Nacionales
Opositores afirman que durante estos meses «algunos actuaron como servidores» respecto al levantamiento de sanciones a Cartes.
La eliminación de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el ex presidente de Paraguay suscitó rápidas reacciones en el Senado. Varios legisladores opositores criticaron la acción, advirtiendo sobre sus posibles impactos políticos y sociales en el país.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, describió la decisión como anticipada y afirmó que no altera las acusaciones fundamentales. Expresó que el comportamiento servil hacia EE.UU. era evidente y cuestionó las repercusiones para Paraguay. Además, mencionó su preocupación por el nexo entre el crimen organizado y la política, señalando que esto es un problema interno que deben enfrentar limpiando la política a través de las elecciones.
La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, opinó que el cese de las sanciones refleja una política exterior subordinada del gobierno actual a intereses externos, y sostuvo que la justicia paraguaya permanece inoperante ante los intereses foráneos. Subrayó la necesidad de un proyecto político verdaderamente soberano que termine con la impunidad y fortalezca las instituciones.
Las sanciones previamente impuestas por el Tesoro de EE.UU. estaban relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Con esta nueva decisión, el ex presidente puede recuperar acceso a operaciones financieras internacionales, aunque los opositores insisten en que el desafío real es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay.
Un periodista solicitó información sobre el exmandatario Horacio Cartes y su familia a través del Portal Unificado de Información Pública. Recibió dos respuestas; en la segunda se reveló un amparo que impedía la entrega de datos, respaldado por el juez Francisco Acevedo.
El periodista Alfredo Guachiré pidió al Ministerio de Economía y Finanzas detalles sobre las empresas donde figuran Horacio Manuel Cartes Jara, María Sarah Cartes Jara, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña, el pasado 7 de septiembre. La primera respuesta llegó el 26 de septiembre, explicando que el portal estaba en mantenimiento debido a un alto volumen de solicitudes, prometiendo que los datos estarían disponibles el 3 de octubre.
El 3 de octubre, se reveló un amparo constitucional promovido por el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y los abogados Juan Verón y Blas Piris, para evitar la entrega de información. La medida cautelar difiere la entrega hasta que se resuelva el juicio de amparo.
El 1 de octubre, el juez Francisco Acevedo ordenó al MEF evitar entregar la información solicitada como «medida de urgencia». Según el abogado Ezequiel Santagada, esto anticipa las dificultades que surgirán con la futura implementación de la ley de protección de datos personales, complicando aún más el acceso a la información estatal.
Nacionales
Esto solicita el Mecanismo de Prevención de la Tortura tras el cierre del Buen Pastor
Después de que el Ministerio de Justicia decidiera cerrar la cárcel del Buen Pastor, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) pidió que la reubicación de las mujeres se haga respetando los principios humanitarios.
Mediante el «Operativo Umbral 2.0», el Ministerio de Justicia trasladó a más de 664 mujeres desde el Buen Pastor en Asunción al nuevo Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada, descrito como un «complejo moderno, seguro y digno».
El MNP manifestó su interés por esta reubicación masiva y afirmó que están «vigilando constantemente la situación» de las afectadas. Exigen a las autoridades que todo el proceso garantice «plenamente el respeto a los derechos humanos» y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Destacan que la reubicación debe seguir los principios de humanidad y no discriminación, proporcionando condiciones adecuadas de alojamiento, atención médica, y acceso continuo a derechos básicos como salud, educación, trabajo y comunicación. También enfatizan el apoyo a mujeres con hijos, mayores, embarazadas, indígenas o con discapacidades para evitar la vulnerabilidad.
Entre otros puntos, el MNP insta a asegurar la devolución de las pertenencias de las reclusas y priorizar el restablecimiento rápido de canales de comunicación y visitas con familiares, amigos y abogados.
Se espera una «información clara y pública» sobre el proceso de reubicación, buscando que el cambio represente un «avance real» hacia una política penitenciaria integral, que promueva dignidad, igualdad y derechos humanos. El MNP continuará monitorizando el cumplimiento de estas garantías y apoyando a las mujeres afectadas.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) inició hoy un operativo especial para disminuir pérdidas eléctricas y atrasos en pagos a través de intervenciones técnicas y comerciales en San Bernardino y Altos, en el departamento de Cordillera.
En este operativo participan 40 empleados distribuidos en 12 equipos, incluyendo personal de la ANDE y empresas contratadas. Realizarán verificaciones de suministros irregulares tanto en Media como en Baja Tensión, además de cortar el servicio por facturas impagas y controlar las cargas instaladas, según informó la empresa estatal.
Las actividades continuarán hasta el viernes 10 de octubre, con la ejecución de aproximadamente 1.500 órdenes de trabajo en diferentes áreas de ambas ciudades.
También se realizarán jornadas de atención al cliente, enfocadas en regularizar los suministros, fraccionar deudas y verificar lecturas. El objetivo es mejorar la calidad del servicio eléctrico, aseguran.
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