto a la reforma del transporte público, se indicó que se han asignado US$ 55 millones bajo la figura de subsidio, que podrán emplearse para la reforma o mantener el sistema actual, dependiendo del avance del proyecto. También se mencionó que un monto de US$ 300 millones se ejecutará a lo largo de varios años, evitando concentrar el gasto en un solo periodo.

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