José Insfrán, implicado en el caso “A Ultranza”, ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su abogado, denunciando presuntos casos de “tortura” y trato inhumano en la cárcel de Emboscada, donde lleva más de un año recluido.
Conocido como el “Pastor Insfrán”, completó el formulario de solicitud para la CIDH, alegando torturas y condiciones deplorables en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada. Este documento fue presentado el domingo pasado.
Desde 2023, Insfrán está encarcelado por su supuesta implicación en un esquema de narcotráfico y lavado de dinero desmantelado mediante el operativo “A Ultranza Py”. Aunque no tiene una condena definitiva, su defensa afirma que enfrenta condiciones extremas que violan sus derechos humanos.
El abogado Nelson López, en diálogo con ABC, destacó que Insfrán ha estado confinado en una celda sin ventilación y sin movimiento durante más de un año, lo que “destruye su personalidad”. Las visitas son limitadas y no recibe una dieta adecuada para su condición bariátrica.
Además, según López, para trasladarlo, se le pone una bolsa negra en la cabeza y se le esposa. El formulario incluye un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que menciona tortura psicológica y, ocasionalmente, física en la prisión de Emboscada.
La defensa de Insfrán solicita su traslado a otro centro penitenciario o medidas menos severas, como el arresto domiciliario, argumentando que es inocente hasta que se le condene con sentencia firme.
Por su parte, la jueza Rosarito Montanía de Bassani ha ratificado su prisión preventiva en Emboscada, rechazando solicitudes de arresto domiciliario. Recordó que Insfrán estuvo prófugo casi dos años, evidenciando una falta de voluntad para enfrentar el proceso judicial.