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Los resultados de ocho plataformas de Inteligencia Artificial coinciden unánimemente en que Paraguay puede vender su excedente energético a través de subastas dentro de su territorio, sin necesidad de modificar el Tratado de Itaipú ni el Anexo C, incluyendo la venta a otros países, según el experto en el sector eléctrico, Ing. Javier Villate.

A pesar de esto, la Cancillería paraguaya continúa con su interpretación, sin respaldo, de que Paraguay no tiene este derecho. Las IA consultadas presentaron análisis jurídicos detallados, mientras que la Cancillería no proporcionó argumentos sólidos, según Villate.

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Las plataformas consultadas fueron: Gemini de Google, Grok de Elon Musk, DeepSeek de High-Flyer, ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft, Claude de Anthropic, Perplexity de Aravind Srinivas y Cicerai, enfocada en asistencia jurídica. Todas las IA fueron sometidas a las mismas preguntas y condiciones.

Villate señala que es un gasto innecesario insistir en modificar el tratado cuando el derecho a «libre disponibilidad» existe desde hace 50 años. Argumenta que la Cancillería aún continúa un diálogo ya resuelto, lo que beneficia a Itamaraty.

Villate solicitó a las IA examinar documentos como el Tratado de Itaipú y aplicar un escenario donde Paraguay no cede su energía no utilizada y organiza subastas, notificando a Brasil para que ejerza su opción de igualar las ofertas. Las IA concluyeron que Paraguay no está obligado a ceder su energía al precio del Anexo C, puede vender mediante subastas, y el comercializador ganador puede vender a terceros países si Brasil no iguala la oferta.

Claude resumió que estas condiciones respetan el Tratado de Itaipú y maximizan la soberanía energética de Paraguay dentro del marco legal binacional.

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Con el objetivo de revitalizar Asunción, el Partido Democrático Progresista (PDP) organiza un conversatorio hoy a las 19:00. Participarán la candidata a intendente, la ingeniera Soledad Núñez, junto con la exsenadora Desirée Masi, el arquitecto Gonzalo Garay y la periodista Giuliana Meilicke. El evento tendrá lugar en el Gran Hotel del Paraguay.

El propósito del encuentro es fomentar el diálogo y escuchar a los ciudadanos bajo el lema “Recuperemos Asunción, Ahora”. Soledad Núñez es una invitada destacada y dirige el movimiento político “Alternativa Asunción”, registrado recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Este movimiento es un espacio inclusivo que busca involucrar a todos los asuncenos, sin importar su afiliación política, con el fin de revitalizar la ciudad.

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Entre los candidatos confirmados para la intendencia de Asunción están Soledad Núñez, la diputada Johanna Ortega y Agustín Saguier. La exsenadora Kattya González también se postuló, pero finalmente se retiró de la contienda.

Núñez comparte sus ideas y propuestas en sus redes sociales y fue parte de un grupo que pidió la renuncia del exintendente Oscar “Nenecho” Rodríguez. En sus mensajes, Núñez destaca que Asunción tiene la oportunidad de cambiar el rumbo en 2026, abogando por un futuro mejor y exhortando a la unidad para recuperar la ciudad y su dignidad.

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La Coordinadora de Víctimas de la «Mafia de los Pagarés» celebró la apertura de nuevas investigaciones contra jueces, pero advirtió que la solución definitiva depende de medidas decisivas de la Corte Suprema de Justicia. También mostró su rechazo a una propuesta de ley impulsada por esta corte.

La organización emitió un comunicado expresando su opinión sobre el esquema delictivo que, según dicen, afecta a muchas personas en el país. Apreciaron la nueva apertura de causas e investigaciones, especialmente las que involucran a jueces de Paz de La Encarnación, La Recoleta y La Catedral 2° Turno, señalando que este progreso muestra avances en la lucha por la justicia.

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Aunque valoraron el progreso, insistieron en que la Corte Suprema debe jugar un papel clave ya que el volumen de casos y juicios problemáticos no se puede resolver por medios ordinarios. Para restablecer la seguridad jurídica y proteger a las víctimas, se requieren medidas contundentes y efectivas.

Además, la coordinadora expresó un fuerte rechazo a un proyecto de ley enviado por la Corte Suprema al Parlamento, argumentando que busca limitar el enfoque sobre expedientes extraviados. Consideraron que esto intenta proteger a los responsables en lugar de a las víctimas.

Criticaron el concepto de «seguridad jurídica» propuesto por la máxima instancia judicial, calificándolo de hipócrita y tendencioso, y enfatizaron que debe proteger a las personas, no solo a las empresas.

Finalmente, exigieron acciones inmediatas en relación con el Juzgado de Luque para asegurar los derechos de las víctimas y convocaron a los afectados a unirse a la organización.

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