La Coordinadora de Víctimas de la «Mafia de los Pagarés» celebró la apertura de nuevas investigaciones contra jueces, pero advirtió que la solución definitiva depende de medidas decisivas de la Corte Suprema de Justicia. También mostró su rechazo a una propuesta de ley impulsada por esta corte.
La organización emitió un comunicado expresando su opinión sobre el esquema delictivo que, según dicen, afecta a muchas personas en el país. Apreciaron la nueva apertura de causas e investigaciones, especialmente las que involucran a jueces de Paz de La Encarnación, La Recoleta y La Catedral 2° Turno, señalando que este progreso muestra avances en la lucha por la justicia.
Aunque valoraron el progreso, insistieron en que la Corte Suprema debe jugar un papel clave ya que el volumen de casos y juicios problemáticos no se puede resolver por medios ordinarios. Para restablecer la seguridad jurídica y proteger a las víctimas, se requieren medidas contundentes y efectivas.
Además, la coordinadora expresó un fuerte rechazo a un proyecto de ley enviado por la Corte Suprema al Parlamento, argumentando que busca limitar el enfoque sobre expedientes extraviados. Consideraron que esto intenta proteger a los responsables en lugar de a las víctimas.
Criticaron el concepto de «seguridad jurídica» propuesto por la máxima instancia judicial, calificándolo de hipócrita y tendencioso, y enfatizaron que debe proteger a las personas, no solo a las empresas.
Finalmente, exigieron acciones inmediatas en relación con el Juzgado de Luque para asegurar los derechos de las víctimas y convocaron a los afectados a unirse a la organización.
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