Nacionales
Acusan y solicitan detención preventiva para hombre que amenazó con machete a su hermana
Un hombre fue arrestado e imputado por violencia familiar, tras atacar con un machete a su hermana en Comandante Peralta, Quiindy. El incidente se produjo delante de los hijos de la víctima, quien no resultó herida. El fiscal solicitó prisión preventiva.
Amado Falcón, de 45 años, fue acusado por el fiscal Leonardo Cáceres de la Unidad Penal N.º 2 por violencia familiar. El ataque ocurrió en Comandante Peralta, y se confiscó un machete al detenido. Según la denuncia, Falcón agredió a su hermana, Liz Marcelina Ruiz Falcón, de 41 años, frente a sus hijos.
La hermana afirmó que estos episodios son frecuentes y que su hermano se vuelve violento cuando bebe. En esta ocasión, los niños trataron de cerrar un portón para detenerlo. Falcón golpeó el cercado con el machete, poniendo en peligro a su sobrina. La escena fue filmada y se llamó a la policía.
La rápida intervención policial llevó a la detención de Falcón y la incautación del machete. El comisario Rubén Contreras lideró la operación. El fiscal Cáceres solicitó prisión preventiva por el riesgo de fuga, y el Ministerio Público podría ampliar los cargos. La víctima recibirá protección según la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra la Violencia.
Nacionales
Adolescente de 16 años hallada sin vida en Limpio vivía en situación de vulnerabilidad, indica la Policía
El comisario José Acosta informó que una joven de 16 años, encontrada muerta en Limpio, vivía en condiciones de vulnerabilidad tras la pérdida de su padre y el encarcelamiento de su madre. Señaló que su muerte pudo haberse evitado con medidas preventivas de las autoridades responsables de proteger a los menores.
Una adolescente fue hallada sin vida en Limpio, en circunstancias aún bajo investigación. El comisario Acosta, jefe de la Comisaría 28ª de la ciudad, comunicó que el hallazgo fue reportado por vecinos alrededor de las 18:30 de ayer. La joven, que vivía con su hermano de 12 años sin supervisión adulta en el barrio Isla Aranda, estaba en una situación vulnerable desde hace meses.
La madre había sido detenida el noviembre pasado por robo agravado y está en la prisión «El Buen Pastor». El padre había muerto tres años atrás. Inicialmente, la joven quedó bajo el cuidado de su madrina, pero regresó a su casa con su hermano tras un incidente.
El comisario informó que la adolescente había asumido una vida independiente, relacionándose con un joven de 18 años con quien terminó hace dos meses. Mencionó también que había dejado de asistir a la escuela y que su conducta ya era independiente de un adulto.
Se criticó a las instituciones que debían prevenir estos casos, sugiriendo que, con la intervención adecuada, el desenlace pudo ser diferente.
Sobre las circunstancias de su muerte, la joven fue vista por última vez en su casa con otra chica y luego en el centro de Limpio. Fue hallada semidesnuda con signos de violencia, según la médica forense, y aparentemente había sido abusada y golpeada. Se está llevando a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. El comisario también comentó que no se descarta la posibilidad de tortura o que pudiera estar siendo utilizada para actividades ilícitas.
La Cámara de Diputados está revisando una propuesta polémica que busca aumentar a diez años la pena máxima para adolescentes infractores. Esto se enmarca en un contexto donde el crimen organizado aprovecha su vulnerabilidad y el Estado intenta recuperar autoridad.
Los diputados realizaron cambios al proyecto de ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, aumentando las penas de 8 a 10 años para menores infractores. La iniciativa ya había recibido media sanción en el Senado y ahora regresa allí para su revisión.
Originalmente, el Senado propuso aumentar la pena máxima de 8 a 15 años para adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos calificados como crímenes. No obstante, la Cámara Baja ajustó ese rango a 10 años.
Según la diputada Rocío Abed, quien preside la Comisión de Equidad que recomendó las modificaciones, el artículo 207 actualmente establece una pena máxima de ocho años para menores que cometan crímenes.
El proyecto señala que, excepcionalmente, un juez puede aplicar una medida privativa de libertad de hasta 10 años si se determina que ninguna otra medida es suficiente para los fines de educación, protección y reinserción social.
El proyecto argumenta que el crimen organizado utiliza a menores para delinquir, conociendo que las sanciones para ellos son más leves, lo que socava la autoridad estatal y expone a los jóvenes a situaciones violentas.
Además del aumento de las penas, la propuesta incluye evaluaciones obligatorias para determinar la capacidad de discernimiento, un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil, y criterios de proporcionalidad, reincidencia y madurez psíquica del infractor.
La Ley de Protección a Periodistas estaba programada para ser discutida en el Congreso la semana pasada, luego de recientes atentados y las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Paraguay. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha reportado al menos 100 casos de agresiones entre 2022 y 2025. La propuesta de ley también busca proteger a defensores de derechos humanos, siguiendo lo estipulado por la mencionada corte internacional.
El SPP ha urgido la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas, que podría debatirse pronto en el Congreso. La iniciativa ha cobrado relevancia tras la visita de la Corte IDH y numerosos ataques a periodistas en múltiples regiones del país.
Santiago Ortiz, secretario general del SPP, confirmó que el Congreso ha decidido tratar el proyecto y considerará posibles modificaciones. En los últimos tres años, principalmente bajo el gobierno de Peña, se han registrado más de 100 agresiones a periodistas, incluyendo amenazas, hostigamientos y ataques armados, lo que se ha vuelto habitual.
Ortiz explicó que las agresiones son comunes debido a una estructura social, política y económica que fomenta la ilegalidad. Señaló que es urgente que el Estado desarrolle políticas públicas para garantizar la protección de los periodistas, lo cual es esencial para el derecho del ciudadano a recibir información.
El dirigente criticó los discursos de hostigamiento desde el poder político, destacando que este periodo legislativo ha sido particularmente agresivo hacia los periodistas.
El proyecto de ley se basa en tres pilares:
- Prevención: Campañas de sensibilización y capacitación para funcionarios, fiscales y policías.
- Protección: Creación de un mecanismo para medidas inmediatas, como custodia y traslados.
- Acceso a la justicia: Que las agresiones sean de acción penal pública y no privada.
Además, la propuesta también busca proteger a defensores de derechos humanos, expuestos a amenazas similares. Se destaca la importancia de proteger a líderes indígenas, campesinos y comunitarios que defienden sus derechos y territorio.
Ortiz enfatizó que no se trata de un privilegio corporativo, sino de una medida esencial para proteger a quienes arriesgan su vida informando y defendiendo comunidades.
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