Nacionales
Abogado violento sigue oculto tras cobarde agresión a fiscalizadora del INTN
A pesar de varios allanamientos, agentes policiales aun no pudieron dar con el paradero del abogado Walter Ramón Acosta, que fue captado por cámaras de seguridad agrediendo a una fiscalizadora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
El abogado Walter Ramón Acosta sigue prófugo de la Justicia luego de haber golpeado en el rostro a una fiscalizadora del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) que estaba realizando su trabajo verificando una estación de servicio en la localidad de Tavapy, Alto Paraná.
Una comitiva encabezada por la fiscala Rocío Celeste González realizó allanamientos en su vivienda, en su estudio jurídico y en otros sitios, pero no pudieron dar con el hombre que despertó la indignación en gran parte de la ciudadanía.
Buscan al abogado que agredió a una funcionaria del INTN, en zona de Alto Paraná.
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— Telefuturo (@Telefuturo) March 20, 2025
“Realizamos varios allanamientos y no pudimos dar con el agresor, pero pudimos incautar los archivos de las cámaras de seguridad de la estación de servicio”, expresó la fiscala en una entrevista con Telefuturo.
La agente del Ministerio Público reveló que tomó declaración a la ingeniera Lourdes Sosa Cuevas, que recibió la cachetada por parte del profesional. La misma confirmó que Acosta intentó por todos los medios evitar que realice su trabajo en la gasolinera.
Luis Duarte, Jhamín Afara y Cinthya Ibáñez, los otros funcionarios que fueron víctimas, acudieron ante el Ministerio Público y dieron detalles de lo sucedido.
La Fiscalía ya imputó por coacción, coacción grave y resistencia al abogado.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Conflictos en Ciudad del Este: enfrentamientos entre colorados y oficialistas en un sitio de votación
En el Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, se produjo un altercado verbal con algunas confrontaciones físicas este domingo. La diputada cartista Rocío Abed y su esposo, Justo Zacarías Irún, asistieron acompañados por partidarios de Honor Colorado, quienes provocaron a los simpatizantes opositores.
Durante las votaciones en Ciudad del Este, se vivió un ambiente tenso al llegar la diputada Rocío Abed (ANR-HC) y Justo «Lucho» Zacarías Irún, actual director paraguayo de Itaipú. La pareja llegó al Centro Regional para votar, escoltada por seguidores colorados que lanzaban consignas a favor del Partido Colorado (ANR).
La presencia del clan Zacarías generó reacciones molestas entre simpatizantes del oficialismo local, encabezado por Yo Creo, quienes respondieron con gritos, llevando a empujones y discusiones entre ambos grupos.
Según videos, Rocío Abed intercambió palabras con algunos votantes al salir. Respondió a los abucheos de los opositores con gestos desafiantes, mientras la policía trataba de controlar la situación.
También estuvo presente el diputado Esteban Samaniego, quien acompañaba a la pareja Zacarías-Abed durante el incidente. Samaniego tiene antecedentes de situaciones violentas en el pasado.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió el 7 de noviembre la resolución N° 1803, en la que extiende la resolución N° 29.664, del 5 de octubre de 2017, que prohíbe la difusión y uso de materiales impresos y digitales relacionados con la teoría o ideología de género en las instituciones educativas bajo su jurisdicción.
La resolución N° 29.664, emitida en octubre de 2017, fue promulgada por el ahora ministro del Interior, Enrique Riera, quien estaba al frente del MEC en ese momento. Fue en respuesta a la presión de grupos provida y profamilia, incluyendo aquellos liderados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de Capitol Ministries en Paraguay.
Durante esa época, el actual ministro de seguridad incluso ofreció quemar libros sobre “ideología de género” en una plaza pública para mostrar su postura.
Con la nueva resolución, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, y Gustavo Rodas, secretario general del MEC, no solo se prohíben libros sobre “ideología de género”, sino que también se elimina la palabra «género» de todos los materiales educativos, independientemente del formato.
La normativa aclara que se reemplazan términos como “igualdad, igualdad de género, equidad, enfoque de género y perspectiva de género”, por “igualdad entre hombres y mujeres”.
La terminología incluye también las palabras sexo e inclusión. En cuanto al término «sexo», se mantiene lo establecido en la Constitución Nacional, que reconoce la familia como el fundamento de la sociedad e incluye la unión estable entre un hombre y una mujer. El currículo del MEC respalda esto.
Sobre inclusión, el documento señala que se refiere a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se menciona el artículo 12 de la convención de Derechos Humanos, que defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. También cita otros artículos de la Constitución Nacional sobre el derecho a la educación.
Por último, se declara en desuso los materiales educativos anteriores a la resolución N° 29664, del 5 de octubre de 2017.
El 9 de noviembre de 2025, el abogado Silvio Delvalle solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revise urgentemente un recurso contra la decisión que anuló su matrícula profesional. Según Delvalle, la sanción fue arbitraria e injusta, ya que solamente denunció irregularidades de magistrados en Paraguarí, bajo la protección del entonces ministro Antonio Fretes.
El recurso que presenta Delvalle desafía la resolución N° 673 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 12 de octubre de 2022, que anuló su matrícula. Argumenta que esta medida es injusta y arbitraria, y la semana pasada presentó un urgimiento debido a que lleva tres años sin poder ejercer.
El caso, relacionado con un permiso para viajar al extranjero en 2017 en Paraguarí, incluyó recusaciones y denuncias contra varios jueces. El juez instructor Rodolfo Heyn consideró que Delvalle actuó de forma irrespetuosa y dilatoria, recomendando la suspensión de su ejercicio profesional por un año.
Finalmente, el Consejo de Superintendencia, compuesto por Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, decidió la anulación de la matrícula de Delvalle.
En su defensa, Delvalle rememora persecuciones durante la dictadura stronista por defender la libertad. Alega que ahora enfrenta otra persecución por denunciar el actuar corrupto de magistrados, quienes protegen a criminales organizados. Según Delvalle, su accionar no amenaza al Estado, sino quienes son encubiertos por esta corporación judicial.
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