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YBYCUÍ, Departamento de Paraguarí. Un hombre de 39 años, quien debía estar bajo arresto domiciliario por un caso previo de violencia contra la mujer, fue detenido en la fracción Segunda Ñuai mientras se encontraba en la vía pública. La captura se realizó debido a una orden judicial por «homicidio en grado de tentativa».

Rubén Barrientos Leguizamón, de 39 años, fue arrestado por la policía de la Comisaría 21ª de la Colonia Santa Ángela. A través de un operativo de investigación, los agentes lo identificaron, cumpliendo así con la orden del fiscal Óscar Fernández, según informó el jefe de la comisaría local, Víctor Salinas.

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Los agentes incautaron un machetillo que el detenido tenía en su poder. Una disposición, emitida en abril pasado, está relacionada con un caso de tentativa de homicidio donde la víctima fue su ex pareja, Lourdes Dionisia Benítez, de 44 años.

El incidente ocurrió en abril cuando Rubén Barrientos, recién salido de prisión por violencia, estaba en arresto domiciliario en la casa de su padre. Su ex pareja, Lourdes Benítez, lo contactó para recuperar su motocicleta. Barrientos, quien se encontraba en la Colonia Agustín Goiburú bajo arresto domiciliario, le dijo que no necesitaba ir acompañada de la policía. Sin embargo, temiendo por su seguridad, la mujer fue acompañada por agentes de la Comisaría 21ª Santa Ángela.

Al llegar, Barrientos sacó la motocicleta, la roció con gasolina y le prendió fuego. Luego, tomó un machetillo y trató de atacar a la mujer, pero la policía realizó disparos de advertencia, permitiendo que ella escapara y se pusiera a salvo.

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Un periodista solicitó información sobre el exmandatario Horacio Cartes y su familia a través del Portal Unificado de Información Pública. Recibió dos respuestas; en la segunda se reveló un amparo que impedía la entrega de datos, respaldado por el juez Francisco Acevedo.

El periodista Alfredo Guachiré pidió al Ministerio de Economía y Finanzas detalles sobre las empresas donde figuran Horacio Manuel Cartes Jara, María Sarah Cartes Jara, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña, el pasado 7 de septiembre. La primera respuesta llegó el 26 de septiembre, explicando que el portal estaba en mantenimiento debido a un alto volumen de solicitudes, prometiendo que los datos estarían disponibles el 3 de octubre.

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El 3 de octubre, se reveló un amparo constitucional promovido por el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y los abogados Juan Verón y Blas Piris, para evitar la entrega de información. La medida cautelar difiere la entrega hasta que se resuelva el juicio de amparo.

El 1 de octubre, el juez Francisco Acevedo ordenó al MEF evitar entregar la información solicitada como «medida de urgencia». Según el abogado Ezequiel Santagada, esto anticipa las dificultades que surgirán con la futura implementación de la ley de protección de datos personales, complicando aún más el acceso a la información estatal.

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Después de que el Ministerio de Justicia decidiera cerrar la cárcel del Buen Pastor, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) pidió que la reubicación de las mujeres se haga respetando los principios humanitarios.

Mediante el «Operativo Umbral 2.0», el Ministerio de Justicia trasladó a más de 664 mujeres desde el Buen Pastor en Asunción al nuevo Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, descrito como un «complejo moderno, seguro y digno».

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El MNP manifestó su interés por esta reubicación masiva y afirmó que están «vigilando constantemente la situación» de las afectadas. Exigen a las autoridades que todo el proceso garantice «plenamente el respeto a los derechos humanos» y la dignidad de las personas privadas de libertad.

Destacan que la reubicación debe seguir los principios de humanidad y no discriminación, proporcionando condiciones adecuadas de alojamiento, atención médica, y acceso continuo a derechos básicos como salud, educación, trabajo y comunicación. También enfatizan el apoyo a mujeres con hijos, mayores, embarazadas, indígenas o con discapacidades para evitar la vulnerabilidad.

Entre otros puntos, el MNP insta a asegurar la devolución de las pertenencias de las reclusas y priorizar el restablecimiento rápido de canales de comunicación y visitas con familiares, amigos y abogados.

Se espera una «información clara y pública» sobre el proceso de reubicación, buscando que el cambio represente un «avance real» hacia una política penitenciaria integral, que promueva dignidad, igualdad y derechos humanos. El MNP continuará monitorizando el cumplimiento de estas garantías y apoyando a las mujeres afectadas.

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