Nacionales
PGN 2026: MDP propone incrementar bonificaciones para abogados defensores
El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) presentó a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso una propuesta para modificar el presupuesto 2026, con el fin de cubrir servicios y equiparar los beneficios de los defensores públicos a los de los fiscales.
El defensor general, Javier Dejesús Esquivel, presentó este lunes ante la comisión el proyecto de presupuesto para 2026. En un video, se destacó que el MDP es fundamental para el Estado de Derecho, asegurando el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.
La institución informó que cuenta con 1.700 funcionarios, 540 contratados y 377 defensores públicos, organizados por área judicial. En el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Poder Ejecutivo, al MDP se le asignó un total de G. 294.333 millones (unos US$ 37,3 millones al tipo de cambio del presupuesto).
Este monto representa un aumento del 1,5% respecto al presupuesto aprobado para 2025, que equivale a G. 4.443 millones adicionales.
Esquivel propuso una adenda al proyecto por más de G. 31.000 millones para servicios como imprenta, internet, seguro médico, programas (antivirus), y cobertura para ujier y defensores. También pidió incluir un artículo de la ley actual que asigna el 0,1% de contrataciones públicas a la Defensa Pública, no contemplado en el proyecto 2026, y equiparar las bonificaciones con los fiscales.
Explicaron que la diferencia en bonificaciones mensuales entre un agente fiscal y un defensor es de G. 3.710.400. Algunos parlamentarios manifestaron apoyo a la propuesta y buscarán incluirlo en el proyecto de presupuesto.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) inició hoy un operativo especial para disminuir pérdidas eléctricas y atrasos en pagos a través de intervenciones técnicas y comerciales en San Bernardino y Altos, en el departamento de Cordillera.
En este operativo participan 40 empleados distribuidos en 12 equipos, incluyendo personal de la ANDE y empresas contratadas. Realizarán verificaciones de suministros irregulares tanto en Media como en Baja Tensión, además de cortar el servicio por facturas impagas y controlar las cargas instaladas, según informó la empresa estatal.
Las actividades continuarán hasta el viernes 10 de octubre, con la ejecución de aproximadamente 1.500 órdenes de trabajo en diferentes áreas de ambas ciudades.
También se realizarán jornadas de atención al cliente, enfocadas en regularizar los suministros, fraccionar deudas y verificar lecturas. El objetivo es mejorar la calidad del servicio eléctrico, aseguran.
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comparecieron hoy ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para discutir el presupuesto del próximo año. Se abordaron temas como las máquinas de votación para las elecciones municipales y el financiamiento a los partidos políticos.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 destina G. 894.550 millones a la Justicia Electoral, lo que representa un aumento del 20,6% respecto al año anterior. Jaime Bestard, presidente del TSJE, presentó los programas planificados para 2026 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.
Bestard indicó que el 99,9% del presupuesto proviene del Tesoro Nacional, y el resto de multas por no votar, aunque aún falta definir cómo se aplicarán estas multas. También se anunció una licitación para alquilar las máquinas de votación, luego de que la compra programada fuese cancelada.
En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el proyecto asigna G. 65.000 millones, una reducción de G. 10.991 millones en comparación con el actual presupuesto. Sin embargo, debido a la falta de un plan de caja del Ministerio de Economía, solo se han podido transferir 30.000 millones de los presupuestados G. 76.000 millones.
Senadores de oposición, como Líder Amarilla y Esperanza Martínez, criticaron el recorte en el financiamiento a los partidos, advirtiendo que esto podría llevar a que las campañas sean financiadas por fuentes ilícitas. El presidente del TSJE y el ministro César Rossel coincidieron en que el aumento debería ser decidido por la comisión bicameral.
Nacionales
Opositores afirman que durante estos meses «algunos actuaron como servidores» respecto al levantamiento de sanciones a Cartes.
La eliminación de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el ex presidente de Paraguay suscitó rápidas reacciones en el Senado. Varios legisladores opositores criticaron la acción, advirtiendo sobre sus posibles impactos políticos y sociales en el país.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, describió la decisión como anticipada y afirmó que no altera las acusaciones fundamentales. Expresó que el comportamiento servil hacia EE.UU. era evidente y cuestionó las repercusiones para Paraguay. Además, mencionó su preocupación por el nexo entre el crimen organizado y la política, señalando que esto es un problema interno que deben enfrentar limpiando la política a través de las elecciones.
La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana, opinó que el cese de las sanciones refleja una política exterior subordinada del gobierno actual a intereses externos, y sostuvo que la justicia paraguaya permanece inoperante ante los intereses foráneos. Subrayó la necesidad de un proyecto político verdaderamente soberano que termine con la impunidad y fortalezca las instituciones.
Las sanciones previamente impuestas por el Tesoro de EE.UU. estaban relacionadas con acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Con esta nueva decisión, el ex presidente puede recuperar acceso a operaciones financieras internacionales, aunque los opositores insisten en que el desafío real es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay.
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