Nacionales
Dueño de bar asunceno recibe histórica condena por ruidos molestos

La jueza Mesalina Fernández se refirió a la condena de dos años, con suspensión de la pena, que recibió el dueño de un bar del barrio San Pablo de Asunción por polución sonora. Afirmó que el hecho servirá para llamar la atención de la ciudadanía para denunciar otros casos.
Un tribunal integrado por las juezas Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Mesalina Fernández condenó a dos años de cárcel, con suspensión de la pena, al empresario César Campiz Leguizamón, dueño del bar Moe, por los delitos de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El empresario deberá someterse, además, a reglas de conducta impuestas por las juezas que también le ordenaron que realice donaciones como reparación del daño.
El bar fue denunciado en varias ocasiones desde su apertura en el año 2019 por la producción de constantes ruidos molestos. El hecho fue investigado por la fiscal Lorena Ledezma, que representó al Ministerio Público en el juicio.
La jueza Fernández señaló a radio Monumental 1080 AM que esta condena sentará un precedente y servirá para que los afectados denuncien este tipo de hechos.
“Es una forma de llamar la atención a la ciudadanía que no se puede molestar a nadie con los ruidos emitidos”, afirmó.
El local estaba habilitado por la Municipalidad de Asunción como bodega, sin embargo –según señaló la jueza– en la práctica funcionaba como local gastronómico, karaoke, música en vivo y discoteca, recibiendo a una importante cantidad de personas, sobre todo los fines de semana.
Debido a esta situación recibió una multa por parte de la comuna asuncena, pero a pesar de esto seguía operando, indicaron los investigadores.
La polución sonora se considera una falta administrativa que se castiga con multas, y de acuerdo a la gravedad del caso, se tipifica bajo el delito de contaminación del aire, que estipula una pena carcelaria de hasta 5 años de prisión.
Fuente: Última Hora


Nacionales
Senado aprueba cambio presupuestario de G. 13 mil millones para Defensa Pública

La Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley para transferir créditos valorados en G. 13 mil millones, lo cual permitirá ajustar el presupuesto destinado a gratificaciones por servicios especiales, jornales, honorarios y otros gastos del personal del Ministerio de la Defensa Pública.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, busca ajustar el presupuesto del ministerio para cubrir gastos en diferentes áreas como servicios básicos, impresión, comunicación, materiales de oficina, equipos de transporte, muebles, equipos de computación y otras transferencias, utilizando créditos de 265 puestos vacantes.
Silvio «Beto» Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, comentó que el ministro de Defensa Pública, Javier Esquivel, destacó la importancia de este ajuste para fortalecer las operaciones institucionales sin incrementar el presupuesto.
Esta decisión se toma mientras se estudia el Presupuesto General de la Nación 2026. La iniciativa se basa en la Ley de Administración Financiera del Estado, la cual indica que sólo mediante ley se pueden crear nuevos cargos o modificar sueldos en el presupuesto nacional. Además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar ajustes necesarios en los códigos, conceptos y programación presupuestaria para garantizar su correcta ejecución.
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Nacionales
Rolón menciona encuentros con Peña relacionados con su labor pública y revisa datos sobre «los sobres del poder»

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mencionó haber sido invitado en varias ocasiones a Mburuvicha Róga para reuniones informativas y actos relacionados con su misión. Afirmó que su participación es siempre pública y que se analizará toda la información que está emergiendo en torno al caso de los «sobres del poder».
En relación con sus visitas al presidente Santiago Peña, fuera de la agenda presidencial, Emiliano Rolón explicó que fue invitado a eventos de la misión, incluyendo la cumbre de poderes y reuniones informativas. Subrayó que estas reuniones, relacionadas con la gestión pública, a veces ocurren de manera imprevista debido a la naturaleza específica de temas como Gafilat, y que su compromiso con la representación social le obliga a asistir.
Rolón aseguró que las reuniones son siempre públicas, y en cuanto al caso de los «sobres del poder», destacado por Luz Candado, ex empleada del presidente, lo calificó como algo difícilmente detectable por los visitantes. El Ministerio Público analizará la información a medida que surja, utilizando una investigación preliminar para evaluar la verosimilitud de los datos.
Candado expresó desconfianza hacia el Ministerio Público y reveló que Rolón se reunió en varias ocasiones de manera privada con Peña en la residencia presidencial, sin figurar en la agenda oficial. Apoyó su declaración con una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la cual se discutía sobre unos anteojos olvidados por el fiscal en una zona privada donde supuestamente también se encontraron los sobres con dinero. En la agenda del presidente Peña, las visitas de Rolón no estaban registradas para el día correspondiente.

Nacionales
Protestan contra la habilitación del Puente de la Integración únicamente para camiones

Exintendentes de Presidente Franco, junto a representantes del Consejo de Desarrollo (Codefran) y concejales municipales, han expresado su rechazo a la idea de que el Puente de la Integración se utilice únicamente para camiones pesados, como propone el gobernador de Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior.
Durante una visita a Alto Paraná, el gobernador Massa Júnior mencionó su intención de que el Puente de la Integración, que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú, sea exclusivo para camiones de gran porte, mientras que el Puente de la Amistad quede para vehículos ligeros.
Esta propuesta ha molestado a los habitantes de Presidente Franco, ya que consideran que el puente es clave para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.
Exintendentes como Reinerio Santacruz y Gregorio Areco, junto con Iván Leguizamón de Codefran, participaron en la sesión de la Junta Municipal y presentaron una nota formal rechazando la postura del gobernador brasileño. También solicitaron una reunión con el presidente Santiago Peña para abordar el tema.
El concejal Lucio Vera adelantó que no aceptarán esta condición, ya que perjudicaría a más de 100,000 habitantes, para quienes el puente representa un sueño de progreso.
Gregorio Areco denunció la existencia de una «fuerza oculta» que busca detener el crecimiento del turismo de compras en la ciudad. Expresó que, aunque el puente esté construido, quieren limitar su uso a camiones, impidiendo la llegada de turistas.
Las obras del Puente de la Integración finalizaron en diciembre de 2022, pero aún no está operativo debido a la falta de infraestructura, principalmente en el lado brasileño. Se espera que la zona de control esté lista a finales de noviembre de este año. Del lado paraguayo, las obras del Centro de Fronteras ya se entregaron para habilitación parcial, aunque el Corredor Metropolitano del Este finalizará en diciembre de 2026.

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