El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, recordó que todo acto sexual que involucre a un menor se considera abuso y no puede mediar el “consentimiento”. Una niña de 10 años de edad dio a luz el domingo en un hospital en Ciudad del Este.
Gutiérrez comentó sobre el caso de una niña de 10 años, víctima de abuso sexual, que dio a luz a un bebé el domingo en Ciudad del Este.
La menor, oriunda de una comunidad indígena del departamento de Caazapá, fue trasladada a Ciudad del Este a un hogar de acogida hace unos meses, cuando se detectó el embarazo en un hospital de San Juan Nepomuceno y se dio aviso al Ministerio de la Niñez.
El presunto abusador está bajo reclusión en Caazapá, comentó el ministro Gutiérrez.
El ministro recordó que cualquier acto sexual hacia niños es considerado abuso y no puede hablarse de consentimiento. Igualmente, recordó que el abuso sexual no puede ser protegido bajo la figura de “derechos consuetudinarios” de pueblos indígenas.
Agregó que desde que asumió su cargo en agosto y dispuso la creación de un programa de atención integral a niños víctimas de abuso, el Ministerio de la Niñez ha atendido unos 400 casos de abuso cuyas víctimas han recibido atención “inmediata”.
Niños en las calles
Opinó que la presencia de niños en las calles es “expresión de una alta desprotección social” que el Gobierno busca combatir.
Finalmente, señaló que -en promedio- siete de cada diez niños en situación de calle en Paraguay pertenecen a pueblos indígenas, una expresión de la situación de necesidad en que muchas de esas comunidades viven.
El 31 de octubre de 2025, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), expresó su preocupación por las acciones del ministro del Interior, Enrique Riera, acusándolo de dañar las carreras de oficiales de policía con un historial impecable. Filizzola está trabajando en un proyecto de ley para modificar los artículos que regulan el uso del polígrafo.
Filizzola calificó de atropello institucional la gestión de Riera, señalando que el actual método del Ministerio del Interior, que somete a oficiales a pruebas de polígrafo, carece de transparencia, control y garantías para los afectados. Riera fue citado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar el uso del polígrafo, pero no asistió. Filizzola denunció que, con estas pruebas, se impiden ascensos a policías ejemplares, mientras aún reciben listas de oficiales con antecedentes judiciales.
El senador criticó la falta de claridad en el proceso, cuestionando la capacitación de los examinadores y el estado de los equipos utilizados, afirmando que son máquinas obsoletas con software no actualizado. El margen de error del polígrafo, según indicaciones, es del 30 %, lo que puede causar evaluaciones injustas.
Filizzola también advirtió que los oficiales no tienen acceso a los resultados ni opciones de apelación, lo cual contradice el Estado de derecho. Señaló que el uso del polígrafo podría violar la Constitución Nacional al forzar autoincriminaciones, y expresó que un operador del polígrafo tiene más poder que el presidente y el Congreso, ya que sus resultados determinan los ascensos.
El senador enfatizó que esta práctica afecta la moral de la policía, invitando a sus colegas a revisar el uso del polígrafo y corregir injusticias. Criticó que se aplica sin regulación, violando la Ley de igualdad de género en la entrada a la Policía Nacional, y subrayó la necesidad de proteger a oficiales dedicados.
Finalmente, Filizzola denunció que de los 5.000 nuevos ingresos a la policía, 4.000 son hombres y solo 840 mujeres, acusando al ministro de no comparecer ante el Senado antes de definir ascensos.
La fiscal de Ejecución, Celia Beckelman, a cargo del caso de Fernando González Karjallo, hijo del usurero Ramón González Daher y condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el Auto Interlocutorio N° 351 del 14 de octubre de 2025. Este fallo fue emitido por el Tribunal de Apelación Penal compuesto por los jueces Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Adriana Giagni Rojas.
El tribunal de apelaciones aceptó la solicitud de la defensa de Karjallo y anuló la decisión de la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien había denegado el traslado al período de prueba del condenado por lavado.
En este sentido, Beckelman argumenta que se han aplicado erróneamente las normas legislativas y judiciales relativas a la ejecución de la pena y la rehabilitación del condenado, indicando que el tribunal parece desconocer cómo el Estado ha regulado este proceso.
“Si seguimos esta línea de pensamiento, la ejecución de la pena se reduciría a un simple aislamiento de quien ha quebrantado el orden social”, destaca en su escrito.
La acción también señala que la sentencia del tribunal va en contra del procedimiento de ejecución de pena establecido y actúa de manera “incongruente y arbitraria”.
La fiscal subraya que, sin completar el tratamiento, no se puede evaluar adecuadamente el grado de confianza necesario para mitigar las restricciones del condenado. Ella concluye que Fernando González Karjallo debe completar su proceso de tratamiento para garantizar su reinserción y evitar futuros delitos.
Beckelman solicita a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la resolución del tribunal de apelación y suspenda sus efectos, ya que podría causar perjuicios irreparables a la fiscalía.
Las víctimas de usura del clan González Daher temen que esta decisión sea un avance hacia la impunidad, ya que Karjallo, condenado junto con su esposa y madre por supuesto lavado de dinero, podría recibir una libertad no merecida.
Recuerdan que el Código de Ejecución Penal exige, entre otras cosas, buena conducta y cumplimiento de la mitad de la pena para optar a beneficios como salidas transitorias, condiciones que Karjallo no cumple, ya que en una reciente revisión se encontraron teléfonos y alcohol en su celda.
El número de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) ha aumentado un 28% este año y podría superar las 6.900 antes de que termine el 2025. Este crecimiento se debe al sistema en línea y la colaboración con bancos, lo que facilita la formalización de emprendedores en todo Paraguay, según un informe del MIC.
El Ministerio de Industria y Comercio presentó un informe del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), el cual muestra el crecimiento en la creación de EAS hasta septiembre.
Leticia Giménez, secretaria de Suace, informó a ABC que en 2025 se han abierto 5.456 nuevas empresas, con inversiones superando los 318 millones de dólares, consolidando las EAS como una herramienta clave para la formalización y crecimiento del emprendimiento en Paraguay.
Giménez explicó que las EAS están creciendo más que las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada, gracias a su sistema completamente en línea, que facilita tanto la apertura como la formalización de la empresa.
Además, el sistema se ha integrado con tres bancos, lo que permite abrir una cuenta bancaria durante el mismo proceso, haciendo que muchos emprendedores opten por esta figura debido a la simplicidad de los trámites.
En 2024, se registraron 5.900 empresas bajo este modelo, y hasta septiembre de 2025, casi se ha alcanzado esa cifra, con un crecimiento del 28%.
Las inversiones en EAS han alcanzado 318 millones de dólares, con un 77% de capital nacional y un 23% de inversión extranjera, reflejando confianza en el entorno económico del país.
Giménez estima que podrían llegar a 6.900 o 7.000 empresas en 2025, con un promedio de 700 aperturas mensuales. Los sectores más inscritos son el comercial y de servicios, seguidos por el industrial y agropecuario.
Desde 2021, el sistema EAS ha avanzado significativamente, ofreciendo una alternativa simplificada y accesible. Inicialmente pensado para emprendedores, la ley permite a todos los sectores aprovechar las ventajas del sistema en línea.
El sistema comenzó en 2021 con 1.000 empresas, y en 2022 creció un 160% con 2.734 nuevas EAS. En 2023, casi se duplicó con un incremento del 64% y la creación de 4.487 nuevas empresas.
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