Nacionales
A solicitud de Fiscalía, desestiman acusación contra Fátima Saucedo por presunto abandono
La jueza penal de Garantías, Rossana Diana Carvallo, archivó hoy una denuncia contra Fátima Leticia Saucedo Zelada, «La Negra». Anteriormente despedida de Yacyretá por «planillerismo» en 2022 y luego reintegrada este año, fue acusada de abandono animal según la Ley de Protección y Bienestar Animal.
La jueza no tuvo opción ya que la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, confirmó el pedido de desestimación del fiscal Gerardo Mosqueira.
La denuncia fue presentada por Héctor Luis Rubin de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, sobre un incidente entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
Rubín informó a la Fiscalía de un informe del Hospital Veterinario Asunción, donde Saucedo llevó, el 31 de diciembre de 2004, a su perro «Pepi», un Pug de 16 años.
Veterinarios afirmaron que el perro no necesitaba internación. Sin embargo, Saucedo insistió en dejarlo y no lo recogió hasta el 21 de enero, cuando se denunció el caso por maltrato animal.
Lilian González, propietaria de la veterinaria, detalló que pese a no ser necesaria, Saucedo dejó al perro internado hasta que finalmente lo retiró 21 días después tras una intimación por WhatsApp.
La Fiscalía no encontró delito en la conducta de Saucedo. Ella aseguró que dejó al perro y viajó a Pilar, presentando luego facturas de pago por tratamientos en enero y febrero por G. 19.644.000.
Saucedo alegó problemas familiares y de salud que le impidieron buscar al perro antes. La Fiscalía consideró que ella buscó la atención adecuada para su mascota y no abandonó su cuidado.
La jueza Carvallo, a pesar de su disconformidad, cumplió con la solicitud del Ministerio Público de desestimar la denuncia, siguiendo el art. 314 del Código Procesal Penal.
Un presunto ladrón de motos falleció tras ser apuñalado en Isla Bogado, Luque, durante un supuesto intento de robo a un conductor de motobolt. El conductor se entregó a la Policía y afirmó haber actuado en defensa propia.
Un incidente violento resultó en la muerte de un joven de 21 años este domingo en Isla Bogado, Luque, después de un presunto intento de robo contra un conductor de motobolt.
Según el reporte de la Comisaría 46° Central, el suceso ocurrió alrededor de las 07:50 en las calles Fotógrafo del Chaco y Campo Vía. La persona fallecida fue Bruno Alfredo Acosta Alvarenga, residente en la misma localidad.
Se informó que Acosta habría robado el teléfono celular del conductor, identificado como Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez, de 28 años. Este lo persiguió y, en medio de una pelea, utilizó un cuchillo para herir al joven dos veces, una de ellas en el tórax.
La situación fue capturada en imágenes de cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para la investigación.
El herido fue atendido por la Policía y llevado al Hospital General de San Lorenzo, donde falleció poco después.
El conductor se presentó voluntariamente en la Comisaría 46° de Isla Bogado y alegó defensa propia. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.
Nacionales
Personas mayores de Ñeembucú exigen comprensión y ayuda genuina de las autoridades
En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, representantes de asociaciones de adultos mayores de Alberdi y Pilar se reunieron para celebrar y expresar su descontento por la falta de apoyo institucional hacia este grupo.
En Ñeembucú, durante un encuentro en Alberdi para conmemorar este día, se destacaron las quejas sobre la falta de empatía de las autoridades hacia los adultos mayores.
La actividad tuvo lugar en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Alberdi, con participantes de asociaciones de Alberdi y Pilar. Según la ONU, cada 1 de octubre se celebra este día para reconocer la contribución de las personas mayores y promover su inclusión y respeto.
Aurora Bernal, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Alberdi, señaló la falta de interés de las autoridades hacia este grupo y la necesidad de asistencia básica en medicamentos y alimentos, un apoyo que brindan sin fines de lucro.
Bernal lamentó la falta de respuesta de las autoridades y la necesidad de un espacio para el esparcimiento de los mayores en Alberdi. Desde la creación de su Asociación en 2008, han buscado apoyo sin éxito.
Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, también expresó preocupación por la falta de empatía y el respeto que merecen los mayores en instituciones y en la vida diaria.
El evento incluyó presentaciones artísticas de jóvenes de Alberdi y Pilar, terminando con un almuerzo de confraternidad y el compromiso de formar un Consejo Departamental de Adultos Mayores para defender sus derechos en Ñeembucú.
Nacionales
Investigación sobre la mafia de pagarés: nuevas acusaciones contra jueces de paz por manipular la ley
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha ordenado iniciar nuevas acciones penales contra tres jueces de paz relacionados con el caso «mafia de los pagarés». Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, coordinados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, están a cargo de estas investigaciones.
Los jueces involucrados son Carmen Analía Cibils Miñarro de La Encarnación, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino de La Catedral 2° Turno (ambas actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia), y el exjuez Víctor Nilo Rodríguez Acosta de La Recoleta.
Rolón tomó estas medidas debido a nuevas pruebas, como denuncias recientes de víctimas, que no pueden añadirse a los casos actuales por estar ya avanzados. Según la Fiscalía, los jueces habrían emitido resoluciones favoreciendo a demandantes a pesar de saber que la información era falsa.
Se destacan dos casos separados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada de prevaricato y uso de documentos falsos. En uno de ellos, la ujier Audrey Galeano informó incorrectamente sobre una notificación en Argentina realizada fuera de los procedimientos legales adecuados.
En cuanto a la jueza Garcete, se menciona su participación junto a abogados de la firma CARSA en juicios ejecutivos basados en notificaciones falsas. Asimismo, se investiga la posible manipulación en el sistema judicial para adjudicar casos al Juzgado de Paz de La Recoleta, supervisado anteriormente por Rodríguez Acosta.
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