Cinco días después de que Óscar «Nenecho» Rodríguez (ANR-cartista) dejara su puesto como intendente de Asunción, la municipalidad permanece inactiva y la ciudad sigue en el mismo estado de deterioro en que la dejó el exalcalde. Los concejales, principalmente colorados cartistas y disidentes, están centrados casi exclusivamente en elegir a un sucesor que continúe el «modelo» de Nenecho.
Desde el lunes, varias oficinas municipales, como la Dirección General de Gabinete, han comunicado su «cierre por corte administrativo». El viernes, el interventor Carlos Pereira entregó 45 tomos de un informe final de la fiscalización al Ministerio del Interior; el domingo se cumplieron los 60 días de intervención decretados por el Poder Ejecutivo, y el lunes las dependencias cesaron de recibir documentos para trámites internos hasta que se nombre un intendente interino. Sin embargo, los servicios a los contribuyentes siguen asegurados.
Óscar «Nenecho» Rodríguez asumió como intendente en 2019 en reemplazo de Mario Ferreiro y fue reelecto en 2021 para el período hasta 2026. Ante una destitución inminente por irregularidades confirmadas en la intervención, renunció el pasado viernes. La nota de su renuncia se incluirá oficialmente en la junta municipal en la sesión ordinaria del miércoles, y se espera que Luis Bello (ANR-cartista) asuma como intendente interino.
Entretanto, la ciudad muestra una situación crítica con enormes baches y un deficiente sistema de recolección de basura, lo que genera vertederos irregulares por todas partes. La Junta Municipal, donde los ediles colorados, cartistas y disidentes tienen mayoría, se ha enfocado en reuniones para alcanzar una «unidad». Según ellos, ya cuentan con los votos necesarios para que Luis Bello complete el mandato de Rodríguez hasta diciembre de 2026. La oposición, con el Partido Liberal y Patria Querida, apoya al candidato Álvaro Grau (PPQ).
Carlos Pereira terminó el sábado su proceso de fiscalización sobre la gestión de Nenecho Rodríguez, iniciado en junio. Reveló que pudo seguir el destino de 512.000 millones de guaraníes en bonos destinados a obras, que se desviaron en un 93% a gastos corrientes, incluidos salarios. Esta intervención se llevó a cabo por solicitud de la Contraloría General de la República, que había detectado el desvío de los bonos sin poder determinar su uso exacto.
Dicho desvío privó a los contribuyentes de mejoras en infraestructura, reflejándose en la condición de deterioro de la ciudad. Por ejemplo, con los bonos G8 de 2022, por 360.000 millones de guaraníes, se debían construir ocho cuencas de desagüe pluvial, de las cuales solo iniciaron cuatro y aún están inconclusas.
Pereira declaró que Nenecho dejó la municipalidad «moral y financieramente destruida», con deudas vencidas con bancos, bonistas, y proveedores, sumando 135.000 millones de guaraníes, además de deudas con asociaciones y la Caja de Jubilados. Confirmó una plantilla de 9.119 funcionarios, cuando, según él, la institución podría funcionar con 5.000 menos.
Además del informe final ante el Ministerio del Interior, el interventor presentó cinco denuncias penales en la Fiscalía, donde hay procesos por el desvío de bonos y compras durante la pandemia. Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal. A cinco días de la presentación del informe, la Presidencia aún no lo ha remitido a la Cámara de Diputados.