Nacionales
Comerciantes solicitan evaluar con cautela la implementación de una «Zona Franca» en la frontera entre Argentina y Encarnación
El gremio de comerciantes de Encarnación expresó su inquietud por la resolución 1449/25 del Ministerio de Economía de Argentina, que amplía la «Zona Franca» a Posadas, una ciudad vecina. Los comerciantes piden un análisis cuidadoso de la implementación, aunque creen que no afectará el comercio fronterizo. Sin embargo, consideran prudente prepararse para tomar medidas si fuera necesario.
Conrado Kiener, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), aseguró que observan atentamente la expansión de la «Zona Franca» a Posadas, una iniciativa del gobierno argentino para ofrecer productos importados sin impuestos. La nueva resolución extiende esta zona, anteriormente limitada a Iguazú, también a Posadas y Bernardo de Irigoyen.
Kiener señala que en Iguazú ya existe un Free Shop, y podrían replicar este modelo cerca de Encarnación. Aunque muchos dependen del turismo de compras, creen que el público objetivo es distinto. Están evaluando los posibles impactos y acciones que podrían tomar para minimizar las consecuencias, promoviendo el consumo interno como estrategia principal.
Para mitigar los efectos económicos, Kiener sugiere fortalecer el comercio interno. Resalta que existen ciudades prósperas que no dependen del comercio fronterizo. Según él, la medida en Argentina es legítima y no desleal, y sugiere que incluso podría considerarse establecer zonas francas en Encarnación.
Una «Zona Franca» es un área donde la mercancía extranjera puede ser manejada sin impuestos de importación, siempre que se destine a exportación o cumpla normativas específicas. Estas zonas fomentan el comercio internacional, inversión y empleo. La Zona Franca Puerto Iguazú (ZFPI), en Argentina, fue promovida a finales de los 90 y funciona como un territorio libre de impuestos.
La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad en términos de riesgo tecnológico de los tres gabinetes de la Presidencia. El Gabinete Militar se destacó como el mejor preparado para implementar controles, mientras que los gabinetes Civil y Social solo lograron una calificación media.
Según el informe del ente contralor, hay una moderada posibilidad de eventos con impactos negativos por la falta de aplicación de controles básicos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en estos gabinetes. Por ello, el Gabinete Civil y el Gabinete Social necesitan adaptarse para proteger su información de accesos no autorizados, daños e interferencias durante su procesamiento, almacenamiento o transmisión.
Un punto crítico señalado fue la falta de un sitio alternativo para resguardar copias de información. Además, se identificó un riesgo potencialmente alto debido a la ausencia de un plan de continuidad y contingencia en caso de eventos adversos.
La CGR recomendó a los tres gabinetes realizar monitoreos constantes de sus servicios para identificar deficiencias y establecer planes de acción. En mayo, el gobierno sufrió 27 ciberataques a sitios web estatales, revelando la vulnerabilidad del sistema.
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La elección para el cargo de intendente de Ciudad del Este está programada para el 9 de noviembre, luego de que Miguel Prieto fuera destituido por la Cámara de Diputados tras una intervención en su administración.
Cuatro candidatos competirán por la intendencia: Roberto González de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la lista 1; Daniel Romero del Partido Ecologista (PE) en la lista 43; Daniel Mujica del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña CDE 25 (MPICDE25) en la lista 123, vinculado al equipo de Prieto; y Celso “Kelembu” Miranda del Partido Patria Soñada (PS) en la lista 300.
Hay aproximadamente 273,000 votantes habilitados, y se espera una participación entre el 50% y 60%. Se usará papeletas de votación, según Carlos María Ljubetich, director de procesos electorales del TSJE.
Ljubetich indicó que el control con papeletas depende de los partidos, ya que la justicia electoral no participa directamente en las mesas, delegando el control a los partidos políticos involucrados.
El derecho a participar en las mesas se decide según las elecciones anteriores. Actualmente, correspondería integrar un representante colorado, uno liberal y uno del movimiento de Prieto. Sin embargo, si Cruzada Nacional no participa, habrá un sorteo entre los demás partidos.
A lo largo de tres elecciones pasadas, el partido con mayoría en las mesas frecuentemente perdió. La votación comenzará a las 7:00 y las mesas cerrarán a las 16:00. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se proyecta para unas dos horas después.
En cuanto al traslado de electores, no se han registrado muchos casos, y se critica la ley vigente por no ser eficaz para tachas y reclamos.
Ljubetich mencionó que antes, al ser director del Registro Electoral, implementó reformas para asegurar la veracidad de los domicilios declarados por los electores. Sin embargo, la propuesta de verificación de domicilios sigue sin concretarse.
Para las elecciones del 9 de noviembre, se aplicarán restricciones similares a las generales, como la prohibición de ingresar al cuarto de votación con un celular.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos criticó el papel del Ministerio Público en el caso del músico Pablo Benegas, condenado por abuso sexual infantil. Afirma que la Fiscalía mostró «negligencia investigativa» y basó su acusación en pruebas mal gestionadas y testimonios no verificados.
En el juicio, Duarte Cacavelos describió la actuación fiscal como una «mala praxis» en el caso de Pablo Benegas, hallado culpable de abusar de una niña de 11 años en noviembre de 2023. Aunque el Tribunal también lo responsabilizó por producción de pornografía infantil, fue absuelto por duda en los delitos de proxenetismo y coacción sexual.
Duarte Cacavelos criticó que la Fiscalía llegara al juicio sin verificar testimonios recogidos en cámara Gesell ni las evidencias digitales que sustentaban la acusación. Denunció que se trató de una investigación con graves deficiencias: «No se revisó la autenticidad de los videos, y a pesar de ello, se afirmó sin pruebas que las menores estaban drogadas o dormidas».
El abogado señaló una falla institucional, mencionando que tanto la Fiscalía como el Ministerio y la Defensoría de la Niñez fracasaron en su función. Según Duarte Cacavelos, el tribunal ignoró dos delitos y concentró la condena en una evidencia de cuestionable validez, habiendo manipulado el material digital del celular que estaba bajo control de la Fiscalía.
Además, explicó que el video clave provino de un mensaje de WhatsApp en el teléfono de Pablo Benegas, el cual fue revisado por asistentes fiscales sin la presencia de defensa. Duarte Cacavelos planea apelar, satisfecho de que los cargos más graves fueron descartados, pero cuestiona la validez de la prueba mantenida.
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