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Itaipú confirma que empleados deben abstenerse de actividades políticas.

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Itaipú confirma que empleados deben abstenerse de actividades políticas.
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El asesor de comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, destacó que el Código de Ética de la entidad prohíbe a sus empleados participar en actividades políticas. Están circulando audios atribuidos al supuesto operador cartista Carlos Florenciáñez, mencionando presiones políticas dentro de la hidroeléctrica.

Los audios sugieren que Florenciáñez, presunto alto funcionario de Itaipú Binacional, ocupa su puesto gracias al apoyo del clan Zacarías. En las grabaciones, advierte a otros empleados que podrían enfrentar consecuencias si no votan por el Partido Colorado en las próximas elecciones. Se le escucha decir que aquellos que no apoyen al Partido Colorado sufrirán las consecuencias.

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José Luis Rodríguez Tornaco señaló que el Código de Ética de Itaipú impone estrictas restricciones a la participación política. Recordó el caso de Gerardo Soria, destituido por actividades políticas, en cumplimiento de las normativas internas.

Rodríguez Tornaco enfatizó que Itaipú Binacional rechaza cualquier uso político de la entidad y que no hay directrices políticas desde el Directorio o el Consejo. Además, resaltó que las autoridades, incluido el presidente Santiago Peña, han indicado que se debe controlar para evitar el uso indebido de recursos en campañas políticas. También señaló que no le consta que Florenciáñez forme parte de la lista de empleados de Itaipú.

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Ypané: personal de enfermería de urgencias del Centro de Salud reclama sus días de descanso

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Ypané: personal de enfermería de urgencias del Centro de Salud reclama sus días de descanso
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Enfermeros licenciados del turno nocturno en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Ypané denuncian persecución y la anulación de sus días libres, garantizados por ley. También mencionan inseguridad debido a la llegada de personas con adicciones durante la noche.

Los enfermeros del turno nocturno del servicio de urgencias en el Centro de Salud de Ypané, departamento Central, reclaman el derecho al día libre tal como lo establece la Ley 3206 laboral.

Señalan que están obligados a realizar de 10 a 11 guardias mensuales, a pesar de que solo se permiten nueve. Los afectados describen el manejo del centro asistencial como dictatorial.

Además, aseguran que, por exigir sus derechos, son perseguidos y amenazados por las autoridades del centro, que actualmente está desbordado y sin recursos suficientes.

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“Estamos luchando contra la injusticia. Llevamos 10 meses viendo nuestros derechos pisoteados; exigimos nuestro día libre según la ley. Hemos recurrido a todas las instancias, pero nadie responde porque todo está politizado”, comentó uno de los enfermeros.

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Los enfermeros denunciaron que se violan sus derechos garantizados por la Ley 3206 laboral.

También reportaron una constante persecución, acoso y hostigamiento laboral. Las autoridades han instalado cámaras de vigilancia con el fin de monitorearlos y perseguirlos.

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Inseguridad e indiferencia

Indicaron que los encargados de RAC (recepción, acogida y clasificación) enfrentan riesgos, ya que frecuentemente llegan personas con adicciones que actúan con violencia.

Han solicitado ayuda a la XI Región Sanitaria, la Dirección de Enfermería, Relaciones Laborales y al director de Redes, doctor Gustavo Ortiz, pero no han recibido respuesta.

Intentamos contactar a la directora del centro de salud, Edith Rojas, pero no respondió al mensaje enviado a su celular. Estamos dispuestos a publicar su versión si desea referirse a la denuncia.


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Juan León Mallorquín se une a otras seis intervenciones detenidas

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Juan León Mallorquín se une a otras seis intervenciones detenidas
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La Cámara de Diputados decidió posponer indefinidamente la solicitud de intervención al intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, quien estaba bajo la lupa del Clan Zacarías Irún. Este caso se suma a otros seis archivados.

La decisión fue tomada a petición del diputado liberocartista, Marcelo Salinas, quien propuso que este asunto se aborde junto con otras solicitudes de intervención contra gestiones opositoras, incluyendo la de Vidal Argüello en Yby Yaú, Juan Manuel Ávalos en Lima, Silvio Peña en Emboscada, y los cartistas César Machuca en Ybyrarobaná, Tomás Olmedo en Ñemby y Hernán Ysidro Rivas en Tomás Romero Pereira.

El intendente de Tomás Romero Pereira, quien además es padre del senador cartista Hernán David Rivas, ha sido protegido en dos ocasiones de la intervención, junto con Olmedo de Ñemby.

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Este nuevo congelamiento se suma a seis solicitudes anteriores archivadas desde el 9 de septiembre. Aunque se acordó revisar estos casos en tres meses, la fecha coincide con el receso parlamentario, lo que haría que su discusión se retrase probablemente hasta marzo del próximo año.

El aplazamiento implica prácticamente la cancelación de cualquier intervención, ya que el proceso completo demoraría unos tres meses más. Con suerte, para junio del próximo año se podría destituir a alguno de ellos, aunque resultaría poco práctico debido a las elecciones municipales de 2026 programadas para el 7 de junio, con las elecciones generales previstas para el 4 de octubre de 2026.

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Analizan el impacto de las modificaciones a la ley de protección de datos en la transparencia

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Analizan el impacto de las modificaciones a la ley de protección de datos en la transparencia
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El abogado Ezequiel Santagada, especialista en acceso a la información pública, detalló algunas «trampas» en las modificaciones del proyecto de ley sobre protección de datos personales y su potencial impacto en la información pública. La Cámara de Diputados confirmó hoy su versión de la ley.

La Cámara de Diputados reafirmó su versión de la Ley de Protección de Datos Personales, lo cual podría chocar con el derecho al acceso a la información pública. Ezequiel Santagada explicó que no es necesario cambiar las leyes de transparencia para proteger datos personales, especialmente los sensibles.

Los datos personales sensibles, como los médicos, genéticos, sexuales, religiosos o ideológicos, no están cubiertos por la ley de transparencia actual, aún si los tiene el Estado, ya que no son considerados información pública.

El secreto bancario o tributario son restricciones establecidas por la ley existente. La ley de protección de datos personales es adecuada para procesar otros tipos de datos, pero negar el acceso a información en poder del Estado relacionada con particulares podría ser un exceso.

La versión de la Cámara de Diputados de la ley de protección de datos, bajo el argumento de afectar a particulares, implicaría pedir permiso a funcionarios públicos para publicar su información, lo que, según el abogado, podría anular las leyes de acceso a la información pública.

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En situaciones no previstas en la ley de acceso a la información, como cuando se afectara a un funcionario, debería consultársele primero. Ejemplos como los casos del expresidente Cartes o los grupos Vázquez y Vierci, donde se buscó información sobre su participación en sociedades, se encontraron con órdenes judiciales para bloquear el acceso.

En esos casos, no se solicitó información como las escrituras de constitución de las sociedades, sino quiénes participan, qué poderes tienen y su participación, aspectos que deberían ser de dominio público.

La versión de la Cámara de Diputados, ratificada hoy, limitaría el acceso a datos como salarios y otros información que se conoce gracias a la ley de acceso a la información pública y transparencia. Ahora, el proyecto de ley de protección de datos se trasladará a la Cámara de Senadores, donde se requeriría una mayoría absoluta de 23 votos para su ratificación.

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