Nacionales
Cartismo podría intentar nuevamente enmienda para reelección tras el levantamiento de sanciones a Cartes
La senadora del Partido Liberal, Celeste Amarilla, expresó su preocupación de que el oficialismo cartista intente nuevamente modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial, tras el levantamiento de sanciones económicas de EE.UU. al expresidente Horacio Cartes, quien ya había intentado esta modificación sin éxito en 2017.
En una entrevista con ABC Cardinal, Amarilla, de oposición, compartió su inquietud de que la reciente decisión de Estados Unidos de eliminar las sanciones a Cartes pueda revivir el intento de cambiar la Carta Magna.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. había sancionado a Cartes en 2023 por acusaciones de corrupción, pero recientemente lo removió de su lista de sancionados, permitiendo a ciudadanos estadounidenses a volver a hacer negocios con él.
La senadora declaró temer que el poder del cartismo aumente con estas nuevas condiciones y resurja la iniciativa de enmendar la Constitución para permitir la reelección, reflejando las ambiciones políticas de Cartes.
Recordó que en 2017, Cartes buscó impulsar una enmienda similar, pero se enfrentó a una fuerte oposición ciudadana que culminó en protestas severas y la trágica muerte de un joven durante un asalto policial.
Amarilla advirtió que los intentos podrían repetirse y sugirió que el público debe estar alerta. Criticó además que Cartes no encuentra oposición al respaldo excesivo de sus seguidores, lo que alimenta su convicción de ser la solución para Paraguay, según su entorno inmediato.
Nacionales
El matrimonio infantil impacta al 40% de las mujeres en situación de pobreza en Paraguay
El Artículo 20 del Código Civil de Paraguay permite que adolescentes de 16 y 17 años contrajeran matrimonio con autorización parental. Plan International criticó esta disposición, afirmando que perpetúa la violencia y el abandono escolar en adolescentes. Datos oficiales muestran que 4 de cada 10 jóvenes de familias pobres se casan o unen tempranamente. En el Día Internacional de la Niña, se exige reformar el Código Civil para asegurar que las niñas vivan sin violencia y tengan control sobre su futuro.
En el contexto del Día Internacional de la Niña, el enfoque está en el matrimonio infantil y las uniones forzadas en Paraguay, afectando principalmente a niñas de hogares pobres. Plan International, apoyado por el Ministerio de la Mujer, lanzó la campaña “Niñas libres de matrimonio infantil y uniones forzadas” para eliminar la excepción legal que permite estas prácticas.
El problema es significativo en Paraguay, donde casi 4 de cada 10 jóvenes de hogares pobres se casan o unen antes de los 18 años. CEPAL resalta la conexión entre pobreza y uniones tempranas. El 16,1% de las adolescentes paraguayas entre 15 y 19 años reportó estar casada o en unión temprana. Globalmente, UNICEF indica que cada tres segundos una niña es obligada a casarse, sumando 650 millones de tales casos.
Noelia Errecarte de Plan International destacó que la pobreza extrema, las presiones familiares y el embarazo adolescente impulsan esta práctica. «El matrimonio infantil no soluciona nada, sino que aumenta desigualdades y violencia», afirmó.
Las críticas se centran en el Artículo 20 del Código Civil Paraguayo, que permite a adolescentes de 16 y 17 años casarse con permiso parental o judicial. Esta excepción es vista como un facilitador para la pobreza y el embarazo adolescente, por lo que Plan International y líderes comunitarias exigen eliminarla, en línea con la Convención de los Derechos del Niño.
Errecarte enfatizó que además de modificar la ley, es esencial asegurar que las niñas vivan sin violencia y puedan decidir su futuro. Para conmemorar el Día Internacional de la Niña, Plan International realizará actividades públicas en varias ciudades para destacar el derecho de las niñas a una infancia plena y sin uniones forzadas.
El evento principal el 11 de octubre incluirá una instalación interactiva en Feria Palmear, Asunción, con testimonios y más información. Niñas de comunidades rurales escribirán cartas a autoridades para promover cambios legislativos urgentes.
La Corte Suprema de Justicia ha decidido suspender a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz, junto a varios funcionarios de las dos secretarías de dicha sede judicial. Esta decisión surge a raíz de una serie de irregularidades detectadas en juicios de cobro de guaraníes, auditados en el contexto de la mafia de los pagarés.
La investigación relacionada con las denuncias de la mafia de los pagarés ahora ha alcanzado a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz. En la sesión ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó suspender a la titular de esta sede judicial y a varios de sus funcionarios.
La suspensión se llevará a cabo con salario básico, puesto que así lo decidieron por mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Por otro lado, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay propusieron la suspensión sin goce de sueldo para todos los implicados en las irregularidades.
Eugenio Jiménez Rolón explicó que, aunque la investigación aún no ha concluido, se han encontrado irregularidades significativas, por lo que propuso que la suspensión sea con goce de salario mínimo.
Esta medida se basa en la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría en mayo pasado, que revisó más de mil expedientes. Los antecedentes del caso han sido enviados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público para que tomen las medidas pertinentes.
No se mencionó el nombre de los funcionarios suspendidos, pero los casos corresponden a las secretarías a cargo de Elena Noemí Ojeda y Raúl Ernesto Jara Foth. La auditoría reveló serias irregularidades en 1,064 expedientes, violando la defensa en juicio y el Código de Ética Judicial.
Además, hay acusaciones en curso contra 67 personas, incluidos jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados. Este caso expone una red que despojaba de dinero a los demandados sin su conocimiento. Hasta el momento, unas cinco mil personas se han presentado como víctimas de esta mafia en todo el país, lo que ha generado más investigaciones que podrían llevar a nuevas acusaciones.
Ayer comenzó la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, tras la ratificación de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a la ausencia y renuncia de los abogados, se pospuso la diligencia para su esposa y las otras dos acusadas.
El fiscal anticorrupción, Luis Piñánez, confirmó las acusaciones contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores y pidió al juez especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, que avance a juicio oral y público. Según la investigación, ni Cáceres ni su pareja, Ruth Jazmín Da Silva, pueden justificar un patrimonio de más de G. 7.700 millones entre 2013 y 2023.
Debido a esto, Piñánez solicitó el inicio de la incautación de bienes y vehículos, obtenidos presuntamente de manera ilegal en la administración pública. Para las acusadas Ruth Da Silva, Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez Viuda de Ramírez, quienes ahora cuentan con la defensora pública María Fernanda Laino, se programará una nueva fecha de audiencia.
Wilfrido Cáceres declaró que las acusaciones carecen de relevancia penal y las atribuyó a una «vida financiera desorganizada», exonerando a su esposa y a las otras acusadas de cualquier responsabilidad.
La audiencia continuará este jueves, 9 de octubre, a las 8:30, con el análisis de incidentes, y el juez Estigarribia decidirá si el caso va a juicio oral y público.
La investigación, que comenzó en 2020, se centra en presuntos desvíos de recursos municipales destinados a combatir el covid-19. Los fiscales argumentan que no se puede justificar un incremento patrimonial de G. 7.764.350.575. Desde 2017 hasta 2023, la pareja habría adquirido inmuebles en San Lorenzo y Ñemby, y comenzó a pagar terrenos en Piribebuy, ocultando estos bienes del patrimonio conyugal para evitar su detección y confiscación.
Los fiscales destacan que la «bonanza» patrimonial inició en 2017 y se intensificó, incluyendo compras de vehículos y edificaciones ocultadas para eludir la vigilancia de la Contraloría.
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