Nacionales
Ultimátum al IPS: 80 médicos de Itapúa amenazan con renunciar en masa debido a la carga horaria
Médicos de Itapúa han anunciado su intención de renunciar al IPS si en una semana no se implementa la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, conforme a la ley. Unos 80 médicos de diversas especialidades, que actualmente perciben cerca de G. 3.800.000 por trabajar 24 horas semanales, demandan el mismo beneficio concedido a los anestesiólogos, previsto para entrar en vigor en 2026.
En el Instituto de Previsión Social (IPS) de Itapúa, se avecina una crisis de personal. Cerca de 80 doctores han advertido que renunciarán de manera colectiva si no se cumple con la Ley N° 7137/2023, que establece un máximo de 12 horas semanales de trabajo por vínculo.
Siguiendo el ejemplo de los anestesiólogos del Hospital Ingavi, con quienes se acordó una jornada laboral de 12 horas a partir de marzo de 2026, los médicos de Itapúa buscan las mismas condiciones para todos los profesionales del seguro social.
La doctora Andrea González del IPS Encarnación afirmó que la decisión es unánime, involucrando a médicos de todo el departamento. Ya se está circulando la carta de renuncia para su firma, aseguró.
En una reunión reciente entre médicos y autoridades del IPS, se convino una tregua de una semana para esperar una respuesta favorable del seguro social. Si no se logra un acuerdo en este plazo, todos los médicos presentarán su renuncia.
A pesar de estar excluyendo la lucha por la equiparación salarial por el momento, los médicos enfatizan que su única petición es el cumplimiento de la ley respecto a la carga horaria.
González lamentó la baja remuneración actual, señalando que un subespecialista gana cerca de G. 3.800.000 por 24 horas semanales. Si no se llega a un acuerdo que beneficie a todos, las renuncias se harán efectivas.
Otros servicios del IPS también se están sumando a las protestas por la implementación de la ley en diversas ciudades como Concepción, Villarrica y Horqueta.
Nacionales
Investigan posible intoxicación en una fábrica de bolsas en Mariano Roque Alonso
El 31 de octubre de 2025, a la 01:54, se reportó que varios empleados de una fábrica de bolsas en Mariano Roque Alonso sufrieron una posible intoxicación. La Fiscalía y la Policía intervinieron para revisar las condiciones laborales.
Una unidad fiscal y policial intervino una empresa de bolsas de polipropileno en Mariano Roque Alonso tras recibir denuncias de intoxicación que afectaron entre ocho y diez empleados. El incidente ocurrió a las 12:30 en la empresa Packem Paraguay, ubicada en el barrio Corumbá Cue. Los trabajadores afectados fueron atendidos en la Clínica Periférica del IPS Yrendague.
Según el informe policial, los empleados tenían síntomas como mareos, vómitos y problemas para respirar, posiblemente causados por inhalación de vapores químicos. Durante la intervención, solo una afectada, Mara Escobar Benítez de 46 años, seguía hospitalizada; los demás ya habían sido dados de alta.
El comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 10ª, confirmó que la intervención se hizo con la fiscal Blanca Zaracho y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quienes revisaron instalaciones y documentación de la planta.
El establecimiento de unos 6.000 metros cuadrados se dedica a coser y ensamblar bolsas tipo arpillera, sin manipulación directa de productos químicos. Los responsables de la fábrica aseguran que solo trabajan con telas pintadas que reciben de proveedores.
Las autoridades aún no han determinado la causa exacta de la intoxicación y esperan un informe médico del IPS para aclarar la situación. La Fiscalía de Mariano Roque Alonso, bajo la agente Blanca Zaracho, abrió una investigación preliminar.
Primero, es importante mencionar que el acta de imputación no detalla la conducta atribuida a los miembros del directorio del Banco Atlas, señaló anoche el abogado de la entidad en una entrevista con ABC TV y ABC Cardinal.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, presentaron ayer imputaciones por lavado de activos contra la empresa.
Yódice destacó que esta investigación ocurre en un momento en que ABC está revelando situaciones que afectan a grupos de poder. “Observo una clara persecución al grupo Zuccolillo”, comentó, añadiendo que la denuncia fue presentada por la Conmebol en 2021 y que la Fiscalía solo ahora, cuatro años después, toma acción, a pesar de que el Banco Atlas ha colaborado con documentos durante todo el proceso.
Desde el inicio, la investigación determinó que los fondos reclamados por la Conmebol eran de origen rastreable, sin embargo, “la Fiscalía ahora sugiere que esos fondos fueron desviados por Nicolás Leoz”, expresidente de la organización de fútbol sudamericana.
