El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha ordenado iniciar nuevas acciones penales contra tres jueces de paz relacionados con el caso «mafia de los pagarés». Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, coordinados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, están a cargo de estas investigaciones.
Los jueces involucrados son Carmen Analía Cibils Miñarro de La Encarnación, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino de La Catedral 2° Turno (ambas actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia), y el exjuez Víctor Nilo Rodríguez Acosta de La Recoleta.
Rolón tomó estas medidas debido a nuevas pruebas, como denuncias recientes de víctimas, que no pueden añadirse a los casos actuales por estar ya avanzados. Según la Fiscalía, los jueces habrían emitido resoluciones favoreciendo a demandantes a pesar de saber que la información era falsa.
Se destacan dos casos separados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada de prevaricato y uso de documentos falsos. En uno de ellos, la ujier Audrey Galeano informó incorrectamente sobre una notificación en Argentina realizada fuera de los procedimientos legales adecuados.
En cuanto a la jueza Garcete, se menciona su participación junto a abogados de la firma CARSA en juicios ejecutivos basados en notificaciones falsas. Asimismo, se investiga la posible manipulación en el sistema judicial para adjudicar casos al Juzgado de Paz de La Recoleta, supervisado anteriormente por Rodríguez Acosta.
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