La Justicia colombiana condenó a Margaret Chacón Zúñiga, que fue imputada por homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco de la investigación por el crimen del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en Isla Barú, Colombia. Fue señalada como una de las principales articuladoras del atentado.
En una audiencia realizada este lunes, Margareth Chacón Zúñiga fue condenada por la justicia colombiana, que la encontró culpable de los delitos de homicidio agravado y portación ilegal de armas, en el marco del crimen al fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la isla Barú, Cartagena de Indias, Colombia.
La justicia colombiana determinó que la mujer tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.
Se comprobó que Chacón facilitó equipos para establecer comunicación, para transmitir sobre los avances del plan para matar al fiscal paraguayo.
Para ello, se comprobó que estuvo en contacto con su pareja Andrés Felipe Pérez Hoyos; el hermano de este, Ramón Emilio Pérez Hoyos, y Francisco Luis Correa Galeano, que ya están condenados como los organizadores del atentado.
Correa Galeano reconoció su participación que tuvo en el homicidio de Pecci, que vino ordenado desde el Paraguay y fue recomendado al señor Ramón Emilio, que se comunicó a Francisco Luis.
A partir de allí se inició un plan criminal, dividiéndose los roles, con el fin de ubicar y posteriormente asesinar a Marcelo Pecci. Cada uno de los integrantes tenían un rol. Margaret se encargó de la logística, según los investigadores.
En declaraciones al canal colombiano Caracol, la mujer había negado su participación en el atentado. Afirmó estar sorprendida por todo lo que le sucede y que fue arrastrada ahí por Andrés Felipe Pérez Hoyos condenado a más de 25 años de cárcel junto con su hermano Ramón Emilio por ser los organizadores del asesinato. “Ese no es el hombre que yo conocí”, expresó.
Fuente: Última Hora
A modo de sorna afirmó: “Por eso dicen que los japoneses tiene los ojos estirados”, porque dicen: “‘Otra vez arroz” -e hizo el gesto de tomarse el rostro a modo de lamento.
El diputado Roberto González también recordó que en Japón -a diferencia de Paraguay- es una cultura muy estricta con el honor y el castigo a la corrupción, a tal punto que es tradicional el “harakiri”, ritual donde señalados por delitos como la corrupción, por honor, optan por quitarse la vida.
“Él hace rato se hubiera hecho eso por conflicto de intereses permanentes. Desde el primer día de gobierno, las empresas que ganan las licitaciones son vinculadas a las empresa de él y de su entorno”, insistió.
También dijo que Peña no mintió del todo, ya que “si la estadística (de reducción de la pobreza) le incluye a ellos que dejaron la pobreza, efectivamente muchos de ellos han salido de la pobreza”.
El punto llamativo es que la disposición consigna que en ninguno de los 31 lotes fraccionados existe edificación alguna. Lo contradictorio es que para la fecha de la mencionada resolución municipal la lujosa casa de verano del presidente Santiago Peña ya estaba completamente edificada e incluso habitada, según pudo evidenciar y publicó días antes ABC, específicamente el 27 de enero de 2025.
El detalle sobre esa fracción es que la citada superficie corresponde solo al área propia a la cual se le deben sumar 2.152 metros cuadrados de área común. En otras palabras al mandatario le corresponden en realidad 7.164 metros cuadrados, siendo el porcentaje de copropiedad 5,08%, de acuerdo a la documentación municipal.
La resolución de la Intendencia de San Bernardino del 31 de enero de 2025 dejó constancia en su considerando que se agregó para la aprobación del proyecto inmobiliario la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emitida el 29 de enero de 2025 mediante resolución N° 122/2025 de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Es decir, todos estos trámites se hicieron luego de las publicaciones de nuestro diario.
El Art. 11 de esa misma normativa dice que: “La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que otorgará al solicitante la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto evaluado, bajo la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y sin perjuicio de exigírsele una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente”.
En la localidad de San Antonio se reportaron el desplome de árboles y el corte de energía en algunos barrios, pero fueron subsanados.
Sin embargo, las autoridades de Villeta, Nueva Italia y Guarambaré indicaron que no recibieron denuncias de daños causados por el temporal.
Los jefes comunales indicaron que recién mañana podrán verificar los daños.
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