Yódice enfatizó que los fondos ingresados al Banco Atlas provienen de “actividades verificadas, comerciales y ganaderas del señor Leoz”.
“Los fiscales mencionan la presunta obtención de dinero de actividades ilegales, indicando que esos fondos estaban en el Banco do Brasil, que debía haber realizado la diligencia debida”, afirmó. Añadió que la Fiscalía sugiere que el dinero se usó para establecer fideicomisos en el Banco Atlas, “cuando este banco informó todo al Ministerio Público y estuvo bajo control del BCP”.
La trazabilidad del dinero fue comprobada por la Superintendencia de Bancos, algo que la Fiscalía conoce, explicó Yódice. “El monto se depositó por Nicolás Leoz en 2002, cuando era Financiera Atlas. Hay una discrepancia entre lo que dice el Ministerio Público y los documentos del banco”, agregó.
Subrayó que la incongruencia de los fiscales al ligarlo a una acción penal después de pasados nueve años no implica necesariamente un delito, pero destaca el hecho de que las conductas cuestionadas terminaron en 2016.
“No se especifica en la imputación qué conocimiento o intención tenían los directores al supuestamente legitimar dinero de hechos ilícitos. La Fiscalía indica que ya estaba bancarizado desde 2011-2013, y Leoz aún era presidente de la Conmebol hasta 2013”, cuestionó.
El abogado afirmó que la imputación es deficiente en la descripción de los hechos y en la atribución de conductas a los acusados, lo que podría ser un impedimento legal para iniciar el proceso.
Finalmente, Yódice explicó que “estos fiscales tienen la trazabilidad completa de los fondos desviados”. Señaló que está documentado que el dinero cuestionado ingresó al Banco do Brasil, se transfirió a bancos extranjeros, y luego retornó a Paraguay, sin incluir a Atlas.
La lista de imputados incluye a María Clemencia Pérez de Leoz; sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro; y directivos del Banco Atlas, entre otros.
Sobre fideicomisos por más de US$ 27 millones recibidos desde el extranjero, el abogado Claudio Federico Lovera, de la Conmebol, al parecer ignoró estos recursos, presentando una denuncia contra un solo banco. Los informes revelaron millonarios movimientos en los bancos Amambay y do Brasil entre 2011 y 2015.
Lovera aseguró desconocer esas operaciones debido a la falta de documentos en la carpeta recibida del Ministerio Público, aunque los informes financieros eran parte de la denuncia de 2017 por la Conmebol.
El enfoque del abogado hacia Banco Atlas levanta sospechas, al insistir en supuestas irregularidades en dos fideicomisos por unos US$ 6 millones, mientras que Atlas ha demostrado la rastreabilidad de los fondos y la diligencia debida conforme con resoluciones de la Superintendencia de Bancos.
El 30 de octubre de 2025 a las 22:35, el Gobierno inauguró la primera fase del proyecto «Centro brilla», que busca modernizar el sistema eléctrico del microcentro de Asunción mediante redes subterráneas y luces LED. Esta obra, con una inversión de G. 50.000 millones, pretende revitalizar la capital de cara a su 500° aniversario.
El presidente Santiago Peña, junto a la Primera Dama Leticia Ocampo y el ingeniero Félix Sosa, jefe de la ANDE, dio inicio al primer tramo de infraestructura subterránea y alumbrado LED en el casco histórico de Asunción, como parte del proyecto «Centro brilla».
Esta intervención es parte de un plan a largo plazo para preparar a la capital para su 500° aniversario en 2037, con mejoras en seguridad, reducción de la contaminación visual y rescate del valor histórico del microcentro.
La primera fase cubre la Plaza Uruguaya y la zona del Ferrocarril, con 800 metros de cables subterráneos de cobre y 30 luces LED de 190 vatios.
El proyecto total considera 16.000 metros de redes subterráneas de media y baja tensión y la instalación de 500 luminarias LED en calles icónicas como Estrella, 25 de Mayo, Benjamín Constant, Presidente Franco y Don Bosco.
Además de las mejoras visuales, las obras incluyen la eliminación de cables aéreos, la instalación de ductos de polietileno de alta densidad (PEAD) y la adaptación de redes eléctricas y de telecomunicaciones a sistemas subterráneos.
La obra representa una inversión de G. 50.000 millones, utilizando fondos de la Administración Nacional de Electricidad.
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