Entre 2021 y 2024, el gasto del Estado paraguayo en alquiler de edificios y locales se mantuvo elevado, con un leve incremento, ya que varias dependencias no registraron ejecución en ciertos años, como muestra la infografía. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto total en este rubro pasó de G. 187.759 millones en 2021 a G. 200.409 millones en 2024, sumando más de G. 789.134 millones en todo el período (US$ 110.337.581 al tipo de cambio promedio).
El Poder Ejecutivo concentra gran parte de estos gastos, representando aproximadamente el 50% del total nacional. En 2024, se destinaron G. 92.907 millones a alquileres, lo que muestra una ligera reducción del 52,8% respecto a 2021. Esto indica un patrón estructural de gasto continuo, sin una estrategia integral para utilizar inmuebles propios o trasladarse a edificios estatales, como las oficinas del Gobierno, cuyo costo fue de unos US$ 100 millones, generando aún costos en un contexto de restricciones fiscales.
Las entidades financieras oficiales aumentaron su gasto en alquileres de G. 13.690 millones en 2021 a G. 21.704 millones en 2024, representando el 10,8% del total nacional. Este aumento, además de indicar una expansión operativa, plantea dudas sobre la planificación a largo plazo, ya que los arrendamientos continuarán consumiendo recursos que podrían utilizarse para inversiones productivas o crédito a menos que haya un plan de transición a inmuebles propios.
Los entes autónomos y autárquicos incrementaron su participación en el gasto total del 7,1% al 10%, mientras que las universidades nacionales y las entidades de seguridad social mostraron tendencias similares, con aumentos del 1,6% y 1,7%, respectivamente. Esto refleja una expansión institucional del sector público y una falta de coordinación en infraestructura, donde cada organismo gestiona sus necesidades de forma aislada, sin un plan conjunto para reducir costos o compartir espacios.
La Contraloría General de la República y el Poder Legislativo, con participaciones del 0,5% y 0,4% respectivamente, no mostraron cambios significativos.
Es relevante mencionar que el Poder Judicial solo tiene datos de 2021, cuando se destinaron G. 45.013 millones.
En conjunto, este análisis muestra que el Estado paraguayo sigue gastando grandes sumas en alquileres, a pesar de los discursos sobre austeridad y eficiencia. Aunque no hay un aumento abrupto en valores nominales (se desconocen las razones de la falta de registros en varias dependencias), su persistencia cuestiona la capacidad del sector público para gestionar sus recursos inmobiliarios de manera estratégica.
Económicamente, estos gastos representan un costo de oportunidad significativo. Cada guaraní gastado en alquileres es un guaraní que no se invierte en infraestructura pública, educación o salud, cuando podría generarse ahorro aprovechando inmuebles estatales.
Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
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