La eliminación de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el ex presidente de Paraguay suscitó rápidas reacciones en el Senado. Varios legisladores opositores criticaron la acción, advirtiendo sobre sus posibles impactos políticos y sociales en el país.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, describió la decisión como anticipada y afirmó que no altera las acusaciones fundamentales. Expresó que el comportamiento servil hacia EE.UU. era evidente y cuestionó las repercusiones para Paraguay. Además, mencionó su preocupación por el nexo entre el crimen organizado y la política, señalando que esto es un problema interno que deben enfrentar limpiando la política a través de las elecciones.
La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, opinó que el cese de las sanciones refleja una política exterior subordinada del gobierno actual a intereses externos, y sostuvo que la justicia paraguaya permanece inoperante ante los intereses foráneos. Subrayó la necesidad de un proyecto político verdaderamente soberano que termine con la impunidad y fortalezca las instituciones.
Las sanciones previamente impuestas por el Tesoro de EE.UU. estaban relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Con esta nueva decisión, el ex presidente puede recuperar acceso a operaciones financieras internacionales, aunque los opositores insisten en que el desafío real es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay.
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